La Paz, 2 de octubre (ANF).– Los servicios de salud en Bolivia están suspendidos hace 45 días por una protesta de los médicos que piden que el Gobierno atienda sus cuatro demandas: la institucionalización de cargos médicos de base, intermedios y jerárquicos; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad de la Caja Nacional de Salud y la destitución de su gerente; el cumplimiento de la Ley 3131 y su inclusión en la Ley General del Trabajo y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
En esta oportunidad, el representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero y el asesor legal de la institución, Marcos Vargas, explican las tres razones principales para entender por qué piden ser incluidos a la Ley General de Trabajo.
1: Protección legal
Para el ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero, ser parte de la Ley General de Trabajo es el pedido máximo e irrenunciable de los profesionales de la salud pública, porque afirma que ese sector es el brazo operativo y fundamental del Sistema Único de Salud (SUS) y, por tanto, considera que deben ser incluidos en la norma para gozar de beneficios laborales, como indemnizaciones en caso de muerte o retiro y, que actualmente, no tienen.
Rememora el caso del doctor del Instituto Gastroenterológico del complejo hospitalario de Miraflores, Gustavo Vidales, quien falleció por Arenavirus, después de atender a otra colega que llegó con el mismo mal desde Caranavi y quien también murió.
Dice que el caso del profesional, es un claro ejemplo de lo desprotegido que están los galenos del sector público. Primero, porque no gozan de insumos de bioseguridad en los nosocomios públicos y eso hace vulnerable a los médicos que, de manera permanente, están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedades, por lo que es necesario que el Gobierno destine recursos técnicos y humanos para mejorar las condiciones.
Segundo, Romero, afirma que, en caso de muerte de algún galeno en el ejercicio de su profesión, como el ocurrido con Vidales, el Gobierno no indemniza a su familia y esta se queda desprotegida.
“La familia sufre por el desamparo, sufre porque nuestro sector no cuenta con la protección legal de la Ley General de Trabajo. Si cualquier colega muere ahora o mañana, sus hijos no reciben una indemnización y ¿quién va precautelar por el bienestar de sus hijos? Por eso, exigimos ser incluidos a la Ley para sentirnos protegidos y seguros”, remarca.
El representante afirma que su demanda tiene respaldo legal en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, el artículo 1 de la Ley General del Trabajo y los Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "en el que expresan que todos los profesionales tienen derecho laboral irrenunciable, y en el caso nuestro, al estar expuestos a tanto riesgo laboral, con mayor razón".
2. Estabilidad laboral
El asesor legal del Sirmes, Marco Vargas, explica que otra de las razones fundamentales para ser incluidos en la norma es la estabilidad legal y laboral. Agrega que al menos 17.000 profesionales que trabajan en centros de salud y hospitales públicos no gozan de ningún tipo de beneficio y que de ese número, el 10% trabaja a contrato “por años” y con el riesgo de ser despedido en cualquier momento.
Refiere que esa situación, provoca que muchos profesionales prefieren salir del país o laborar en el sector privado, o la seguridad social para ejercer la medicina, lo que actualmente, provoca un desequilibrio en el sistema público, ya que de forma recurrente hay “carencia” de especialistas que impide que los pacientes reciban atención oportuna y adecuada.
En esa línea, otro de los reclamos es que, a consecuencia de este vacío, hay médicos que están a contrato que pese a que ahora, el Gobierno les ha dado ítem ministerial, pero carecen de los beneficios que otorga la Ley de Trabajo; es decir no reciben pagos por feriados, turnos nocturnos y horas extras.
"Se observa que muchos profesionales, al no contar con estos beneficios optan por pugnar por espacios en la seguridad a corto plazo, irse al exterior o en el último de los casos, tener que recurrir a un espacio privado para ejercer la medicina”, dice.
3. Calidad en salud
El representante del Sirmes, Fernando Romero, asegura, que si se pide ingresar a la normativa no es para percibir mejores sueldos o trabajar menos horas, sino para mejorar la calidad en salud. Afirma, que, con el amparo legal y los beneficios a los profesionales, el sistema público se reforzará con más especialistas que nutran las atenciones a los enfermos.
Por eso, exige que el Gobierno emita un decreto supremo, que garantice la total inclusión a la Ley General de Trabajo.
“Si vamos a estar amparados en esta norma, la calidad de salud va mejorar, se va a fortalecer con más profesionales que van a poder tener seguridad y estabilidad laboral”, afirma.
Agregó que los profesionales del sector de la salud pública son los únicos que no están inmersos en la Ley General. Seguridad a Corto Plazo y otro tipo de profesionales sí lo están.
Sobre esta demanda, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, remarca, que incluir a los médicos a la Ley de Trabajo de forma inmediata demandaría al Estado más de Bs 1.200 millones.
Este miércoles, la autoridad planteó establecer una mesa técnica y sumar la participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para analizar la petición.
El sector añade que entienden la dificultad de que todos sean incorporados esta gestión, por ello no ven con malos ojos que la incorporación sea gradual.
“Que nos incorporen hasta el 2025, pero que reconozcan que tenemos que ser parte de la Ley General del Trabajo y busquemos los mecanismos financieros para ello”, explica.
Actualmente, los médicos están regulados por un régimen especial del ejercicio médico, que según los galenos no da las mismas garantías que la Ley del Trabajo.
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