La Paz, 28 de julio de 2022 (ANF).- El grupo de juristas independientes dio inicio formalmente a la Iniciativa Ciudadana presentando ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado para la transformación de la Justicia. Asimismo, presentaron las cuatro preguntas que serían incorporadas en el referéndum.
Un conjunto de personas llegó con los documentos y el memorial de presentación de la iniciativa ciudadana en el que ponen a conocimiento del TSE los alcances del proyecto que elaboraron para que se constituya en una iniciativa ciudadana.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera manifestó que de esta manera “Vamos a dar inicio formalmente a la iniciativa ciudadana para transformar la justicia mediante una reforma constitucional parcial”, dijo al llegar al TSE en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz.
Precisó que los juristas independientes con la oficialización de la propuesta, esperan que prosiga el procedimiento hasta dar vía libre a la realización del “referéndum constitucional aprobatorio en el que se consulte al pueblo su voluntad para reformar la justicia”.
Rivera acotó que la idea de reformar la justicia a través de una reforma parcial de la carta magna nació a raíz de la “crisis y pérdida de credibilidad” que se ha generado en la administración de Justicia.
Asimismo, en la exposición de motivos detallan que en Bolivia “no existe una correcta y verdadera administración de justicia”, porque no es un servicio de calidad y la mayoría de la ciudadanía no tiene acceso a ella.
Además, que el sistema carece de autoridades y funcionarios idóneos; sus miembros demuestran frecuentemente ausencia de ética, capacitación y experiencia; al tiempo de mostrarse subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que imposibilita imparcialidad y probidad en sus actos.
“La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, indica el informe.
La abogada Audalia Zurita explicó que el TSE tiene la facultad para verificar el cumplimiento de requisitos y no se incurra en las prohibiciones para llevar adelante un referéndum.
Posteriormente, el TSE remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional las preguntas para compatibilizar que éstas no sean inconstitucionales. La entidad electoral entregará los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de firmas que estén de acuerdo con un referéndum.
El grupo de juristas ha incorporado en su propuesta cuatro preguntas para la reforma parcial de la Constitución:
1. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, para tener jueces y magistrados independientes, donde los postulantes sean seleccionados en base a méritos por una Comisión Nacional de Postulaciones que elaborará ternas para que por 2/3 de votos designe la Asamblea Legislativa y esa designación sea aprobada o negada por voto popular mediante Referendo?
2. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado que cambien la administración de justicia dándole al Órgano Judicial un presupuesto mínimo del 3% anual del Presupuesto General del Estado, con un renovado Consejo de la Magistratura que administre eficientemente esos recursos junto a la carrera judicial?
3. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado que permita a los pueblos indígena originarios campesinos ejercer la Justicia Originaria con sus propias autoridades y normas, para resolver sus conflictos, eliminando el “deslinde jurisdiccional”, y donde el Tribunal Constitucional, con representación Indígena, resolverá todos los conflictos de competencias entre la jurisdicción Ordinaria y la Justicia Indígena?
4. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política que instituya la Justicia y los Jueces de Paz, en todos los barrios de las ciudades del país, para que resuelvan los conflictos jurídicos menores y restituyan la paz y la armonía social sin necesidad de juicios ni trámites”.
Los juristas sostienen que el primer cimiento está referido a lograr independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces supremos del país, cambiando su forma de selección y elección. Se plantea crear la Comisión Nacional de Postulaciones que sea la que convoque postulantes, califique méritos y conforme ternas cerradas que vayan a la Asamblea Legislativa para una designación por 2/3 de votos, pero sometida a Referendo popular aprobatorio.
El segundo cimiento, es el de lograr un presupuesto suficiente para garantizar y ampliar un servicio judicial digno, con más jueces y fiscales, mejor pagados y con infraestructura y medios de trabajo que lleguen a todo el territorio nacional. Se inscribe en la Constitución un 3% de presupuesto para la administración de justicia, cambiando al mismo tiempo la composición y designación del Consejo de la Magistratura para tener una eficiente administración de los recursos judiciales.
Y el tercer cimiento está referido a la revitalización de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia de paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversia sin necesidad de jueces, fiscales y abogados.
/NVG/
