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Politica

21 de diciembre de 2018 22:51

/Anuario 2018/ El año en que Evo fue acusado en la ONU por vulnerar derechos indígenas

El 2018 fue el año en que indígenas amazónicos denunciaron ante la 17 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (Unpfii) en Nueva York, la vulneración de sus derechos.

44 Foto: Fundación Solón
SEPTIEMBRE 1
La Paz, 21 de diciembre (ANF).- Del discurso de la defensa de la Madre Tierra al banquillo de los acusados, así transcurrió el año para el presidente Evo Morales quien fue denunciado ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que expresó su preocupación por la ausencia de procesos de consulta a los pueblos indígenas en Bolivia respecto al futuro de sus territorios.

2018 fue el año en que indígenas amazónicos denunciaron ante la 17 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (Unpfii) en Nueva York, la vulneración de sus derechos, la no consulta desde el Estado para desarrollar actividades extractivistas o megaproyectos en sus territorios, y lo más grave, la intencionalidad de provocar un posible etnocidio.

La Unpfii instó al Gobierno “indígena” de Evo Morales a “respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas” para que éstos ejerzan “sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos” y expresó su preocupación por la ausencia de procesos de consulta a los pueblos indígenas en Bolivia como el caso de los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas.

El Foro precisó que “los pueblos indígenas se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, incluyendo a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas”.

Desde San José de Uchupiamonas, comunidad amazónica del Parque Nacional Madidi viajó hasta Nueva York, una comitiva de líderes indígenas amazónicos y tierras bajas para denunciar al Gobierno.

Ruth Alipaz Cuqui, líder indígena de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey encabezó la delegación. Puso en evidencia ante las Naciones Unidas el grave estado de amenaza que enfrentan 51comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía y las tierras bajas por los megaproyectos hidroeléctricos Chepete Bala y Rositas, que avanzan sin la consulta desde el Estado.

“A nombre de mis hermanos de las naciones Mosetén, Tsimane, Esse Ejja, Tacana, Leco y mi propio territorio, Uchupiamona, pido que se respeten nuestros derechos, a ser escuchada nuestra voz en contra de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete Bala que amenazan nuestra existencia y territorios”, resonó la denuncia que sacudió a propios y extraños.

Desnudó la alta situación de vulnerabilidad del pueblo no contactado, probablemente Toromona amenazado por las actividades de exploración de hidrocarburos en el norte de La Paz. “Exponen a los pueblos no contactados que habitan en esta zona violando todos sus derechos e irrespetando su decisión de vivir en estado de aislamiento voluntario”, reclamó.

La indígena denunció que el Gobierno de Evo Morales pretende represar ríos ocasionando la inundación de 48 comunidades indígenas y campesinas y destruir más de 771 kilómetros cuadrados de dos áreas protegidas como son la Reserva de Biosfera Pilón Lajas y el megadiverso Parque Nacional Madidi donde habitamos más de cinco mil indígenas que serán desplazados de sus territorios.

“Nuestro Estado Plurinacional que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue elevado al rango de Ley 3760 y haber sido incluido en nuestra Constitución ha violado nuestros derechos de los pueblos indígenas que enfrentan amenazas sin haber sido consultados”, afirmó.

La mujer indígena que se dedica a emprendimientos de ecoturismo recordó que el Gobierno boliviano tiene la obligación de realizar procesos de consulta de buena fe para cualquier acción legislativa o administrativa  susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.

En el caso de la hidroeléctrica Rositas denunció que incluso hay un contrato para la construcción de la hidroeléctrica sin haber hecho la consulta y sin informar los impactos. “Lo mismo sucede con Rositas que inundará a 450 kilómetros cuadrados y afectará tres áreas protegidas  y tres comunidades guaraníes”, denunció.

Tariquía: contratos sin consulta

En la línea que marcó el vicepresidente, Álvaro García Linera, de declarar abiertamente que las “Áreas Protegidas son un invento de los gringos”, el 2018 el Gobierno no guardó formas y aprobó tres licencias ambientales para los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en los pozos Astillero X1 y Astillero X2, Chu X2 y Chu X3 y Domo Oso X-1 y Domo Oso -X-2 sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas.

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini advirtió que la otorgación de licencias ambientales a los proyectos hidrocarburiferos Domo Oso, Churumas y Astillero, representan la clara intención de someter a las comunidades que habitan en la reserva, además de poner en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental por las características que implican la perforación de pozos petroleros.

También lamentó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) aprobara un nuevo plan de manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía de Tarija del año 2014 y que recién fue conocido por las comunidades afectadas.

Explotación del oro sin consulta

No sólo desde el Estado se dieron las vulneraciones a los pueblos indígenas, campesinos y originarios, sino también protagonizado por actores aliados al Gobierno como el sector cooperativista que penetró territorios indígenas con la explotación ilegal del oro en alianza con capitales extranjeros.

Los titulares de áreas mineras otorgadas por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) ingresaron a zonas altamente sensibles como los ríos amazónicos, gigantes dragas de capitales chinos y colombianos para la explotación aurífera intensiva. Lo hicieron sin consultar a las poblaciones afectadas, tal como lo reveló ANF en su reportaje: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas”.
 
En ese contexto se consolidaron los derechos de los actores mineros por encima de los derechos de pueblos indígenas que terminan siendo expulsados de sus territorios o doblegados a sumarse a la actividad extractivista depredadora.

/JMC/




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