La Paz, 1 de marzo de 2023 (ANF).- El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel Terrazas fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; el informe de la Fiscalía señala que el asambleísta realizó giros por $us 51 millones a cuatro países, sin embargo, el Juzgado Tercero de instrucción Anticorrupción decidió otorgarle medidas sustitutivas a la detención. La ANF logró contactarse con el abogado defensor, pero se negó a declarar.
La fiscal Rosario Venegas explicó que el informe expedido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) hace un análisis financiero y patrimonial del imputado desde el 1 de enero de 2018 al 11 de agosto de 2021. En ese periodo se registraron movimientos económicos sospechosos de parte del ahora legislador.
“Se tiene que recibió en sus cuentas, depósitos en efectivo y transferencias, que fueron realizados por él mismo y por terceras personas de forma irregular; al igual que se encuentran giros al exterior por el monto de $us 51.346.671 a los lugares de destino de Alemania, Turquía, Costa de Marfil y Bélgica, de cuyos beneficiarios se desconoce la relación con el señor José Rengel Terrazas”, señala parte del memorial de la audiencia, al que tuvo acceso la ANF, que se efectuó del pasado 15 de febrero.
En septiembre de 2022 se informó que el diputado suplente era objeto de investigación desde la Fiscalía de La Paz por movimientos irregulares que detectó la UIF.
Anoche, la ANF llamó insistentemente a los dos números de teléfono del legislador acusado, su corporativo y su personal, pero no recibió ninguna respuesta.
También se intentó contactar al abogado defensor Jorge Nina Altamirano, no obstante, éste respondió a un mensaje de texto y negó ser el abogado defensor, pese a que su nombre figura en el memorial de la imputación formal.
El 24 de noviembre de 2022, Rengel, en una entrevista con este medio, justificó su fortuna y dijo que empezó a trabajar a temprana edad, que todo es producto de su esfuerzo; además, indicó que compró un edificio en La Paz y vendió los departamentos, pero los propietarios no hicieron el cambio de derecho propietario y por eso los 44 inmuebles continúan registrados a su nombre.
Según la investigación oficial, se pidió informes a de Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), al municipio de La Paz, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al Consejo de la Magistratura, al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entre otras entidades. Todas enviaron sus reportes.
“El suscrito Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción y de materia contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital, determina aplicar medidas cautelares de carácter personal”, señala la resolución del juez y puso tres condiciones: presentación al sistema biométrico de la Fiscalía cada 15 días; prohibición de comunicarse con testigos del caso; y finalmente, presentación de dos garantes solventes quienes puedan empozar la suma de Bs 70.000 en caso de fuga del imputado.
El artículo 152 de la Constitución Política del Estado resalta que los legisladores no gozan de inmunidad, pero limita la detención preventiva de los legisladores al delito flagrante.
La defensa, en la audiencia, dijo que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones en contra de su cliente y que toda la imputación de basa en un informe del Banco Unión.
“Se ha establecido la concurrencia de autoría sin establecer modo, tiempo y lugar y sin establecer el objeto material del delito y en base a elementos indiciarios que no han sido probados por el Ministerio Público”, señala el texto de la audiencia.
Sin embargo, el Viceministerio de Transparencia Institucional se adhirió como parte a lo establecido por el Ministerio Público y solicitó en audiencia de medidas cautelares se aplique la detención preventiva por tres meses.
Campaña por una mejor justicia
Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana. El principal objetivo es que se pueda instaurar un nuevo método de selección de jueces que garantice independencia y probidad en sus actuados. Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.
Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país.
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