Por: Freddy Poma Fernández
La Paz, 7 de diciembre de 2022 (ANF).- “No todos somos iguales ante la ley” ha resonado esta frase cada vez que la Policía ha ejecutado una orden de aprehensión por las movilizaciones sociales contrarias al Gobierno. Infiltrados en las protestas, funcionarios públicos en “grupos de choque” y detenciones masivas son los episodios que cercenan el derecho a la protesta y a la asociación.
A casi un mes de culminar el 2022, este año se registraron muchas protestas civiles que fueron contenidas por el Gobierno cuando éstas no les favorecían; pero al margen de usar la fuerza pública para contener las manifestaciones, se ejecuta una estrategia de persecución penal y criminalización lo que incide en el derecho a la gente a organizarse.
En una de las muchas marchas ciudadanas que exigía al Gobierno el respeto a las libertades y derechos constitucionales, Bruno Monasterios, Aaron Mendizábal, Luis Condori y Manuel Uría se acercaron a un grupo de jóvenes para sumarse a una protesta, pero ese episodio sería el inicio de una persecución a integrantes de las movilizaciones civiles.
Tras las limitaciones de la pandemia y el retorno a la normalidad se reactivaron las protestas, es así que se hizo visible la Resistencia Civil La Paz, una plataforma ciudadana de lucha por la democracia y reconocida por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. A este colectivo se volvieron a acercar las cuatro personas en inmediaciones de la Plaza Camacho, generaron amistad y confianza, es así que fueron acogidos en la plataforma, pero nadie sabía que eran militares camuflados de civiles con identidades falsas.
El 21 de julio, el Colegio Médico de Bolivia realizó una marcha en defensa de la libertad, justicia y democracia en la ciudad de La Paz, convocaron a sumarse a toda la ciudadanía, organizaciones y plataformas civiles. Ese día la movilización reunió al menos a 14 instituciones que se desplazó desde el hospital de Clínicas y pasó por el Servicio Departamental de Salud de La Paz, donde un “grupo de choque” afín al partido de Gobierno los interceptó y generó ataques contra los médicos.
La Resistencia Civil La Paz, que llevaba simbólicamente escudos artesanales, defendió a los marchistas ofreciendo protección de las piedras y los petardos que venían de afines al MAS donde también estaban algunos funcionarios públicos, como se supo después.
Luego de que la marcha evitó al grupo de choque, desmovilizándose, ocho jóvenes (siete varones y una mujer) fueron aprehendidos por efectivos de la policía vestidos de civil en inmediaciones de la Plaza Abaroa. Según la Policía, ellos eran miembros de la Resistencia Civil La Paz y llevaban tres escudos artesanales, petardos ya usados, una botella de vinagre para repeler el efecto de los gases lacrimógenos y algunas piedras que recogieron de sus atacantes.
De los siete varones, cuatro fueron inmediatamente liberados, además de la mujer. Los hombres beneficiados fueron Bruno Monasterios, que en realidad se llama Álvaro B. M., teniente de infantería; Aaron Mendizábal, cuyo nombre es Óscar M. S. C, teniente; Luis Condori es el sargento Luis A. L. C.; y la verdadera identidad de Manuel Uría es Hugo E. H., teniente de artillería.
Rodolfo R.O., Ricky F.R. y Mauricio B.H. son los otros tres que fueron enviados al penal de San Pedro con detención preventiva, pese a demostrar todas las garantías para evitar los riesgos procesales, como familia, domicilio y trabajo. En cambio, los militares salieron libres incluso ofreciendo identidades falsas, ahora no se los puede convocar a declarar ni mucho menos están siendo investigados.
Jóvenes detenidos por portar escudos artesanales en la marcha pacífica de médicos. Foto: Min. de Gobierno
“Lo que les ha pasado a Rodo,
Mauricio y Ricky es la criminalización de la protesta, pero, además, en el caso
específico de los muchachos, es la infiltración de personal de las Fuerzas
Armadas en los grupos de las organizaciones civiles, lo que es un atentado
grave contra la libertad de las personas y obviamente a la libertad de
asociación. Es decir, la presencia estatal a través de funcionarios estatales
es realmente riesgosa; lleva un mensaje detrás, que es: el enemigo es el
ciudadano boliviano. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando
de la posibilidad de creer, de manifestarnos, de poder, de las libertades,
puedes estar de acuerdo o no, pero tienes la libertad de manifestarte,
situación que en Bolivia hoy se está viendo cercenada”, denunció la abogada de
los acusados Carmen Arista.
