Nancy Vacaflor G.
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Nemesia Achacollo se había convertido en una poderosa ministra del gobierno de Evo Morales, a quien acompañó de 2010 hasta 2015 cuando renunció al cargo, después de que la Interventora del Fondo Indígena detectó un daño económico de Bs 102 millones en la institución. Un año después fue aprehendida y hoy guarda detención en la cárcel de Miraflores de La Paz.
Es la segunda exministra, después de Julia Ramos, detenida por las irregularidades en la institución creada para administrar el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para proyectos productivos en las comunidades indígenas y campesinas.
Achacollo ejerció en su calidad de ministra de Desarrollo Rural la presidencia del directorio del Fondo. En ese marco, fue señalada por los detenidos en las cárceles como una de las principales responsables de la mala conducción de la entidad, el Ministerio Público tardó al menos un año en convocarla a declarar.
En medio de las investigaciones del caso, Achacollo fue nombrada jefa de campaña en Santa Cruz para las elecciones subnacionales de 2015; lo que significó para la oposición un acto de protección política del partido de Gobierno a quien estuvo al frente del Fondo Indígena, al que señalaron como un centro de corrupción.
La Contraloría General del Estado detectó en un informe poco antes de las elecciones subnacionales de 2015, un presunto daño económico de Bs 71 millones por desembolsos destinados a la ejecución de proyectos “fantasmas” o inconclusos.
El senador Oscar Ortiz (UD) duda del monto porque, según los reportes del ministerio de Economía, se transfirieron Bs 3.000 millones, pero sólo se desembolsó más de Bs 728 millones para los 1.099 proyectos que la institución aprobó.
De hecho, el mismo Ortiz presentó un informe al finalizar la gestión en el que estableció que el daño económico al Estado fue de 545 millones de bolivianos y que el dinero fue a parar a 1040 cuentas particulares.
El diputado Rafael Quispe, que es querellante en el caso, tampoco cree que el daño económico sea solo de 170 millones de bolivianos. “Lamentablemente estamos cerrando otro año sin conocer la cifra exacta del daño por las irregularidades en el Fondo”, dijo a ANF.
El Fondo Indígena financió 1.099 proyectos, transfirió Bs 729.732.136 y le faltaba por desembolsar Bs 363.175.850; lo que significa que esta entidad aprobó financiar Bs 1.092.308.017 (mil noventa y dos millones trescientos ocho mil diecisiete bolivianos).
A la fecha existen 105 imputados, 10 con detenciones domiciliarias, 37 con detención preventiva, dos con medidas sustitutivas, 18 personas declaradas rebeldes y 20 con medidas cautelares. Entre los acusados están Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, exdirectores; Damián Condori, Félix Becerra, Melva Hurtado, exdirigentes de las organizaciones sociales.
Además de los dirigentes de las organizaciones sociales y del Ministerio de Desarrollo Rural, también eran miembros del directorio con delegados los ministerios de Economía, Planificación, Desarrollo Productivo y Presidencia. Ningún representante de esas Carteras de Estado fue convocado por el Ministerio Público.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, deslindó toda responsabilidad alegando que su despacho realizó la transferencia de recursos económicos, pero no es un ente de fiscalización, aunque el Decreto Supremo de creación le da facultades para bloquear las cuentas si no se presentasen -por ejemplo- los estados financieros y las auditorías.
Quispe pidió la ampliación de la denuncia contra Arce, pero a la fecha no fue convocado para declarar sobre su petitorio. “Sólo indígenas están en las cárceles, pero ninguno del entorno de Gobierno”, protestó.
El exdirigente campesino y exaliado del MAS, Damián Condori, ya había reclamado porque el Ministerio Público sólo actuó en contra de los indígenas y campesinos.
Después que César Cocarico asumió como ministro de Desarrollo Rural y el expresidente del Senado, Eugenio Rojas, fue nombrado director del Fondo de Desarrollo Indígena, se procedió a la reestructuración del Fondo. Se prohibió el depósito de recursos a las cuentas personales de los dirigentes; los gobiernos municipales serán los ejecutores de los recursos y se distribuirán de acuerdo a criterios de pobreza y población.
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Alberto García, analista:
“El movimiento indígena campesino sigue vigente”
El analista Alberto García considera que reducir todo este proceso al Fondo Indígena no es correcto. En su criterio, la perspectiva del movimiento indígena campesino sigue vigente porque “está como sostén del Gobierno y encarna todo el proceso de Evo Morales”.
“Reducir todo este proceso del movimiento indígena campesino al Fondo Indígena, no parece correcto. Lo sucedido con esa institución es parte de una gestión que no fue manejada adecuadamente con procedimientos no muy transparentes, dijo.
En su criterio, “la perspectiva del movimiento indígena campesino sigue vigente, aunque con los matices que ha tenido, pero sobre todo quién es el bastión del Gobierno y del MAS, es decir, la Confederación de Comunidades Interculturales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, es decir, el eje fuerte y el sostén del MAS, que es clave para el Gobierno”.
Por otro lado, destacó que el movimiento indígena de tierras bajas se abre en un horizonte vinculado a las autonomías. “El caso de Charagua que el 8 de enero constituye su primer gobierno indígena. Es la primera autonomía del país y no es un dato menor. Las poblaciones de Raqaypampa (Cochabamba) y Uru Chipaya (Oruro) aprobaron sus estatutos. Y el horizonte parece apuntar al Estado plurinacional”, señaló.
“Efectivamente, quienes están pagando el costo del Fondo Indígena son los propios dirigentes campesinos indígenas, eso no hay duda”, finalizó.
