La Paz, 17 de marzo de 2023 (ANF).- La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Marina Vargas, y Samuel Flores, experto en justicia indígena, calificaron a la Fiscalía y a la justicia boliviana de instrumentalizada e ineficiente por la cifra de detenidos preventivos que se disparó en la gestión pasada.
La ANF realizó un reportaje con el título “Detención preventiva un sistema de abuso que quita la libertad a los más pobres” que refleja el crecimiento promedio de 1.000 nuevos detenidos preventivos anualmente a 7.000 en el último año. Para la vicepresidenta de la APDHB esta cifra es “alarmante” y refleja la ineficacia del sistema judicial del país.
“Lamentablemente el sistema de justicia es tan cojo que ni siquiera hay presunción de inocencia del debido proceso. Cuando haya una denuncia (se pide que) se haga la investigación precisa y finalmente la autoridad correspondiente va dictar una sentencia cuando seguramente tendrá que ir a la cárcel o (ser) sobreseído; sin embargo, eso no existe en el país. Ese alto índice de nuevos detenidos preventivos de 1.000 a 7.000 es realmente ‘alarmante’, eso está denunciado la ineficacia el sistema de justicia en Bolivia”, indicó Vargas a la ANF.
La activista argumentó que los operadores de justicia no investigan los hechos y puso como ejemplo lo ocurrido con el profesional médico Jhery Fernández, que fue sentenciado siendo inocente, o el caso del exdirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) César Apaza al que se le vulneraron sus derechos durante su detención.
“Hasta ahora no se puede establecer su culpabilidad (de Apaza), hay tantos casos. No deberían directamente (establecer) a la detención, (pero) es la muestra evidente de la ineficacia absoluta de la justicia en Bolivia", resaltó Vargas.
Para Samuel Flores, también secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina, las cifras son “preocupantes y aberrantes” y recordó a los administradores de justicia que la Constitución Política del Estado y el Código Procedimiento Penal señalan que las detenciones preventivas deben ser “temporales” y no que estén años encarcelados.
“Hay muchos ciudadanos como hombres y mujeres que están detenidos y no es sólo como dice la Constitución y el Código Penal, las detenciones deben ser temporales y no así que estén años sin ejercer el derecho a la libertad. En este caso vemos que el Ministerio Público es el que instrumentaliza estas detenciones arbitrarias. Cualquier ciudadano que tenga antecedentes menores no tendría que estar detenidos, sino defenderse en libertad, pero lamentablemente la justicia está de cabeza”, aseguró Flores.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Tupa Zelaya, miembro de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal, justificó las detenciones preventivas porque, según ella, la autoridad judicial no puede arriesgar a la población de los acusados por diferentes delitos, además que deben velar por la seguridad ciudadana.
“Si las personas no acreditan domicilio, familia y no prueban que ellos son inocentes en determinadas denuncias, creo que estarían actuando mal los jueces; sin embargo, preferimos velar la seguridad de la población de la ciudadanía y esperemos que los jueces estén actuando en eses marco, siempre precautelando la seguridad de la sociedad”, argumentó.
Este medio intentó comunicarse con la exministra de Justicia y actual senadora del MAS Virginia Velasco, pero dijo que no podía atender la llamada porque se encontraba ingresando a un acto.
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