La Paz, 14 de febrero de 2024 (ANF). - La crisis social del 12 y 13 de febrero de 2003 que se produjo a causa del “impuestazo” que quiso imponer Gonzalo Sánchez de Lozada, cambió la vida para las familias de 31 fallecidos y 248 heridos. Pasaron 21 largos años, hasta el momento los familiares y las víctimas buscan justicia y cuestionan la falta de apoyo del Gobierno para extraditar y procesar al exmandatario.
La exdiputada de Unidad Nacional y madre de uno de los adolescentes fallecidos, María Calcina, dijo a la ANF que el expresidente Evo Morales, cuando era diputado, presentó un recurso en la Asamblea Legislativa, pero cuando asumió la presidencia no impulsó ninguna acción.
“El entonces diputado Evo Morales, que también fue presidente, no ha promovido absolutamente nada, lo único que ha hecho es presentar un memorial solicitando el juicio de responsabilidades, de ahí hasta ahora no han hecho nada, no hemos recibido apoyo del Gobierno. Lo que pedimos es que se haga justicia en el proceso penal y avance el juicio de responsabilidades, son 21 años que estamos clamando por justicia”, afirmó.
El 11 de febrero de 2003 el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decretó la aplicación de impuestos al salario, lo que ocasionó un motín policial y un enfrentamiento con los militares. La movilización dejó un saldo de 31 fallecidos, entre policías, militares, vecinos y estudiantes, además de 248 heridos.
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