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Politica

27 de marzo de 2023 19:32

El Gobierno y la CIDH dan reconocimiento a exvocales acusados de fraude electoral en 2019

Durante el evento, los exvocales ratificaron que no hubo fraude en las fallidas elecciones generales de 2019.

t Los exvocales y autoridades. Foto: Captura de pantalla
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La Paz, 27 de marzo de 2023 (ANF).- Los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de tribunales departamentales, denunciados por el fraude electoral en 2019 recibieron reconocimiento de parte del Ministerio de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante un acto de desagravio por violaciones a los derechos humanos.

Durante el evento, los exvocales ratificaron que no hubo fraude en las fallidas elecciones generales de 2019.

El representante de los exvocales Delfín Álvarez que sufrieron vulneración de sus derechos cuando fueron acusados de las irregularidades y luego procesados por la justicia a causa del informe de la OEA, que identificó irregularidades en el cómputo de la elección.

“Este es un acto importante porque es la primera vez que el Estado nos reconoce oficialmente como víctimas de violación a nuestros derechos humanos. Recordaran que el 2019, antes del proceso electoral hubo persecución, denigración, hostigamiento a nuestras personas. Fuimos el blanco de la desestabilización política y en esa ocasión se inventó una consigna que fue el fraude electoral, en base a esa consigna, pasado las elecciones, se convulsiona el país y a nosotros nos capturan”, señaló.

Señaló que sufrieron torturas en las calles y cárceles. “Para nosotros no hubo el debido proceso, no hubo la presunción de inocencia. Durante más de un año y medio, desde noviembre del 2019, pero no han probado la existencia de ese hecho de fraude porque sencillamente no existió ese hecho”.

Álvarez solicitó fuentes de trabajos estables para los exvocales y que sean compensados integralmente por los daños sufridos.

Mientras que la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque remarcó que después de tres años de silencio recién pueden hablar y dijo que fueron acusados injustamente por un delito que nunca cometieron.

“Nunca hubo fraude, ese informe preliminar sin firma (de la OEA) fue el causante de tanto sufrimiento y dolor”, dijo Choque.

Choque mencionó que el 2019 recibieron tratos que mellaron su dignidad y ataques racistas desde que comenzaron a hacer su trabajo como vocales y a pesar de ello llevaron adelante el trabajo de las elecciones generales de 2019.

“El 2019 para mí y autoridades nacionales se ha creado una red de conspiración porque a través de las redes sociales, personalmente y muchos de los colegas hemos recibido amenazas, insultos, mellando la dignidad (…) Esta mujer de pollera ha sido mellada en su dignidad de mujer y de madre, nos hemos recibido el procedimiento legal”, señaló.

En el acto estuvo presente el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, que entregó reconocimientos a representantes de los vocales, aseguró que lo sucedido en el caso de los exvocales prueba la fragilidad del sistema judicial boliviano ya que en varios casos las autoridades sufrieron de manera injusta procesos que no fueron ejecutados legalmente.

“Ojalá esto pueda servir para que den vuelta la página y puedan recuperar su vida”, señaló el comisionado y evitó referirse al informe preliminar de la OEA que fue señalado como “falso” por las autoridades bolivianas y los exvocales.

En noviembre de 2019, los exvocales del TSE fueron procesados y encarcelados por el caso fraude electoral durante el Gobierno de Jeanine Añez por delitos electorales en el caso del fraude en las elecciones del 20 de octubre.

En ese tiempo, el Ministerio Público abrió procesos penales contra las exautoridades por manipulación informática, incumplimiento de deberes y falsedad material e ideológica. María Eugenia Choque y Antonio Costas fueron acusados de ser responsables de las irregulares que se detectaron en el proceso electoral, ante las varias denuncias de la población de fraude electoral. Esos hechos se confirmaron en el informe preliminar de la OEA.

Sin embargo, en julio de 2021, el caso fue cerrado en el gobierno de Luis Arce Catacora.

/ANF/





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