De los detenidos, sólo dos de ellos pertenecena la Resistencia, el tercero se sumó ese día a las manifestaciones. La justicia los investiga por tenencia, porte y portación de explosivos, sin algún elemento que pueda justificar concretamente la acusación.
“Nunca se ha identificado tenencia de qué, porte o portación de qué. No se ha identificado armas, no se ha identificado explosivos, se ha encontrado tres escudos, petardos que habían sido detonados, vinagre y unas piedras con las que ellos mismos han sido agredidos. En ese sentido, portar piedras no te lo autoriza nadie ni es ilegal. Los petardos, todos los días tendríamos detenidos, todos los días en el estadio, en las fiestas patronales, en todos los lugares está permitido. El portar escudos, el caso más claro es cuando se vio en el cerco que ha llegado a la ciudad de Santa Cruz cargado de escudos. ¿Hay un procesado, hay un detenido?”, cuestionó la jurista.
Este medio intentó buscar la posición de los fiscales para entender por qué estos jóvenes continúan en prisión sin que se les haya demostrado nada en cuatro meses, pero no fue posible.
El 1 de noviembre, una marcha de afines al partido de Gobierno salió de San Julián, Santa Cruz, rumbo ala capital con la consigna de sacar del cargo al gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, por promover el paro indefinido por la reprogramación del Censo de Población y Vivienda. Paradójicamente, la movilización estaba encabezada por unos hombres encapuchados y con al menos siete escudos azules.
En octubre pasado, mineros auríferos llegaron a la ciudad de La Paz e hicieron detonar un sinfín de dinamitas durante tres días hasta que consiguieron que el Gobierno les disminuya el porcentaje de impuestos, entre otros beneficios.
Sobre estos dos últimos acontecimientos no existe un solo detenido, ni por el porte de escudos, ni por las detonaciones de dinamitas, cuando la Ley 400 penaliza el uso de explosivos en manifestaciones.
En el ataque que sufrió la marcha del Colegio Médico de Bolivia tampoco existe algún detenido del bando afín al Gobierno. En el proceso seguido contra los jóvenes de la Resistencia existe un supuesto “periodista independiente” que se dice víctima; sin embargo, la defensa comprobó que se trata de un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que se infiltró en las movilizaciones haciéndose pasar por comunicador.
No es el primer caso de infiltrados
En agosto pasado, durante el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), también se constató la presencia de infiltrados del Gobierno en las movilizaciones.
Desde mediados de año, los cocaleros de Los Yungas comenzaron a demandar el cierre del mercado ilegal de coca que Arnold Alanes, dirigente afín al Gobierno, instaló en la zona de Villa El Carmen.
La Ley 906 establece que en Bolivia sólo pueden existir dos mercados de coca, uno en La Paz y otro en Cochabamba; y la Resolución Ministerial 342 establece que el mercado paceño se encuentra en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima, sede de Adepcoca.
Los cocaleros marcharon entre agosto y septiembre en demanda de que se cumpla la ley, pero el Gobierno deslindó responsabilidades y dijo que el conflicto es de carácter interno de Adepcoca por una supuesta pugna de dirigencias.
Efectivos de la Policía resguardan el mercado paralelo de coca de Arnold Alanes. Foto: ANF
En la primera semana de agosto se evidenció la presencia del director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, quien fue denunciado como un infiltrado en las movilizaciones, fingiendo ser periodista bajo el nombre de Leonardo, pero su verdadera labor era fotografiar a los manifestantes para luego identificarlos junto a la Policía.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, admitió la presencia de su director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, en las protestas, pero dijo que son para “preservar la paz interna del Estado”.
Sólo en esas movilizaciones de principios de agosto se aprehendieron a más de 37 cocaleros acusados principalmente de allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, robo agravado de porte y portación de dinamita.
El 8 de septiembre, los cocaleros de la Adepcoca llegaron a la ciudad de La Paz, luego de una marcha de cinco días desde Los Yungas, en protesta para que esa instalación fuera de norma se cierre. Al pasar por el recinto en cuestión, los cocaleros afines a Alanes comenzaron a lanzar bombas molotov desde la parte superior de la infraestructura, este hecho fue registrado por los medios de comunicación. Ante esa provocación, los marchistas reaccionaron e intentaron sacar del inmueble a sus atacantes. En el incidente se registró la toma y quema de una parte del recinto ilegal.
