La Paz, 9 de mayo (ANF).- Garantizar funcionarios leales y comprometidos con el gobierno de Luis Arce, impulsar a los profesionales y técnicos de las organizaciones sociales para que formen parte del aparato estatal y responder al despido masivo de masistas durante el gobierno interino de Jeanine Áñez son los argumentos que defienden y establecen el uso de avales de organizaciones sociales para solicitar y desempeñar labores en la función pública.
El secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros, confirmó y justificó a la ANF el uso de avales que emiten las organizaciones sociales, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), para que profesionales o técnicos puedan solicitar trabajo en las distintas reparticiones del Gobierno.
“Después del ‘golpe de Estado’, por rabia, por bronca y por proteger el Proceso de Cambio, por todo lo que ha significado el golpismo, las organizaciones han visto por conveniente otorgar estos respaldos para constituir una suerte de filtro, (y garantizar) que los elementos que se están enviando a la función pública son elementos no solamente de formación profesional, técnica, de convicción política, sino también que no sean gente traidora, infiltrada que pueda socavar el Proceso de Cambio de nuestro gobierno”, aseguró Claros.
El vocero de la organización social sostuvo que la medida también sirve para recuperar los espacios laborales que, en el gobierno transitorio, se han perdido cuando se ha dispuesto “el despido, ni siquiera despido, la expulsión de funcionarios masistas”. Además, justificó que los cupos laborales tengan que ser ocupados por profesionales y técnicos de sus organizaciones sociales.
“En otrora, los indios hicimos la revolución del 52, pero los indios no tomamos el poder. Esa fue la gran desventaja. Esta vez, cuando llegó el primer Presidente indígena, Evo Morales Ayma, los indios sí tomamos el poder. La primera vez con grandes debilidades, con la conformación de cuadros para ejercer la función pública, pero con la recuperación de la democracia. Todos esos aspectos han ido mejorando trascendentalmente y evidentemente tenemos una gran demanda laboral de nuestros hermanos y hermanas de nuestras comunidades que están formados perfectamente en el ámbito técnico, académico, para los diferentes campos que el Estado requiere en este momento”, argumentó el secretario de Comunicación de la CSUTCB.
El dirigente admitió que esta práctica de los avales no viene siendo reciente, en los gobierno del expresidente Morales también fue recurrente, pero “de pronto no era tan visible” y recordó que una vez el exmandatario bromeó con los militares al respecto: “antes, los militares iban a pedir aval de la Embajada americana pero ahora piden aval de las organizaciones sociales”. Esto en un ejercicio de “soberanía política”, aseguró.
Claros sostuvo que, al parecer, esta medida de garantía y filtro no es suficiente para evitar que existan funcionarios “traidores” que sigan trabajando en la actual administración estatal y criticó a “altos funcionarios” que están ejerciendo la función pública sin aval de las organizaciones sociales. Además, negó que existan cobros por la emisión de estas cartas de recomendación.
“Quiero ser enfático, muy taxativo en esto. Debo negar categóricamente que este tipo de respaldos, que surgen de algunas organizaciones, en absoluto, en ningún momento se ha decidido que tiene una remuneración económica ni en ningún sentido”, resaltó el vocero de la CSUTCB y llamó a denunciar a las personas quienes lucran a nombre de las organizaciones sociales y posibles dirigentes.
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