La Paz, 20 de julio (ANF).- Los diputados de Comunidad Ciudadana Ingvar Dotzauer y Miguel Roca iniciaron una investigación sobre el “mal manejo” de los instrumentos de fiscalización, y denuncias de “extorsión” que se generarían a través de las Peticiones de Informe Escrito (PIE) que se realizan en la Cámara de Diputados.
Dotzauer manifestó que se detectó un “mal manejo” de los instrumentos de fiscalización en la Cámara Baja y una sistemática “obstaculización” a la labor de fiscalización que tienen los diputados, en el marco de la Constitución Política del Estado y de su propio Reglamento.
“Hemos recibido denuncias de extorsión a través de estas peticiones de informe. Denuncias de varios lugares, dos tipos de denuncias: uno que dice que las peticiones de informe son para obtener información y poder extorsionar a las personas que están en el ejercicio de la función público a través de la ocultación de información que hubieran obtenido”, sostuvo el legislador.
Añadió que estas funciones de los diputados están siendo “obstruidas” por el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, “lo que nos ha llevado a recibir varias denuncias en relación a extorsiones que se estuvieran realizando por parte de algunos legisladores y funcionarios usando las Peticiones de Informe escrito para chantajear a funcionarios públicos y empresarios privados”.
Preciso hace un mes atrás, cuando se recibieron las denuncias, había aproximadamente un total de 758 peticiones de informe y que hasta ese tiempo solo se había respondido el 8%; no obstante, a partir de la fiscalización las peticiones de informe subieron a 938 y se respondieron 224 que equivale al 25%.
El diputado precisó que las respuestas se han convertido en un enumerado de artículos o normas que no responden al espíritu de las peticiones de informe, especialmente escritas.
“Cuando se ha pedido a la presidencia que transparente la información dijeron que no. Se lo hizo de manera deliberada, se ha pedido a la secretaria de la Cámara y a asesoría, se ha decidido esconder la información y no transparentarla”, sostuvo en conferencia de prensa.
Añadió que “No hay transparencia en la información de las peticiones de informe y estos son utilizados no sé si desde la Asamblea o desde Diputados para extorsionar y sacar ventajas en puestos y recursos económicos”.
Por ejemplo, dijo, sobre una adjudicación que hizo una entidad pública se realiza una petición de informe a la Aduana para determinar la cantidad de medicamentos que fueron importados, “una vez que se tiene la información y se descubre que la importación no corresponde, empieza la extorsión contra la empresa y la entidad. No sé si lo hacen desde Diputados o desde la Asamblea, no sé si hay un corporativo delictivo detrás de esto”, planteó Dotzauer.
Su colega Roca acotó que formuló una petición de informe al Ministerio de Economía que fue respondida después de cuatro meses, sin embargo, cuestionó que nunca supo en qué momento la presidencia de Diputados envió al ministerio, cuándo recibió este despacho y cuándo exactamente respondió, precisó que hizo el seguimiento a esa solicitud, pero que la información no es accesible ni transparente.
Exigió que, así como la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral suspendió de sus funciones a la vocal Rosario Baptista, por demorar en responder a un PIE, y que incluso el diputado Rolando Cuellar interpuso una demanda penal, también se sancione a los ministros que no cumplen con los plazos para responder a las peticiones de informe.
“Qué sanción se le va a dar al presidente de Diputados, porque el 75% de las PIE no se responde. O se lo hace cuatro meses después, ¿qué sanción va a tener el ministro? Si sancionan a una vocal por tardar tres meses, qué sanción va a tener el ministro por demorar en responder cuatro meses”, cuestionó Roca.
El diputado Juanito Angulo (MAS) dijo que no existe demora en las respuestas de los ministros y que van respondiendo en los plazos que corresponden.
//NVG//
