
La Paz, 21 Sep. (ANF).- La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, luego de la adjudicación del inmueble para la Aduana regional de Oruro, el 2 de diciembre de 2010, firmó un acta de concertación de mejores condiciones técnicas para el mismo.
Ardaya, en una entrevista con ANF, señaló que el Decreto Supremo 181, sobre las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la obligó a firmar esta acta el pasado 8 de diciembre, la misma tenía el objetivo de mejorar ciertos aspectos del inmueble a favor de la ANB.
“Es el único (documento que he firmado), el único, pero en forma posterior” a la adjudicación del inmueble, sostuvo Ardaya, quien precisó que a la hora de firmar esta acta desconocía del precio del inmueble, según ella, porque no correspondía debido a que el inmueble ya fue adjudicado para ese entonces.
Esta acta fue firmada en Oruro, donde la presidenta tuvo oportunidad de conocer el inmueble, que el directorio de la ANB y la diputada María Chuca (MAS) cuestionaron por no valer, a simple vista, el precio que se pagó por él.
“No se me avisa del precio, yo no puedo calcular (el valor del inmueble), no soy arquitecto”, mencionó Ardaya, quien dijo que todo el proceso de contratación lo llevó adelante la Comisión de Calificación de la ANB que se designó de acuerdo a una resolución administrativa dispuesta por el anterior presidente de la ANB, general Wilfredo Vargas.
En ese sentido, Ardaya mencionó que los principales responsables del sobreprecio de 74.144,68 es esta Comisión de Calificación, que está encabezada por la ex gerente general de la ANB y actual asesora de Ardaya, Eva Quino, y los funcionarios Hilda Ventura, Amílcar Pérez, Ramiro Chávez y Paola Salas.
“Si yo me hubiera metido hacer un avalúo durante el proceso habría habido injerencia de la presidenta, yo no podía hacer eso, porque se suponía que la gente (la Comisión de Calificación) asumía su responsabilidad”, alegó la autoridad, a tiempo de señalar que tampoco pudo deshacer o suspender las acciones de esta Comisión, toda vez que ello dependía en el caso de si Quino hubiese encontrado irregularidades en el precio, los ambientes u otros aspectos del inmueble.
Acotó que hubiera cometido el delito de tráfico de influencias si se entrometía en el proceso de adjudicación del inmueble, ya que el Decreto Supremo 181 delega toda esa función al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), que es Quino.
Además, Ardaya mencionó que estos funcionarios ya fueron denunciados penalmente con el fin de que asuman su responsabilidad ante los estrados judiciales. “Yo no pudo responder por ellos”, aseveró la presidenta de la ANB.
Dijo además que estos funcionarios no serán destituidos de su cargo toda vez que eso lo definirá la justicia determinando si cometieron o no algún delito en el proceso de compra de este inmueble en Oruro. De momento se los acusa por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Asociación Delictuosa.
Sobre el informe de la Cámara Departamental de Construcción (Cadeco) de La Paz, que señaló que el precio del inmueble es de 382.146,10 dólares, 74.144,68 dólares menos de lo que costó el inmueble: 456.290,78 dólares, Ardaya dijo que ello se hizo luego de la adjudicación y por orden suya.
Ante la pregunta del por qué no se realizó un peritaje externo como el de la Cadeco para el avalúo del inmueble por parte de la Comisión de Calificación, antes de la adjudicación del inmueble, la presidenta aclaró que son estos funcionarios los que “tienen que defender (ello) en su defensa técnica” dentro de los estrados judiciales.
En días pasados, ANF dio a conocer el informe de Auditoría Especial que realizó el auditor Interno General de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Rolando Berdeja, que confirmó que el inmueble, de 950 metros cuadrados, fue comprado a 456.290,78 dólares, con un sobreprecio de 74.144,68 dólares, ya que de acuerdo al avalúo de la Cadeco de La Paz, el precio era de 382.146,10 dólares.
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