Raúl Peñaranda U.
La Paz, 24 de julio (Brújula Digital-ANF).- Ante el proceso internacional iniciado por el conglomerado NMM-Quiborax en demanda de una indemnización por haber perdido las adjudicaciones que tenía en el salar de Uyuni, el Estado boliviano desarrolló una defensa legal que, vistos los resultados, fue deficiente y el país terminó pagando 42,6 millones de dólares. La empresa había invertido solamente 400.000 dólares según el laudo arbitral (no un millón como se mencionó) y es acusada de haber defraudado impuestos al Estado, falseado sus volúmenes de exportación y falsificado su documento de conformación accionaria. En 2004, el Gobierno de Carlos Mesa, mediante dos decisiones ejecutivas, le quitó los contratos que tenía y la empresa pidió por ello un arbitraje internacional.
Estos son los principales hitos de este entuerto:
1.- La defensa no aceptó pagar tres millones de dólares
En 2008, el recientemente creado Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, y que estaba encabezado por Héctor Arce Zaconeta, rechazó la oferta de la compañía de concluir bilateralmente la negociación a cambio de un pago de tres millones de dólares y que la demanda de arbitraje que había iniciado en 2004 no pase al tribunal internacional del CIADI.
El Deber informó que el Gobierno no aceptó ese acuerdo, lo que terminó años después en un fallo contra Bolivia y el pago de una suma 13 veces superior, de 42,6 millones de dólares.
Aparte de la suma relativamente pequeña que el Estado rechazó pagar, éste es un evento de vital importancia por otra razón: establecía que los empresarios supuestamente afectados estimaban en esa cifra el daño económico que habían sufrido debido a la finalización de los contratos.
El equipo dirigido por Arce Zaconeta no insistió durante el largo proceso, de 10 años de duración, en el hecho que, si la empresa había valorado en esa cifra el supuesto daño sufrido, no podía luego, arbitrariamente subir su aspiración hasta 150 millones de dólares, y recibir finalmente 42,6 millones.
El procurador del Estado, Pablo Menacho, en declaraciones a Página Siete, dijo que no se podía pagar esa cifra en 2008 porque no era correcto admitir que el Estado había errado en su decisión de dar por finalizados los contratos con la empresa. Sin embargo, 10 años después, sí aceptó el pago de 42,6 millones.
2.- La defensa no pudo extinguir la acción
El segundo asunto en importancia, que debería haber terminado con la extinción del proceso legal, es que el conglomerado NMM-Quiborax no tenía mayoría accionaria chilena. Sólo siendo chilena la empresa podía acudir al CIADI y por eso por lo menos nuevo personas, entre otros los dos socios principales, el boliviano David Moscoso y el chileno Allan Fosk, se involucraron en un proceso de falsificación de documentos. La justicia boliviana detectó aquello, Moscoso reconoció su delito y tras un juicio abreviado recibió una pena de cárcel.
Allí debió concluir todo. Sólo los diferendos entre los estados y empresas de otras naciones pueden verse involucradas en los arbitrajes internacionales. Como la compañía era, en realidad, boliviana, debió haber recurrido al sistema penal nacional para intentar recibir una compensación.
Pero la defensa legal del país, insólitamente, no hizo valer aquello en los largos diez años que duró el proceso. El expresidente Carlos Mesa ha señalado que no existe explicación al respecto de parte de Arce Zaconeta y de su equipo. Éste, dijo Mesa, pudo haber acudido al protocolo complementario del acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile (que facultaba a la empresa a recurrir al tribunal del CIADI).
En un video recientemente difundido, Mesa dijo que “simplemente con mencionar ‘apelamos a la cláusula 1.1.c del protocolo complementario’, Bolivia automáticamente ponía en el tapete la evidencia de que no había una mayoría chilena y por lo tanto el juicio no se hubiera podido llevar a cabo”. El Gobierno no lo hizo.
3.- La empresa “infló” los montos demandados
La defensa de Bolivia, una vez que Arce Zaconeta no era ya ministro de Ministerio de la Defensa Legal sino Procurador del Estado, no confrontó en el proceso el hecho inexplicable del aumento de los montos demandados por la empresa.
De los tres millones de dólares los que estaba dispuesta a cobrar en 2008, subió primero a 27 millones y luego a 40 millones en sólo un año. ¿Cómo en 12 meses se puede pasar de demandar tres millones a pedir 40? Después la empresa pidió 66 millones y finalmente 150 millones de dólares.
Esa “inflación” de sus demandas no tenía lógica económica ni legal alguna. El analista económico Gonzalo Chávez hizo notar que los 42,6 millones de dólares que finalmente se embolsilló la empresa no surgen de ningún análisis lógico. ¿Se utilizó el valor en libros? ¿Se utilizaron intereses y un cálculo de lucro cesante más costos de los abogados? ¿Se utilizó el valor de mercado de la empresa en la actualidad, los activos invertidos y, en ese caso, un análisis de cómo estaría la empresa hoy? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, dice Chávez.
La defensa boliviana no hizo referencia a los tres millones de dólares demandados originalmente por la empresa para cortar esta “inflación” de demandas. Y luego, cuando el pedido llegó a la absurda cifra de 150 millones de dólares, entonces luego aceptó “negociar”, para terminar, pagando 42,6 millones de dólares.