Antes de la ola de aprehensiones de los dirigentes cocaleros en septiembre, el presidente del Comité de Autodefensa de la Adepcoca, Cesar Apaza, denunció que se detectó a al menos 30 policías infiltrados y se logró secuestrar los celulares de tres efectivos donde se evidenció un presunto plan de percusión y las pruebas que pretendían plantar contra el máximo dirigente de la institución y los demás miembros de su directiva.
“Al momento han sido cautelados en el penal de San Pedro Freddy Machicado, Porfirio Rivero, Juan Cocarico, Gonzalo Lupaca, Raúl Uría, (además) del señor Cesar Apaza, quien se ha ordenado su traslado al penal de Chonchocoro. También tenemos a la señora Rosalba Vargas y a Gudelia Botitano con detención domiciliaria. Tenemos alrededor de 10 órdenes de aprehensión aún por ejecutar, muchos son en contra de dirigentes del directorio del señor Freddy Machicado”, detalló la abogada de Adepcoca, Evelin Cossío.
A la mayor parte de este grupo se los imputó por 13 o 15 delitos: allanamiento de domicilio y dependencias, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, incendio, privación de libertad, organización criminal, instigación pública a delinquir, robo agravado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza natural, secuestro, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, lesiones graves y leves, lesiones gravísimas, tenencia, porte o portación ilícita y otros estragos.
Las evidencias que presentó la Fiscalía no demuestran en flagrancia a los acusados cometiendo los delitos por los que se los acusa, pero aun así deben permanecer con detención preventiva en los penales. Los que recibieron detención domiciliaria no pueden hablar con los medios de comunicación, no pueden tener contacto con los dirigentes, no pueden acercarse a las instalaciones de Adepcoca, lo que es atentatorio porque por norma sólo pueden comercializar su coca en esos ambientes.
Ahora, según Cossío, la Fiscalía tiene una lista de 38 personas para que declaren en calidad de testigos a favor de los aprehendidos, pero existe el riesgo de que estas personas sean aprehendidas y cauteladas a la mínima contradicción o bajo cualquier excusa.
“Así es la justicia masista y corrupta, benigna para unos y corta para otros. El objetivo es acallar la voz de los cocaleros de los Yungas”, afirmó el abogado Gualberto Cusi durante las detenciones.
“Estamos cansados de que se haga persecución política estos últimos años (…) Cazarán uno, dos, tres, cuatro, cinco, actualmente tenemos 17 compañeros con orden de aprehensión, eso nos va a fortalecer”, decía César Apaza tras la detención del máximo dirigente de Adepcoca Freddy Machicado.
¿Cómo funcionan los “grupos de choque” conformados por funcionarios?
El 1 de mayo pasado, un pelotón de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, bajo el nombre de “Guerreros Azules”, hacía su paso por la avenida Cívica de Oruro en apoyo al presidente Luis Arce.
Ante el repudio público por el uso de servidores públicos para actos proselitistas, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, salió en conferencia de prensa para admitir que es el comandante de los “Guerreros azules” y que ese grupo lucha y defiende la democracia.
“Nos ha costado al pueblo boliviano, le ha costado alcanzar la democracia, la libertad de expresión, ese es nuestro objetivo que respeten estas pititas golpistas”, dijo Montaño en ese entonces.
La ANF logró el testimonio de una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, y explicó su experiencia dentro de los “Guerreros azules” al que tuvo que pertenecer inmediatamente apenas logró ingresar a trabajar a una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
“A partir de que empiezo a trabajar allí, el segundo o tercer día, ya me incluyen en un grupo (de WhatsApp) que se llamaba ‘Guerreros azules’, que ya existía, y donde estaban todos los directores de la AEVivienda. También había compañeros de Vías Bolivia y de otros departamentos porque yo los veía y había más de 100 personas en ese grupo. Había compañeros que nos íbamos conociendo en los viajes”, contó.
Este grupo integrado por funcionarios públicos de las distintas dependencias del Ministerio de Obras Públicas tenía que correr con los gastos de los viajes, estadía y alimentación, además sufrir descuentos porcentuales a sus sueldos para el pago de gorras, poleras, chalinas y demás distintivos para sentar presencia en actos proselitistas en distintas partes del país.
