La Paz, 24 de enero de 2023 (ANF).- Juan Del Granado fue el abogado de las víctimas de la dictadura de 1980-1981, remonta a ese tiempo para sostener que el intento de juzgar a la expresidenta Jeanine Añez por la vía ordinaria representa la demolición y desconocimiento del Estado de derecho, porque incluso Luis García Meza el “dictador y golpista por excelencia” tuvo derecho a un juicio de responsabilidades.
El juicio de responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia duró nueve años, proceso en el que las víctimas y la defensa de García Meza presentaron las pruebas de cargo y descargo, se respetaron todas las garantías y los derechos del acusado. Se respetó y aplicó principalmente la Constitución Política del Estado, detalla Del Granado a la ANF.
La exmandataria enfrenta ocho procesos, cuatro en la vía ordinaria y cuatro proposiciones acusatorias que radican en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la espera de que se autorice o no el juicio de responsabilidades para que éste se sustancie en el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata impulsan que Añez sea juzgada por un tribunal ordinario y no por el Tribunal Supremo de Justicia. La pasada semana el ministro Iván Lima informó que un juzgado de El Alto decidirá si es juzgada por la vía ordinaria o por juicio de responsabilidades.
“Esto expresa no solo la violación de los derechos constitucionales de la exmandataria, sino representa la demolición del Estado de derecho en Bolivia.No se trata de la señora Añez, he sido critico a su gobierno, se trata de una exmandataria. Tiene y debe ser obligatoriamente juzgada por el Tribunal Supremo de Justicia como manda la Constitución. La Constitución como la de hoy o la de ayer no distingue si son (presidente) de facto o constitucional”, declaró el jurista.
García Meza, militar y general de división de las Fuerzas Armadas, lideró el golpe de Estado el 17 de julio de 1980. El juicio en su contra comenzó en 1986 y en abril de 1993 la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 30 años de prisión sin derecho a indulto, al igual que a su principal colaborador Luis Arce Gómez.
“García Meza el dictador golpista por excelencia fue juzgado ante Corte Suprema de Justicia con juicio de responsabilidades, se le reconoció y aplicó la Constitución, aquella que García Meza se la metió al bolsillo, aquella que la pisoteo. Nosotros usamos la Constitución para juzgarlo”, afirmó Del Granado a esta agencia de noticias.
Recordó que ese juicio “histórico” para el país ha gozado de “legalidad y legitimidad” porque se “respetaron todas las garantías” de un debido proceso, se “respetaron todos los derechos” de un militar dictador. Lo que en la actualidad no sucede.
Precisó que la restricción que tuvo García Meza fue el “arraigo” en Sucre durante los nueve años que duró el juicio, “ni siquiera estuvo preso un solo día, solo estuvo arraigado. Tenía libertad de movimiento. Aun así, pidió permiso a la Corte Suprema para viajar –si no me equivoco a La Paz, pero volvió”.
La expresidenta Añez está detenida desde el mes de marzo de 2021, ha sido privada de visitas, incluso de ser atendida en un centro médico a raíz de su estado de salud, a mucha presión y tras denuncias le hicieron exámenes en un hospital, pero nunca se le concedió la internación.
Este martes un juzgado de la ciudad de El Alto decidirá si Añez será juzgada vía juicio de responsabilidades o por un juzgado ordinario. El ministro Lima manifestó que este tema debe ser parte de una decisión judicial.
“El día de hoy (19.01.2023) nos ha contestado (el juez) señalando una audiencia para este martes 24, va haber una audiencia en la cual se va a definir todos estos aspectos. Hemos planteado lo que se conoce en derecho como inhibitoria, le hemos pedido a la justicia boliviana que defina si Añez debe ser juzgada por las masacres de Senkata en la vía ordinaria o en la Asamblea Legislativa”, dijo Lima la anterior semana.
El Movimiento al Socialismo no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para enjuiciar a la mandataria, más allá de la existencia de pruebas o indicios de responsabilidad, Lima ya anticipó que debe ser condenada a 30 años de prisión.
Al no tener dos tercios, el oficialismo y el Gobierno pretenden llevar los juicios como el de Senkata a un proceso ordinaria, es decir, donde un juzgado "garantice" una sentencia, este no sería el primer caso en el que está en duda la “legalidad” de los procesos. La mandataria ha acusado una y otra vez la inexistente independencia de jueces y fiscales por está subordinados al poder político.
Un tribunal ordinario ya desconoció la investidura de Añez como mandataria, alegando que ella no demostró que asumió la presidencia en noviembre de 2019, por lo tanto, resolvió que tenía competencia para juzgar a la exmandataria por el caso denominado EBA (Empresa Boliviana de Alimentos). Este es el principio del que se sujeta las voces del oficialismo para seguir esta misma ruta.
Tarde o temprano esos juicios contra Añez se van a anular
Del Granado argumenta que esta enmarañada ruta que está tomando el MAS, el Gobierno y sus voceros, y no por “ignorancia”, sino por “mala fe, por una manipulación política”, raya en la inconstitucionalidad absoluta, lo que es totalmente riesgoso.
El jurista cree que no solo preocupa la demolición del Estado de derecho, sino la “burla” del MAS hacia las víctimas de la crisis de 2019 “porque ese juicio si van por la vía ordinaria tarde o temprano ese juicio se va anular”.
“Estos señores del MAS se están haciendo la burla de las víctimas. Se va anular, será nulo de pleno derecho, el juez ordinario, en La Paz, en El Alto donde sea no tiene competencia, no tiene jurisdicción para juzgar a una exmandataria”, sentenció una vez más.
Aboga por respetar las leyes en los juicios porque es el único mecanismo para esclarecer y reconstruir la verdad, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones. “Eso es la justicia, no es juzgar como le da la gana al gobierno de turno.
“La señora Añez tiene el derecho de un juicio de responsabilidades, tiene que tener la oportunidad ante el Tribunal Supremo de Justicia de presentar sus descargos, como las victimas presentarán las suyas. Como ocurrió con García Meza”.
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