También se pide que se abrogue el paquete de normas incendiarias, se adopten medidas efectivas para la prevención, protección y preservación del derecho a un medio ambiente.
La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Wilma Mendoza, dijo que muchas de las familias afectadas perdieron sus viviendas, plantaciones que son su fuente de ingresos económicos.
Terrazas dijo que el Gobierno pretende lavarse las manos con estas aprehensiones y justificar su tardía reacción. Cuestionó que no se actúe de la misma forma contra los propietarios de cooperativas mineras que ingresan al Madidi de forma ilegal.
Divivay espera que el Gobierno pueda apoyar a las comunidades que han sido afectadas por los incendios, dijo que solicitarán que se activen proyectos para la dotación de viviendas.
En septiembre pasado, siete organizaciones de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía solicitaron a la AJAM información acerca de las operaciones mineras en territorios indígenas.
Los medios locales difundieron imágenes donde se observa que los pobladores, desprovistos de protección, ingresan al bosque a apagar el fuego que está a 300 metros de las casas.
Los estudios se hicieron en el exterior porque Bolivia no cuenta con una norma que establezca los valores de referencia para la concentración de metales pesados en el cuerpo
El jueves se registró un incendio en ese sector que estaba siendo controlado por los pobladores, pero se presentó un fuerte viento que ocasionó su reactivación y que avance con rapidez hacia la comunidad.
Los afectados, sin embargo, quieren saber cuáles son las multas que la institución impuso a los ganaderos que operan en aquella zona porque creen que a ellos no se les aplicó ningún castigo por las quemas que realizan.
“Fuimos hasta allá 18 personas para trabajar sin descanso, no tuvimos ayuda de ninguna institución”, dijo Peña. El dirigente cree que el fuego nació en un descuido de los propietarios de hornos para fabricar carbón.
Encinas dijo que en la audiencia la Fiscalía no pudo establecer a quién pertenecen los explosivos exhibidos como prueba porque no estaban en posesión de los comunarios, la dinamita se encontraba en una caja sellada.
