Antes de responder, primero debemos entender cómo funciona la Subasta Electrónica y los fines que persigue.
La Subasta Electrónica es un mecanismo que se emplea en las licitaciones públicas, donde las empresas y personas naturales compiten en tiempo real y en línea, con la presentación de sus propuestas electrónicas y ofertas económicas cada vez más bajas durante un tiempo determinado. Es una subasta a ciegas, es decir, ningún proponente conoce la oferta que ha realizado otro proponente en la etapa de la puja, solo conoce si está ganando o no a través de semáforos, al finalizar esta etapa se publica, en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), los proponentes que participaron y las propuestas económicas presentadas como mecanismo de transparencia.
Tiene como principales objetivos: incrementar la transparencia en las compras públicas, lograr mayor participación de los proponentes, obtener ahorros tanto para el Estado como para los proveedores y fomentar la sostenibilidad ambiental en las compras públicas.
Ahora, considerando que las contrataciones públicas, tienen una relevancia político social, ya que por medio de éstas se instituyen las políticas públicas sociales, medioambientales y económicas, se convierten en un punto muy sensible y un imán para la corrupción, las razones para esto incluyen tanto el «volumen de las transacciones y los intereses financieros en juego» como la «complejidad del proceso, la cercana interacción entre los funcionarios públicos y las empresas y la multitud de partes interesadas» (OECD, 2016).
Sin embargo, la pregunta probablemente será ¿si realmente la Subasta Electrónica evita la corrupción?, y ciertamente, el objetivo principal de la Subasta Electrónica es minimizar los riesgos de corrupción, a través de la integridad pública y la transparencia gubernamental, por medio de:
· La publicación de la información de las contrataciones que realizan todas las entidades públicas a través del SICOES, que permite conocer a cualquier ciudadano de a pie ¿qué?, ¿cómo? y ¿a quiénes? contrata el Estado y poder realizar el control social.
· La presentación de propuestas electrónicas y las ofertas económicas en línea, evita el manipuleo de propuestas y favorecer a unos cuantos o a “amigos”, con lo que se da mayor seguridad y confianza a los potenciales proponentes para participar en las convocatorias del Estado.
· El uso de medios electrónicos facilita el acceso a la información y a la participación de los proveedores en las compras públicas, con lo que se incentiva a una amplia y sana competencia.
· Disminuye el contacto directo con el personal de la entidad y los proveedores que se tienta a corromper a los “servidores públicos” que se quieren favorecer del Estado, y los pongo entre comillas porque éstos no merecen llamarse servidores públicos, que es otro tema por tratar.
· No permite las colusiones entre proponentes al contar con una subasta a ciegas, que de acuerdo a estudios de la OCDE se ha demostrado que cuando las empresas se coluden, el costo de los bienes y servicios puede aumentar en por lo menos un 20%.
A un año de la aplicación de la Subasta Electrónica se ha logrado importantes resultados en la transparencia de las compras públicas, considerando que el 76% de las propuestas de bienes han sido electrónicas, se ha logrado duplicar la participación de los proponentes en los procesos de contratación y debido a la mayor competencia entre empresas se ha lograda un ahorro de Bs295 millones en las adjudicaciones de bienes.
Considerando los resultados obtenidos y que es un mecanismo efectivo para lucha contra la corrupción, el Gobierno ha ampliado la aplicación de la Subasta Electrónica en la contratación de bienes y servicios generales, proyectando alcanzar el 99% de los bienes y el 97% de los servicios que contratan las entidades públicas.
Camelia Delboy Cuevas es administradora de empresas
