La Paz, 24 de mayo de 2023 (ANF).- La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia presentó este miércoles una propuesta ciudadana de Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para los máximos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para garantizar un proceso objetivo e independiente.
La OCD advierte que no se avizora la posibilidad de que la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional lleve adelante un proceso de preselección de candidatos a magistrados judiciales objetivo e independiente, para contar con candidatos a jueces probos e idóneos, la organización inicia un trabajo de vigilancia e interpelación a las decisiones de los Órganos del Estado involucrados en el proceso de preselección y elección.
En este contexto, “la Alianza OCD presenta una propuesta ciudadana del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, basada en el segundo Reglamento Aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante R.A.L.P. N° 007/2022-2023 y ajustada sobre la base de principios de transparencia, idoneidad, inclusión e independencia, considerando además aquellas recomendaciones emitidas por diferentes organizaciones e instituciones nacionales e internacionales luego de los procesos de preselección de 2011 y 2017”, informó la alianza.
Observó que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y en detalle el Proyecto de Ley N°363/2022-2023 “Transitoria para garantizar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Ambiental y Consejo de la Magistratura” en el que reduce los plazos para la preselección de candidatos y la organización del proceso electoral.
Decisión que ignora las recomendaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales para elevar la calidad del proceso. El Informe de la Misión de la Organización de Estados Americanos en 2011 fue “Ampliar el período de tiempo para la convocatoria, revisión de requisitos, evaluación de credenciales y entrevistas a los postulantes a los altos cargos del órgano judicial a fin de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga el tiempo suficiente para que dichos procesos se lleven a cabo con mayor detalle y profundidad, evitando que el cumplimiento de los plazos sea más importante que una evaluación exhaustiva de los expedientes de los y las postulantes”.
En criterio de la OCD, los principios de idoneidad, transparencia, inclusión e independencia quedaron sin consideración en las dos versiones de los reglamentos emitidos por la Comisión Mixta de la ALP en marzo y abril de este año.
“Al no garantizar la elección de jueces independientes, libres de influencias, conflictos de interés o presiones políticas; al no permitir que la participación ciudadana a través de comisiones técnicas tenga efecto vinculatorio; al permitir la re postulación de actuales autoridades judiciales; al no exigir la no militancia partidaria; al discriminar la participación de candidatos de naciones indígena originarios campesinas; o al no considerar dimensiones como la de gestión de gobierno, disciplina de los jueces o su relación con otros poderes políticos en la elaboración de preguntas para la evaluación escrita, más allá de conocimiento teórico de las normas”, sostiene.
Por lo tanto y ante la posibilidad de que se actúe nuevamente bajo un reglamento que no cumpla con las mínimas exigencias que permita contar con candidatos con idoneidad, experiencia, trayectoria y méritos, pone en conocimiento de todas las instancias vinculadas a este proceso y a la ciudadanía “una propuesta ciudadana de reglamento que incorpora -en 20 artículos gran parte de las recomendaciones de expertos y de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que sea considerada en la elaboración de este instrumento tan importante que guiará el proceso de preselección de candidatos a los máximos cargos judiciales y constitucional.
Consideramos que es una responsabilidad de la ciudadanía, de acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado, participar de forma activa en procesos que deben ser democráticos porque definirán el futuro de la justicia en nuestro país, señala.
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