La Paz, 20 de diciembre (ANF).- El 2017 estuvo marcado por escándalos vinculados a la corrupción en la estratégica YPFB en torno a un contrato fallido con la italiana Drillmec para la compra de taladros por $us 130 millones y la anulación de la adjudicación del millonario contrato con Tecnimont tras detectarse varias irregularidades. Fue el año que el Banco Unión puso en entredicho los sistemas de seguridad interna y externa con el desfalco más llamativo de la historia del sistema financiero boliviano que comprometió Bs 37,6 millones.
El caso taladros en teoría no causó daño económico al Estado porque no se desembolsó ni un peso en favor de la empresa proveedora, sin embargo las enmiendas irregulares realizadas para favorecer a la italiana terminaron arrastrando al menos a seis funcionarios entre asesores legales e ingenieros petroleros del área de perforación a diferentes cárceles del país. El expresidente de YPFB, Guillermo Achá recibió otro trato, se benefició con la detención domiciliaria, mientras que la exgerente de Contrataciones, Paola Oporto, fue imputada pero sigue en libertad.
Lo que empezó con una denuncia de corrupción realizada por el senador de oposición, Óscar Ortiz (UD), logró que el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, impulsara una investigación interna que confirmó que el proceso de contratación estuvo plagado de irregularidades que pretendían direccionar el contrato. El informe que excluía a la exGerenta Legal Corporativa fue remitido al Ministerio de Justicia y Transparencia que solicitó a la Fiscalía abrir un proceso penal.
Sin embargo, en criterio de Ortiz, el caso taladros terminó diluyéndose en el ámbito de la justicia. “En este caso se repite y ratifica el modus operandi del MAS que es depositar toda la responsabilidad sobre mandos medios, hay seis funcionarios detenidos seis meses y no se conoce del avance del proceso (…). Se ratifican los privilegios porque nunca se incluyó en el proceso a los vicepresidentes ni a la Gerenta de Contrataciones con responsabilidad enorme la señora Oporto, ni al Vicepresidente de Exploraciones quien fue el que firmó el contrato y firmó la recisión”, señaló.
Calificó el proceso como “un show” que después de un tiempo terminará languideciendo en colaboración de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tal como sucedió con el caso el Fondo Indígena (Fondioc) que benefició con libertad a la dirigente de la CIDOB afín al Gobierno, Melva Hurtado, quien tenía en sus cuentas particulares 21 millones de bolivianos, y la detención domiciliaria a las principales acusadas como la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y la exministra y exdirigente, Julia Ramos.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, el tema de la corrupción es una lacra de la sociedad y debe ser extirpada. “Afecta a las grandes empresas, a la sociedad a la imagen del país, es un tema grave que hay que combatirlo desde todos los frentes, tanto desde el sector público, como privado”, expresó.
El empresario advierte que cuando la imagen de un país está afectada por la corrupción, es más difícil hacer negocios porque inciden en el clima de inversiones. “El tema de la corrupción es grave y le pedimos al Gobierno que lleve adelante las investigaciones, que no queden en la sombra”, afirmó.
Tecnimont y la anulación de la adjudicación
El caso taladros no fue el único que golpeó a la estatal petrolera, el especialista en temas hidrocarburíferos, Hugo Del Granado prendió el foco de alerta en abril cuando advirtió que en el proceso de adjudicación para la visualización del proyecto de la Planta de Propileno y Polipropileno, la ingeniería conceptual del proyecto y finalmente la construcción, estaban a cargo de la misma empresa, la italiana Tecnimont.
El monto que se comprometía era el mayor de la historia del país, $us 2.200 millones para que la misma empresa sea “juez y parte”. El complejo petroquímico fue criticado por varios sectores por considerar que hay necesidades más urgentes en el país como hospitales de tercer y cuarto nivel.
La combinación de direccionamiento en la contratación y los montos comprometidos en el proyecto merecieron un informe oral del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez ante el Senado, quien sin mayor explicación dio por anulada la adjudicación, y por tanto, en su criterio sin ningún efecto legal porque no se desembolsaron recursos.
Banco Unión y el mayor desfalco de la historia
La historia del sistema financiero nacional nunca antes había reportado un desfalco millonario como el ejecutado por el exgerente de la agencia de Batallas del Banco Unión, Juan Pari, en complicidad con otros funcionarios.
Si bien el ministro de Economía, Mario Guillén, afirmó que Pari burló tres sistemas internos de seguridad y uno externo, referido a la auditoría anual de fin de año, en el proceso de investigación surgieron contradicciones entre fiscales, policías y las autoridades sectoriales en cuanto al modus operandi.
¿Cómo es que en 10 meses no se vio salir 37 millones de bolivianos? es la pregunta que no termina de ser respondida; la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dio cuenta de 131 transacciones realizadas por el principal implicado en los que fingía egresos de dinero de un cajero automático que no existía. Sin embargo no avaló la auditoría externa realizada al Banco Unión a pesar de ser la autorizada para registrar a las auditoras.
En análisis del experto financiero internacional, Jaime Dunn, lo acontecido en el Banco Unión perforó la credibilidad del sistema financiero, aunque no afectó de manera sustancial el patrimonio del mismo banco.
Lo cierto es que por el caso del desfalco millonario al Banco Unión hay más de 20 personas detenidas. Aunque Guillen insiste que se trata de un caso de “infidelidad funcionaria”, la oposición considera que es un caso de corrupción por tratarse de funcionarios públicos que manejan recursos del Estado, pero también porque hubo una planificación que responde a una supuesta asociación delictuosa.
Para el empresario Marco Antonio Salinas, el Gobierno insistirá que no se trata de corrupción para que la aseguradora cubra el monto desfalcado. “Al final, corrupción, infidelidad, hay muchos términos que utiliza el Gobierno porque quiere que lo pague el seguro, porque si dice otra cosa, pero la verdad es que no hubo controles suficientes, y eso debe determinar la justicia quiénes son los responsables”.
Sin embargo la situación dual del Banco Unión, creado por decreto como entidad financiera pública pero que se rige bajo el Código de Comercio ha dificultado que otras entidades ejerzan un mayor control sobre su manejo, claro ejemplo es que la Contraloría que dijo que está limitada a ejercer mayor control sobre esta entidad financiera y que, en todo caso, emitirá algún pronunciamiento sobre la ASFI.
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