Sin embargo, no sólo se dedicaban a acompañar la entrega de obras o anuncio de proyectos del presidente del Estado o del ministro Montaño; también la fuente reveló que fueron organizados para formar grupos de choque en protestas políticas, por ejemplo, cuando la expresidenta interina Jeanine Añez fue enviada a la cárcel.
“Para esas situaciones nos avisaban un día antes, porque imagínate que eso iba a ser un miércoles, entonces el martes por la noche ya indicaba un mensaje en el grupo que decía que mañana debemos ir con ropa deportiva, con tenis, con gorra, con barbijo y decía con nada distintivo, nada azul, como si fueras una persona normal. Entonces, nos avisaban, pero eso era por horas, no nos perjudicábamos todo el día. Bien nosotros íbamos por la mañana y el otro grupo por la tarde”, explicó.
Esta conducta de los “grupos de choque” afines al Gobierno y las contramarchas se fue repitiendo a lo largo del año. El último suceso que se produjo en la ciudad de La Paz fue el 26 de octubre cuando se desarrolló la “Marcha por la paz, unidad y censo 2023”. Los movilizados fueron atacados por afines al partido de Gobierno, el hecho dejó más de una veintena de personas heridas.
Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indicó que en varias oportunidades reciben denuncias de los propios funcionarios públicos obligados a formar parte de estas actividades fuera de sus funciones, pero no quieren identificarse plenamente porque ven en riesgo su permanencia en su fuente laboral.
“Uno de los problemas más graves en nuestro país es que se están usando a servidores públicos para enfrentar la protesta social. Y esto es indignante, cuando la Constitución te dice que el Estado debe respetar la dignidad de las personas, actualmente están pisoteando la dignidad del servidor público”, lamentó la activista de derechos humanos.
En criterio de la vicepresidenta de la APDHB, el Gobierno utiliza a los servidores públicos para atentar contra la ciudadanía sin inmutarse en lo más mínimo porque gozan de impunidad.
“(Los médicos) han salido a defender el derecho a la protesta, exigir la libertad de los presos políticos; sin embargo, aparecen servidores públicos, yo he podido observar un grupo de funcionarios del Ministerio de Trabajo que, como soldados, después de haber agredido a la gente cerca de la Plaza Bolivia, entraban al ministerio marchando, porque tomaron el mismo minibús”, aseguró Vargas.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) viene protagonizando varias protestas desde el 2019 en reclamo de los derechos y libertades de los ciudadanos. En muchas ocasiones fueron víctimas de estos grupos de choque.
Manuel Morales, representante del Conade, sostuvo que la protesta es un mecanismo que reclama reivindicaciones justas, ante la desatención del Gobierno, pero las autoridades niegan el reclamo y, en lugar de atender la demanda, usa la fuerza pública para reprimirla.
“El gobierno de Luis Arce ha implementado, sabiendo los antecedentes del 2019, toda una estrategia sofisticada. En primer lugar hablar de que hay un ‘golpe de Estado’, generar odio y fanatismo en la gente para que agredan a los ciudadanos que quieran movilizarse. (Esto) lo ha complementado con acciones policiacas, con el Ministerio Público, donde la detención preventiva es un exceso que vulnera garantías y procedimientos constitucionales (…). Fruto de todo esto tenemos un saldo de vulneración de derechos humanos con personas detenidas, con personas encarceladas o personas que están bajo medidas sustitutivas, como firmar libros, presentar garantes o estar con detención domiciliaria. Una forma masiva de detención que no te remite a un centro penitenciario, donde hay hacinamiento, donde los conflictos sociales también están presentes, sino que ha transformado tu domicilio en tu prisión y lo ha hecho de manera masiva”, argumentó Morales.
Estos “grupos de choque” no se conformaron en la actual gestión del gobierno de Arce. En el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) también se evidenció el uso de servidores públicos como fuerza de represión a ciudadanos.
Un funcionario de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), dependiente del Ministerio de Energías, reveló a la ANF cómo los organizaron en la crisis política del 2019 para defender al gobierno de Evo Morales de las manifestaciones que denunciaban un “fraude electoral”.
Los servidores públicos de esa dependencia fueron amenazados con su permanencia en esa institución si no salían a contener las protestas porque se acercaba el fin de año y los contratos también estaban terminando.
