Lucha contra la corrupción, más allá de lo que se declara

La Paz, 6 de agosto (ANF).- La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad boliviana desde la época republicana hasta el actual Estado Plurinacional, pese a que el presidente Evo Morales, en lo que va de sus 11 años de gestión, instruyó en reiteradas oportunidades aplicar una política de “cero tolerancia” contra este tipo de prácticas. 

La organización no gubernamental, Transparencia Internacional, ubicó a Bolivia en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2016 en el puesto 113 de 176 países.

Respecto al año anterior, Bolivia cayó 14 puestos con una puntuación de 33 sobre 100; lo que significa que el 2015 se ubicó en la posición 99 con 34 puntos. En Sudamérica, el país se encuentra sólo por encima de Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

Esta percepción fue descalificada por el Gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró en su momento que el informe es sesgado y políticamente orientado porque “nosotros tenemos una estructura sólida de lucha contra la corrupción para no encubrir a nadie”.

Entre tanto, los escándalos de corrupción –como el caso Fondo Indígena, YPFB, Bolivia TV o consorcios de jueces, fiscales, policías y abogados – continúan saliendo a la luz pública año que pasa. 

El diputado oficialista, Víctor Borda, reconoció que el “mayor desacierto” en la lucha contra la corrupción fue la falta de mecanismos de control efectivo del manejo de recursos del Fondo Indígena.

“No hubo una norma específica para regular la administración de esos recursos, pero también se registraron grandes aciertos en este Gobierno, como el haber constitucionalizado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, eso significa que en cualquier espacio igual pueden ser perseguidos los corruptos, no como en (otras gestiones) que existía impunidad porque sólo esperaban 10 años para que se extinga el proceso”, remarcó. 

Asimismo destacó la incorporación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz –que establece penas agravadas para los delitos de corrupción sin perdón judicial– como un segundo instrumento jurídico importante en la lucha contra este mal. Con estos instrumentos “los funcionarios que han desviado sus principios ahora están en la cárcel, hay ministros y exgerentes de YPFB en la cárcel”, indicó.

Andrés Zúñiga, abogado penalista, agregó que la voluntad política ayudó a generar ideas rumbo a un nuevo marco normativo, pero aún se dejan esperar los resultados. Sin embargo para el diputado opositor, Wilson Santamaría, las normas no son suficientes y tampoco cree que sea efectivo el proyecto Ley de Unidades de Transparencia.

“Creo que una ley no acabará con la corrupción porque es un problema de la falta de la institucionalización en el Estado. Además yo identifico como parte del problema las disposiciones que se inventaron para hacer contrataciones directas, pues eso genera una mayor tentación en el funcionario público, que ya no necesita hacer competencia de empresas, sino sólo escoge aquella que garantizará su comisión”, lamentó.

Entonces –según Santamaría– no hay cómo encontrar un acierto real en la política de lucha contra la corrupción. “Lamento decir que no veo ningún cambio (…) porque los datos de corrupción siguen creciendo”, manifestó.

Eduardo León, que estuvo preso y fue abogado de varios procesos, fue más drástico en su percepción. “Desde dentro de los tribunales, como abogado y también como víctima de la justicia, observé lo que sucede en la práctica y puedo resumir que en estos 11 años la lucha anticorrupción ha sido un absoluto fracaso”, sentenció.

Borda acusó a los operadores de la justicia de no aplicar con rigurosidad las leyes. “Frente a esa situación ahora se necesitan jueces y fiscales más probos, pero también creo que es necesario algunos mecanismos preventivos, como un seguimiento permanente a la declaración jurada de los bienes de los funcionarios y ser más estrictos en el manejo económico de la administración pública”, apuntó.