La Paz, 3 de julio de 2022 (ANF). - El ministro de
Justicia, Iván Lima, observó que la Contraloría General del Estado no haya continuado
con la investigación del desfalco millonario al Fondo Indígena, a siete años desde que se develó el hecho; no obstante, abrió la posibilidad de aplicar la "justicia restaurativa" a este caso.
"El Contralor del Estado ha iniciado con este caso, ha terminado su mandato ayer y no encontró una solución. Probablemente la postura que estamos asumiendo como Gobierno es de darle al Fondo Indígena el carácter de caso emblemático para que la justicia restaurativa sea la solución", dijo el ministro Lima en contacto con Erbol.
En febrero de 2015, la Contraloría, presidida por Gabriel Herbas, presentó un informe en el que estableció que 153 proyectos no fueron concluidos pese a que recibieron financiamiento para su ejecución. Además, identificó un daño económico al Estado por $ 182,7 millones, de los cuáles solo se logró recuperar 1,4 millones. En ese hecho se vieron envueltos los principales dirigentes de las organizaciones sociales afines a Evo Morales.
A la vez, la autoridad admitió que no fue correcto que el anterior titular de la Contraloría cierre el caso y no se hayan identificado a los responsables del desvío de los recursos económicos. En ese contexto, lamentó que después de siete no se haya emitido una sentencia.
"En otros tiempos de la vida del país cerrar la carpeta del Fondo Indígena habría sido darle al país una solución que seguramente habría sido aplaudida, pero esto no es correcto y lo que señala nuestra Constitución es que cuando hay un delito debe haber una sentencia", señaló la autoridad.
Tras la presentación del informe por parte de Herbas, el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo fue detenido y enviado a la cárcel de San Pedro donde permaneció recluido por siete años hasta que falleció, víctima de tortutas, retardación de justicia, entre otras irregularidades.
El 2 de julio de 2016, Herbas comunicó que el caso Fondo Indígena estaba "concluido" y que en el proceso de investigación no se encontró ninguna irregularidad cometida por la exministra Nemesia Achacollo, pese a que esta autoridad ocupó durante muchos años la presidencia del directorio de esa institución.
Del total de los investigados, Aramayo y Elvira Parra se llevaron la peor parte, esta última continúa recluida en un centro penitenciario de La Paz. Mientras que el resto de los procesados recobraron su libertad, incluso Daniel Zapata continua prófugo.
Aramayo denunció antes de morir que en su contra existían más de dos centenas de procesos, que era humana, técnica y económicamente imposible asumir defensa; en contra de Parra serían más de 150 procesos, igual que Aramayo debe responder por ellos en diferentes departamentos.
Ni la Contraloría General ni la Fiscalía encontraron responsabilidades en otros miembros del Directorio del Fondo Indígena, ni en quienes tomaron la decisión de que los desembolsos de recursos públicos se realizaran a las cuentas personales de los dirigentes. Contra Achacollo la fiscalía abrió un proceso y ella asume su defensa en libertad.
Justicia restaurativa
Por otra parte, Lima adelantó que el presidente Luis Arce promulgará la ley 179/2021 que aplicará la justicia restaurativa en el país, norma que servirá para solucionar procesos como el caso Fondo Indígena y que sean resueltos dentro el debido proceso.
“El presidente Arce promulgará una ley que nos permitirá solucionar temas como el que se nos plantea en este momento. ¿Qué le está diciendo el presidente Luis Arce al país? que la justicia restaurativa es un principio de la Constitución que estamos acogiendo para la solución concreta como temas de Elvira Parra”, precisó.
Parra está recluida desde el 2015, al igual que Aramayo, enfrenta 190 procesos penales que la llevan por varios departamentos a responder por proyectos inclusos a consecuencia del presunto desvío de fondos, supuestamente, a cargo de dirigentes sindicales afines al partido de gobierno.
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