“Nos han entregado cascos, un bastón de seguridad, nos han entregado máscaras de gas, nos han entregado pasamontañas y guantes con nudillos para que seamos grupos de choque. Nos reuníamos en la Plaza Uyuni, a una cuadra más arriba donde está una dependencia de ENDE. Ahí nos reuníamos y ahí hacíamos las estrategias de cómo íbamos a actuar y cómo íbamos a resguardar el Palacio y a Evo Morales”, contó el servidor público a este medio.
Equipos entregados a funcionarios de la ABEN para constituirse como grupo de choque en el conflicto de 2019. Foto: ANF
Este grupo de funcionarios
públicos tenía actividades coordinadas con la Policía para lograr ingresar al
interior de Plaza Murillo y contrarrestar las protestas de la ciudadanía.
Ese patrón, de involucrar a la Policía para defender a los grupos afines al Gobierno, se fue repitiendo hasta la actualidad.
La vicepresidenta de la APDHB aseguró que esta actitud del Gobierno, a causa de una mala lectura de la gestión del conflicto, refleja que la población no vive en un Estado democrático, sino en un Estado totalitario.
“El policía agrede a quien reclama sus derechos, arremete contra ellos, protege a grupos paraestatales, no sabemos si son paramilitares o parapoliciales, pero protegen a estos grupos que están agrediendo a la ciudadanía y esto es preocupante. Entonces, siento que en realidad es una evidencia que el derecho a la libre expresión, a la organización, está siendo violado de una manera inadmisible”, argumentó la activista.
En opinión de Gregorio Lanza, experto en conflictividad, la población percibe esta actitud y se da cuenta de la instrumentalización de la fuerza pública para defender a los suyos y reprimir a los detractores.
“Esta actitud lo que hace más bien es sembrar la cohesión en la rebeldía contra un Gobierno que en valores de política es injusto, utiliza la fuerza y el poder contra mayorías y defiende a los suyos que pueden ser delincuentes. Entonces, esta actitud es la que está deteriorando y va hacer perder fuerza a Arce Catacora y, por supuesto, también a Evo Morales por este uso sistemático del poder en función de sus intereses de él y su gente”, aseguró Lanza.
La criminalización de la protesta golpea el derecho de reunión y asociación
Ante los sectores, el Gobierno ofrece un clima de amenaza constante a las libertades de reunión y asociación. Sólo sospechar sobre la presencia de infiltrados en las organizaciones, además la posibilidad de que los dirigentes puedan ser pasibles a procesos penales, debilita el derecho a la organización.
En el caso de Adepcoca, desde que su máximo dirigente y los miembros de su directiva fueron aprehendidos y enviados a la cárcel con detención preventiva, los productores de coca temen organizarse para defender sus derechos o a sus líderes.
Vanos fueron los intentos de efectuar reuniones o manifestaciones para protestar; nadie quiere asumir representación ante la persecución de dirigentes.
“Todo esto deviene de un plan que ellos tienen. Encarcelan a todos los dirigentes para generar un temor hacia las bases, hacia los más de 42 mil socios. Es como para ejemplarizar al sector cocalero, de más o menos decirle ojo, ‘a tu dirigente lo estamos procesando, lo hemos llevado con detención preventiva y cuidado tú oses ser dirigente porque te puede pasar lo mismo’”, aseveró la abogada de Adepcoca.
En algunos episodios se vio la disputa al interior de la propia organización por el temor a asumir nuevas medidas. Según la vicepresidenta de la APDHB, Marina Vargas, el Gobierno ha logrado dividir a las organizaciones sociales atacando a las libertades que en otrora fueron instrumento de lucha para que el Movimiento Al Socialismo llegue al poder después de una época de gobiernos denominados “neoliberales”.
“Uno de los logros del Gobierno, del gobierno del MAS, es que ha logrado dividir a las organizaciones y ha fomentado esos miedos que el neoliberalismo traía, ha alimentado esos miedos, el miedo a la organización, el miedo a no perder el trabajo, el miedo a la protesta, esos miedos del neoliberalismo son clarísimos”, sostuvo Vargas.
En el intento de escuchar a las autoridades se buscó entrevistar, sin éxito, al Viceministro de Régimen Interior, al Comandante General de la Policía, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, a los fiscales de los casos de Adepcoca y los jóvenes de la Resistencia, y al nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Entre 2021 y en lo que va del 2022 se incrementaron las vulneraciones
El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), registró el año pasado 666 casos de vulneraciones a derechos y libertades en Bolivia: libertad de reunión, 4; libertad de asociación, 15; derechos de los defensores, 18; libertad de prensa, 67; institucionalidad democrática, 62; libertad de expresión, 71; y 429 vulneraciones al derecho a la protesta.
