La Paz, 20 de diciembre (ANF). - El Movimiento al Socialismo
(MAS) creó dirigencias paralelas en al menos una veintena de organizaciones
sociales, comités cívicos y otros organismos; opositores y activistas de
derechos humanos afirman que es una práctica habitual del oficialismo para
controlar a los sectores del país.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) es la última institución que se pretende consolidar el paralelismo institucional por los sectores afines al instrumento político. El viernes, en una reunión que se desarrolló en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), se conformó un directorio paralelo a la cabeza de Édgar Salazar, identificado como militante del MAS.
"La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha elegido a su nuevo directorio, he sido honrado y me han elegido como presidente de esta institución. En este encuentro han participado las asambleas departamentales y los representantes de las organizaciones sociales del país”, dijo Salazar.
Ese mismo día, en Santa Cruz se intentó crear el “Comité Cívico Popular” impulsada por sectores que simpatizan con el partido oficialista. A criterio de los opositores, el MAS está impulsando el desconocimiento del Comité pro Santa Cruz, uno de los sectores más contestatarios al partido oficialista.
En ese contexto, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Wilfredo Pomar, advirtió que el MAS tiene una forma de operar muy particular, que consiste en crear dirigencias paralelas y tomar las instituciones que no están de acuerdo con sus políticas de gobierno.
“Las acciones que están asumiendo Luis Arce y David Choquehuanca es dar continuidad a lo que hacía Evo Morales durante los 14 años de gobierno: tomar cualquier institución que sea contestataria. Ya lo hicieron con la Cidob, con el Conamaq y lo intentaron hacer con Adepcoca pero fracasaron”, manifestó el activistas.
Persecución
Por otra parte, la presidenta interina del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Roxana Graz, advirtió que el gobierno está impulsando la persecución de los dirigentes cívicos de esa región con el fin de controlar esa institución.
Empero, el intento de tomar esa institución viene desde el 2012 cuando el oficialismo movilizó a sus afines para crear un Comité Cívico Integracionista de Potosí, con el objetivo de minimizar las acciones de Comcipo.
Paralelismo
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, recordó que otra de las instituciones que fue intervenida por el MAS fue la Defensoría del Pueblo, porque su responsable interina Nadia Cruz se inclina en la defensa de los intereses de los oficialistas. Además. Advirtió que no existe la intención de cambiarla porque hasta el momento no se avanza en la convocatoria para elegir a un titular.
Desde el 2017 tras su ruptura con el Gobierno a causa de la Ley General de la Coca, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz también fue afectado por las dirigencias paralelas. En julio de ese año, un grupo de cocaleros eligieron a Elena Flores como presidenta de la organización, que fue identificada como simpatizante del MAS, incluso se creó la Confederación Nacional de Productores con Carpeta al Detalle (Conalprodc).
En julio de este año, apareció otra dirigencia a la cabeza de Arnold Alanes que recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Inclusive tomó a la fuerza las instalaciones del mercado de coca de Villa Fátima. Sin embargo, ese hecho fracasó ya que los afiliados retomaron su edificio.
Al igual que esas organizaciones, desde el 2011 el MAS también intervino la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) el Consejo de Ayllus y Marqas del Qullasuyo (Conamaq), la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin), los comités cívicos de La Paz, Tarija, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, la dirigencia Cívica de Achacachi y los Ponchos Rojos, las Federaciones de Juntas Vecinales (de varias ciudades).
Las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure quedaron divididas durante el desarrollo de la consulta previa libre e informada encarada por el Gobierno; también creó los comités cívicos populares en las ciudades para responder a los comités cívicos.
La primera organización que fue afectada con la creación de una dirigencia paralela fue la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), tras la marcha de 2011 contra la construcción de la carretera por el Tipnis y la violencia de Chaparina.
En esa ocasión, el Gobierno se alejó de la dirigencia de Adolfo Chávez y creó su propia directiva liderada por Melva Hurtado. Posteriormente, le tocó el turno al Consejo de Ayllus y Marqas del Qullasuyo (Conamaq), que entre 2012 y 2014 sostuvo un pulso con el Gobierno por el control de las oficinas y por discrepancias políticas.
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