La Paz, 24 de agosto (ANF).- La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (RBTQ) denunció que el Estado Boliviano está modificando los procedimientos de la consulta libre previa e informada, tomando en cuenta solo a grupos afines al Gobierno de siete personas para la firma del convenio “puesta en marcha” de proyectos hidroeléctricos, pero lo habitantes afectados no fueron consultados.
“Denunciamos ante el Pueblo Boliviano y Organismos Internacionales que el Estado Boliviano está modificando los procedimientos de CLPI, tomando en cuenta solo a grupos afines a su gobierno para la obtención de la firma del convenio “puesta en marcha” de dichos proyectos. Donde firman solo 7 personas a título individual, y los habitantes de nuestros pueblos a ser directamente afectados no hemos sido consultados”, se lee en el pronunciamiento de la Mancomunidad.
La reacción se produce después que la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) mediante un convenio con la Empresa Nacional de Electrificación (Ende) autorizó la puesta en marcha de las operaciones y actividades en la etapa de los Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y otros.
Según la Mancomunidad, en el encuentro de instituciones del Gobierno con Pueblos Indígenas del Departamento de La Paz, que se realizó el 9 y 10 de julio de este año, en Tumupasa, la firma de dicho acuerdo fue rechazada, y no se puede tomar como “CLPI (consulta libre previa e informada)”.
Recuerdan al Gobierno que las comunidades afectadas deben ser consultadas, de forma previa y durante el desarrollo de los estudios previos, y que la negociación individual con estas siete personas, no reemplaza el proceso de consulta y se constituye en una vulneración al principio de buena fe.
Asimismo, las comunidades indígenas de la mancomunidad hicieron un llamado al pueblo para impedir que el país se siga endeudando con proyectos como el Estudio de Identificación que debía ser entregado en octubre de 2017, menos aún estudios comparativos con otros proyectos de energía alternativa, y los costos de oportunidad.
“A la fecha dicho proyecto le ha costado al país alrededor de 15 millones de dólares, sin dejar ningún beneficio visible para la región. Basta de prebendalismo político a costa de los bolivianos y de los Pueblos Indígenas que queremos vivir en paz y libertad en nuestros territorios”, dice el documento.
La Mancomunidad de Comunidades Indígenas se gestó el año 2001 para asumir la defensa de las naciones indígenas: Moseten, Tsiman, Ese Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona; en 2016 lideró la vigilia en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas Chepete y El Bala, en ese marco ratifican que la reactivación de estos proyectos “cercenaran a tres de nuestros ríos, vitales para nuestra existencia, los Beni, Tuichi y Quiquibey”.
Recordaron que el Estado debe respetar la autodeterminación de los pueblos que se expresó en 2016 en el “rechazo contundente” a los megaproyectos hidroeléctricos Chepete y El Bala, mediante la instalación de una masiva vigilia que duró 12 días y logró la expulsión de las empresa GEODATA y SERVICONS, quienes habían iniciado trabajos y estudios en nuestros territorios sin cumplir con la consulta libre previa e informada y de buena fe, para el consentimiento de los pueblos.
También señalaron que en 2018 denunciaron en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, instancia que recomendó al Estado Boliviano “establecer mecanismos y procesos de diálogo y consulta amplios con los pueblos indígenas… para que estos puedan ejercer sus derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
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