Los datos del mismo Observatorio del 1 de enero hasta el 23 de noviembre de este año muestran un incremento de las transgresiones, un total de 680 casos segregados en: libertad de reunión, 2; libertad de asociación, 10; derechos de los defensores, 57; libertad de prensa, 167; institucionalidad democrática, 186; libertad de expresión, 41; y 173 vulneraciones al derecho a la protesta. En esta gestión se agregaron dos categorías: vulneraciones a los pueblos indígenas (27) y vulneraciones a la población LGTBIQ+ (17).
Claudia Terán, responsable de Formación y Litigio Estratégico de la red Unitas, aseguró que, si bien este año no incrementaron mucho las cifras, lo preocupante son los matices en las formas de vulneración que llegan a agravarse.
“Las modalidades de la vulneración tienen que ver, en muchos casos, con la criminalización de la protesta; por un lado, el ejercicio del derecho a defender derechos, que a su vez genera amedrentamiento, (deja como resultado una) cierta sensación de mejor no defiendo mis derechos, no los exijo porque puedo ser criminalizado. Y ahí también quiero hacer hincapié en el deber del Estado de garantizar más bien estos derechos desde un enfoque de no discriminación. Así como tiene que garantizar el derecho a la libre protesta a un grupo, tiene que hacerlo en las mismas condiciones al otro grupo. Así como tiene un nivel de protección respecto de un grupo, tiene el deber de protección respecto del otro grupo”, sostuvo Terán.
Pero exigir a la Policía que actúe en las mismas condiciones en una protesta donde está un bando afín a la actual administración, es iluso porque existe una desinstitucionalización severa por la injerencia política.
“Mientras las protestas sean pacíficas, todos tenemos derecho a protestar. Es un derecho humano, no se le puede negar a nadie. Qué pasa cuando estas protestas son direccionadas con la finalidad de insertar la convulsión, insertar el daño, insertar el caos, ahí tendríamos que abrir investigaciones, pero nunca se investiga a los grupos de choque, por más que salgan a decir que van a matar de hambre a un pueblo, nunca se investiga, mandan videos a las autoridades y nadie investiga nada, porque mientras el Estado no permita que la justicia actué independientemente no vamos poder acudir a la justicia”, resaltó la abogada de los jóvenes aprehendidos en la marcha pacífica de los médicos.
La Constitución Política del Estado garantiza, mediante una serie de artículos, la libertad de reunión y el derecho a la protesta. El derecho a la manifestación o protesta está íntimamente ligado a los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Es así que los artículos 21 y 106 garantizan a los bolivianos el ejercicio de las libertades de pensamiento, de reunión, de opinión y la libertad de expresar libremente sus ideas.
El artículo 56 de la carta magna también defiende el derecho a la huelga como forma de manifestación o protesta para la defensa de derechos.
“La protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. Como ejemplos pueden mencionarse la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, sociales o culturales; la vocalización de apoyo o crítica relativas a un grupo, partido o al propio gobierno; la reacción a una política o la denuncia de un problema público; la afirmación de la identidad o visibilización de la situación de discriminación y marginalización de un grupo”, dice en un informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A este conjunto de garantías se suman los instrumentos jurídicos internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 15, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el artículo 21. En ambos casos reconoce el derecho de reunión pacífica sin armas.
La protesta social es producto del ejercicio de la libertad de reunión, la liberta de opinión y la libertad de expresión. Sin embargo, el Gobierno no ofrece las garantías que establece la norma suprema para el ejercicio de este derecho, más por el contrario recurre a la represión.
El representante del Conade argumentó que el Gobierno pretende implementar un terrorismo de Estado porque aplica una serie de medidas autoritarias para evitar que la sociedad salga a las calles a protestar, estrategia que ya está siendo denunciada en instancias internacionales.
“Estamos como un mundo al revés. Leyendo a Arnold Toynbee, que habla de la historia de la humanidad, estaríamos hablando de un Estado fallido. No se cumplen las normas, las instituciones no funcionan, los servidores públicos que tienen la obligación de cumplir su función en servicio de la ciudadanía no lo hacen, lo hacen en contra de la ciudadanía, son utilizados como herramienta de protesta”, sentenció la vicepresidenta de la APDHB.
/ANF/
