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Politica

24 de noviembre de 2022 18:21

Advierten que el Estado no tiene voluntad para hacer frente a la violencia de género

Eulogia Tapia, Iris Baptista y Melissa Rosales participaron en un conversatorio sobre la extrema violencia hacia las mujeres a propósito del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

7ff2033f-a722-4a81-ad89-c9f778d9e4d5 Tapia, Rosales y Baptista. Foto: ANF
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La Paz, 24 de noviembre de 2022 (ANF).- Los escalofriantes casos de violencia y feminicidios en Bolivia estremecen a diario; paradójicamente se naturalizan las prácticas agresivas hacia las mujeres sin que el Estado muestre voluntad para enfrentar la violencia de género y estructural

Hasta lo que va del año se han registrado 77 feminicidios en el país, según la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); mientras que los casos de agresión física siguen en escalada, las características son cada vez más crueles. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En ocasión de la fecha, la integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia; la coordinadora del Programa de Equidad para el desarrollo de UNITAS, Iris Baptista, y la coordinadora de proyectos sociales de la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz, Melissa Rosales, abordaron esta temática en el conversatorio: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.

Tapia sostiene que hay un escenario desesperanzador, sin confianza en las autoridades llamadas a asumir acciones para frenar la violencia y que se "aplazaron. "Hemos perdido la confianza de que hagan algo", precisó. Feminicidios ejecutados con odio, en los que los autores son cada vez más jóvenes. ¿Cómo frenamos esta situación crítica?, se pregunta. 

Baptista identifica que existen causas estructurales como el sistema de dominación patriarcal y capitalista, que no se limita a las relaciones de poder de hombres y mujeres, sino a otras más “grandes” de dominación económica, política y social.

“En un sistema donde el patriarcado y las acciones machistas, los constructos masculinos todavía responden a estructuras de dominación, entonces hay unas relaciones de poder. Unas causas estructurales en una sociedad boliviana que todavía es patriarcal”, sostiene.

Detalla que –por ejemplo- las condiciones económicas generan violencia y afectan en particular a las mujeres, que generalmente perciben bajos ingresos económicos porque en el mercado laboral tienen los trabajos más precarios o más insalubres. 

Argumenta que existe todo un entramado social, desde lo religioso, cultural, los usos y costumbres y las instituciones que reproducen esas formas de subordinación o de dominación en una sociedad violenta.

Las expositoras coincidieron que los feminicidios “no son casuales”, sino que son el resultado de un proceso sistemático de agresiones, Baptista preciso que en los casos de feminicidios las mujeres denunciaron al menos una vez que eran víctimas de violencia, pero que no encontraron la protección del Estado.

Entonces, “no hay voluntad política del Estado de ver que estamos viviendo en una sociedad con violencia, no solo hacia las mujeres, no solo violencia de género, sino una violencia estructural en diversos ámbitos”.

Tapia destaca que los casos son cada vez más "escalofriantes", "crueles" y "dolorosos". Apunta a las consecuencias de esta violencia extrema, los costos sociales de los feminicidio que se constituye en una secuencia de agresiones que viven muchas mujeres. Hace énfasis en los efectos humanos y sociales porque tras un feminicidio quedan familias desestructuradas, niños y niñas huérfanas, familiares que deben asumir responsabilidades.

“El problema del feminicidio tiene consecuencias terribles. Nadie valora ese sacrificio de la familia, nadie valora el costo que tiene, nadie valora la pérdida que tienen estos niños. Es un problema muy grande. Por eso para nosotros no es solamente un número, son personas son mujeres que han perdido la vida, son mujeres que ya no están en este momento para decir su verdad”, reprocha.

Describió que el Estado no se preocupa de los huérfanos, que en muchos casos quedan totalmente solos, otros con los abuelos y abuelas y en algunas situaciones con los familiares de las víctimas. Después del trauma de perder a la madre no tienen asistencia social, ni psicológica.

Melissa Rosales añade que –además- las mujeres tienen que enfrentarse a una “sociedad juzgadora” que en algunas circunstancias culpa a las mujeres, interpela las razones por las que no denunció y “aguantó” la violencia de sus agresores.

Observó que las instituciones estatales tampoco acompañan la toma de decisiones de las mujeres, hay evidencia de que la Policía no actuó oportunamente ante las denuncias de las mujeres, o las investigaciones no prosperaron y no se establecieron los mecanismos de protección a las víctimas de violencia.

“Tenemos también las instituciones que no coadyuvan en este proceso de toma de decisiones de las mujeres y que estamos frente a grados de impunidad”, protestó Rosales. Pero, además, las mujeres que deciden separarse de sus agresores y alejarlos de sus vidas se hacen de “enemigos” en los entornos familiares, añade Tapia.

La integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres asegura que vivimos una violencia sistémica que se ha naturalizado”. Explica que los gritos y el maltrato verbal no se consideran violencia porque las personas normalizan ese tipo de trato.

Baptista reivindica que las mujeres “somos sujetos políticos”, iguales ante la ley, aunque reflexiona que esto parece ser una formalidad, pero no la realidad porque las mujeres son objeto de “castigos, no solo individuales sino colectivos” cuando exige el cumplimiento de sus derechos.

La violencia política en la impunidad

La violencia no se limita al espacio privado, sino al espacio público. Las mujeres en cargos públicos están expuestas a sufrir diferentes formas de agresiones, incluso hasta el asesinato.

Es inevitable que las participantes del conversatorio se refieran al caso de la concejala del municipio de Ancoraimes, en el departamento de La Paz, Juan Quispe, asesinada hace una década, pero que el caso sigue en la impunidad.

“Doña Juana es el caso emblemático, es el ejemplo de la impunidad que reina (porque) son más de 10 años porque el 12 de marzo la asesinaron. Ya estamos terminando octubre del 2022 (cuando se hizo el conversatorio)”, sostuvo la Tapia.

¿Pero cómo revertir la violencia hacia las mujeres o cómo contribuir para eliminar la violencia de la sociedad boliviana? Iris Baptista plantea reflexionar sobre la educación, cree que se debe introducir contenidos sobre sexismo, sexualidad y relaciones de poder.

Añadió que la sociedad civil tiene que exigir al Estado que respete y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas. 

Tapia, Rosales y Baptista instaron a las autoridades estatales, a las organizaciones y a los medios de comunicación a no perder de vista que detrás de cada feminicidio existe una familia, madres, padres, hermanos, hermanas, y principalmente en muchos casos hijos e hijas que quedan en la orfandad.

//NVG//




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