La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Más de una decena de presos muertos y heridos, así como traslados por vendettas internas, se registraron este año en las cárceles de Bolivia. La cifra fría muestra que la violencia y la muerte en estos espacios no han podido ser desterradas por el Gobierno.
En febrero la noticia de que una niña de ocho años fue violada y filmada en videos de contenido pornográfico por su madre y la pareja de ésta, al interior del penal de Palmasola en Santa Cruz, consternó a la población y derivó en la determinación gubernamental de sacar a todos los niños mayores de seis años de ese recinto penitenciario, como manda la norma.
Sin embargo, el 5 de marzo, reclusos se amotinaron en el sector conocido como PC-4 en rechazo a la medida, a fin de evitar que sus hijos sean apartados. En medio de la confusión se reportó la fuga de dos reos peligrosos.
Entonces, el Gobierno señaló que el motivo del motín no fue la prohibición de la presencia de menores de edad, sino las pugnas internas que involucraban a 10 reos implicados en la matanza de 35 internos el año 2013 y que eran rechazados en los pabellones de la cárcel cruceña. Por lo que el 9 de ese mes, fueron trasladados a otros recintos carcelarios del país.
La tensión en el recinto derivó en un operativo sangriento, ocurrido la madrugada del 14 de marzo, cuando ingresaron unos 2.000 agentes en búsqueda de drogas y armas en poder de los presos. El hecho dejó un saldo de ocho muertos y 20 heridos, todos internos.
Poco después, el 7 de junio se registró otro motín en la cárcel cruceña, en el mismo resultó herido el exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, Alberto 'Tico' Lozada, quien fungía como vocero de los privados de libertad.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, advirtió que la vida del hombre estaba en riesgo, días después la Justicia le otorgó la detención domiciliaria.
La población penitenciaria se vuelve cada vez más numerosa. Solo en Palmasola habría más de 5.200 internos. De acuerdo a testimonios de exreos de Palmasola, en ese recinto no existe una sola sección segura.
El 17 de junio, la periodista Maggy Talavera en una columna de opinión manifestó que ninguna de las medidas asumidas a la fecha “bastan para frenar un problema añejo que tiende a empeorar, como es la violencia al interior de las cárceles. Ni las requisas ni los traslados de los llamados ‘presos peligrosos’. La razón es simple: ambas medidas son solo paliativos que sirven de descargos temporales a los responsables de las cárceles, o de respuestas para distraer a los medios de comunicación y a la opinión pública. En ningún caso representan una acción seria y efectiva para revertir la dramática realidad que viven a diario los presos en Bolivia”, observó.
Chonchocoro, cárcel ubicada en El Alto, el 19 de junio fue escenario del asesinato de Víctor Hugo Escobar, más conocido como ‘Oti’. A quien se le asestó varias puñaladas. El interno estaba sentenciado a 30 años de prisión por el delito de asesinato. Fue identificado como el principal responsable de encabezar un sistema de extorsión en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, y por eso fue trasladado a Chonchocoro.
En julio los reos de ese penal protestaron contra una determinación de Régimen Penitenciario para el traslado de reos de una sección a otra, ya que la misma ponía en peligro a los internos por la posible coincidencia de rivales en las mismas secciones. Fue así que el 15 de julio, Odilio Becerra Da Costa (29), resultó herido con arma blanca, tras una pelea entre internos.
La violencia en ese penal continuó, el 19 de septiembre mataron a Hardy Gómez Vaca con 20 puñaladas y un golpe en la cabeza. El reo condenado por asesinato fue protagonista de pugnas de poder entre presos de Palmasola, entre ellas la de 2017 que dejó muertos y heridos, por lo que se dispuso su traslado a La Paz. Las sospechas de su cruel final, indican un ajuste de cuentas ya que se lo vinculó con el asesinato de “Oti”.
En el resto del país, la situación fue similar. El 24 de octubre se produjo un motín en el penal Morros Blancos en Tarija, los presos pretendían evitar traslados. El hecho se registró luego de que dos reos murieron en dicha cárcel.
Ante los hechos de violencia mencionados, el 19 de noviembre la Fiscalía anunció públicamente la ejecución de un “Plan de Descongestionamiento Penitenciario” que se aplicará inicialmente en Palmasola. Así como la realización de un censo penitenciario que pretenderá conocer la situación en la que se encuentran los detenidos.
Los penales en Bolivia presentan serios problemas, debido principalmente al hacinamiento por la inadecuada infraestructura y la inoperancia judicial; la falta de control y la inexistencia de sectores que los dividan por tipo de delito, entre muchos otros factores que provocan hechos de violencia y conflictividad entre los mismos reclusos.
Si bien el control está a cargo de la Policía Boliviana en coordinación de representantes de los internos, diversos reportes señalan que al interior de los recintos se ejecutan delitos de todo tipo, entre los más lucrativos están el tráfico de drogas, de armas, extorsiones entre los mismos internos, todo bajo anuencia de los efectivos que cuidan las cárceles.
La población penitenciaria sobrepasó los 18.000 internos y las cárceles del país sólo pueden albergar a 5.600 reos. De esos al menos un 70% no cuenta con sentencia y está en calidad de detenido preventivo.
Análisis
Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos el problema de fondo es “estructural”, partiendo porque la administración de las cárceles está en manos de unos cuantos reos “que se hacen del poder”.
Entonces señaló que se deben observar los procedimientos, los niveles de responsabilidad y la delegación que se hace de las competencias, ahí entra la administración interna. “El secretario (delegado) del Gobernador que es otro interno”, remarcó.
Puso como ejemplo el poder del delegado, el mismo que radica en la comunicación con la administración externa, es decir con los policías. Ahí es donde se da lo que calificó como “la repartija de la empresa corrupta y criminal que son las cárceles”.
“Ese es un factor de empoderamiento y se forman liderazgos negativos, frente a la masa de neófitos que hacen el manejo penitenciario, ellos se imponen y luego no pueden controlar el poder”, lamentó Llanos.
Los problemas latentes que derivan en violencia son la generación de grupos de reos con poder sobre otros. La venta de celdas, el ingreso de drogas y otras sustancias prohibidas, la sobrepoblación, la falta de clasificación por tipo de delitos y otros. “La violencia sólo es el efecto”, de todo lo descrito, indicó.
Además observó el bajo presupuesto para Régimen Penitenciario así como para el Sistema Judicial, la retardación de justicia, y otros problemas, que hacen que los presos se mantengan encerrados sin sentencias o a veces injustamente.
Llanos recordó que muchas veces se han generado crisis que han desatado en promesas gubernamentales para descongestionar las cárceles, construir nuevos espacios, cárceles dignas y otras acciones, pero nunca se hacen realidad. “Si no operan es porque nadie quiere efectivizarlas”.
“Rehabilitar para evitar que maten, violen, roben cuando salgan, debemos proteger a la sociedad”, es lo que no se hace, concluyó.
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