4.- La defensa filtró documentos a Chile
Otro de los eventos más importantes de este proceso es el hecho de que los abogados de la parte boliviana hubieran terminado generando una relación sospechosamente amistosa con los del equipo chileno, incluido Andrés Jana, nada menos que uno de los asesores de Chile en el proceso que lleva adelante nuestro país ante La Haya. Esa relación amistosa fue revelada en un intercambio de emails entre los abogados. Los de Chile, por ejemplo, se referían a Arce Zaconeta informalmente como “Héctor” e incluso pidieron hablar por teléfono con él.
La relación amistosa llegó a su punto máximo cuando los abogados de Chile negociaban con los de Bolivia los textos de los documentos que nuestro país presentaría ante el CIADI y, todavía más, lo hacían en las oficinas estatales de la Procuraduría. Todo ello se conoció al ser publicado el proceso disciplinario que la Procuraduría le inició a la subprocuradora Carmiña Llorenti por un delito más grave todavía: prestarle su computadora oficial al abogado chileno Rodrigo Gil. Éste tomó el computador y se reenvío a su email varios documentos, entre otros el desistimiento de acusaciones al empresario Alan Fosk que habían pactado y que la Fiscalía tenía que enviar al CIADI.
Al margen de la impropia actitud de tener una relación demasiado cercana con los abogados de la otra parte, el haber prestado la computadora le permitió a la parte chilena demostrar que en Bolivia el Ejecutivo controla al poder Judicial y, con ello, sustentó su hipótesis de que no solo había sido afectada económicamente al perder sus contratos, sino que era presa de “acoso legal” en nuestro país.
Para el público boliviano, ese hecho termina de demostrar que son las autoridades del Gobierno las que le ordenan al poder judicial qué deben hacer en determinadas situaciones y, más aún, que les envían los documentos ya redactados.
En el caso de Llorenti, es interesante hacer notar que no fue acusada penalmente por sus acciones y que el proceso administrativo demoró 15 meses en iniciarse.
5.- La defensa negoció desistimientos con su par de Chile
El relacionamiento amistoso entre ambas partes hizo también que se hubiera negociado la manera cómo se realizaría el desistimiento del Estado boliviano contra el empresario Fosk y otras siete personas que estaban siendo acusadas por la falsificación de los documentos.
Junto con ello, para firmar el oneroso acuerdo del pago de los 42,6 millones de dólares, la parte chilena todavía exigió más: que se aprobara la absolución de los acusados y se presentara el retiro de la acusación contra ellos antes de firmar el acuerdo.
El abogado de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, expresó que en un sistema donde supuestamente existe separación de poderes lo que debería haber ocurrido es que, una vez firmado el acuerdo (en este caso, de pago a los chilenos), recién debía presentarse el acuerdo ante el juez y el fiscal y en base a la cláusula especifica del mismo, pedir que el proceso judicial se extinguiera.
Pero como los chilenos no confiaban, aparentemente, que eso sucedería con celeridad, presionaron a Bolivia en una acción adicional: que antes de firmar el pacto por el que ellos recibirían el dinero, deseaban que todos los mencionados acusados de falsificación fueran absueltos.
Así, el 5 de junio pasado se presentaron los desistimientos, el 6 se dio la absolución por parte de la justicia y el 7 se firmó el acuerdo de pago de los 42,6 millones. Todo se hizo a la mayor velocidad, sin cumplir con los procedimientos legales adecuados y todo con tal de cumplir con las exigencias chilenas. Si hubiera sido Bolivia la que iba a recibir el dinero, se hubiera entendido la celeridad de las acciones, pero es incomprensible en el caso contrario. Este hecho, además, demuestra la dependencia que tiene la justicia respecto a las autoridades.
Un falsificador que recibe 20 millones de dólares
Tal vez ni en sus mejores sueños los socios del conglomerado NMM-Quiborax imaginaron que, tras invertir 400.000 dólares y defraudar al Estado, obtendrían, 14 años después de los sucesos la friolera de 42,6 millones de dólares. De ese total, 20 millones son para Moscoso, que admitió haber falsificado los documentos.
En 2004, tras advertirse que la compañía no declaraba adecuadamente sus volúmenes de exportación y no pagaba sus impuestos correctamente, y atendiendo las presiones de grupos de presión de Potosí, el Gobierno de Carlos Mesa decidió dar por finalizados los contratos.
Y lo que comenzó como un acto administrativo más o menos irrelevante ese año, cuando el gobierno de Mesa decidió sacar a la empresa NMM-Quiborax del salar de Uyuni, es hoy uno de los eventos centrales de la política nacional y podría convertirse en una marca, negativa, de la larga presidencia de Evo Morales. Mesa está hoy procesado por ese hecho y, de ser hallado culpable en un juicio de responsabilidades, podría incluso ser encarcelado.
Gobierno de Mesa expulsa a la empresa
El asunto empezó el 23 de junio de 2004, cuando la administración de Mesa decidió, cometiendo un error, “revocar” las concesiones de la compañía mediante el decreto 27589.
Advertidos de la equivocación, ese Gobierno, mediante la Resolución Administrativa del 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas, “anula” los contratos. El sucesor de Mesa, Eduardo Rodríguez, concluyó la parte legal de este asunto y “saneó” la situación, según declaró recientemente por escrito a un cuestionario de la Fiscalía General. Su Gobierno emitió el DS 28527, que en su artículo único dispuso abrogar el DS 27589 emitido por Mesa. Posteriormente a ello, la totalidad de la defensa del Estado, como hemos visto, fallida, en este asunto, estuvo en manos del Gobierno actual. (Esta es una nota producida por el servicio noticioso Brújula Digital)
