
La Paz, 20 de enero de 2025 (ANF).- La Coalición Ciudadana Contra la Tortura (CCCT) presentó un informe alternativo en relación con el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia para ser presentado en el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) que estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de sus acciones en materia de derechos humanos.
El documento expone serias preocupaciones sobre la persistencia de la tortura, el abuso de la prisión preventiva y otras violaciones a los derechos humanos en Bolivia.
Uno de los puntos más urgentes, señala, es la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley N° 080, que busca tipificar adecuadamente el delito de tortura y establecer mecanismos efectivos para su prevención, sanción e investigación.
El informe denuncia la falta de investigaciones imparciales y efectivas sobre actos de tortura. La impunidad sigue siendo un problema estructural y muchas víctimas carecen de mecanismos seguros para denunciar abusos, especialmente en los centros de privación de libertad.
Además, se advierte sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en Bolivia. Según el documento, miles de personas privadas de libertad no han recibido una sentencia y conviven con condenados en condiciones de hacinamiento extremo. Se recomienda que esta medida se aplique solo en casos excepcionales y que se implementen alternativas para deshacinar las cárceles.
El informe también alerta sobre las muertes bajo custodia en centros penitenciarios y militares. Se exige que estas sean investigadas con independencia, conforme al Protocolo de Minnesota, un estándar internacional que garantiza la transparencia en la investigación de fallecimientos bajo. Custodia.
En relación con los derechos de las mujeres y niñas, el documento enfatiza la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley y de tipificar el embarazo forzado como un delito de tortura. Asimismo, derogar la excepción del Código de Familias y Procedimiento Familiar que permite contraer matrimonio a menores de 18 años.
Otro tema de preocupación es la situación de la población LGBTIQ+, que sigue siendo víctima de violencia y discriminación. Se solicita que las autoridades implementen capacitaciones con enfoque de género para los operadores de justicia y que se sancionen los delitos motivados por orientación sexual o identificada.
El informe también destaca la importancia de fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, asegurando su independencia funcional de la Defensoría del Pueblo y dotándolo de los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para cumplir.
En materia de atención a víctimas, el CCCT recomienda desarrollar políticas públicas que garanticen la reparación integral para quienes han sufrido tortura o malos tratos. También se sugiere especializarse a los profesionales de la salud en la atención a estas víctimas.
A pocas horas de la revisión de Bolivia en el EPU, organizaciones de derechos humanos instan al gobierno a tomar medidas concretas. La aprobación de la Ley Integral contra la Tortura y la reforma del sistema penitenciario será una acción clave para demostrar el compromiso del Gobierno.
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