La Paz, 9 de octubre (ANF).- Al conmemorarse 36 años de la recuperación de la democracia en el país, autoridades, activistas y especialistas en el tema opinaron sobre la situación de los derechos humanos en la última década. Hay quienes resaltan la aprobación de nuevas normas por el actual gobierno, y quienes critican y advierten un retroceso.
Para la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, en Bolivia tenemos una democracia “debilucha, engañosa y falsa” que no garantiza los derechos fundamentales de la población, porque en el país se ve y se siente más la injusticia.
“Creemos que tenemos justicia, que tenemos salud, educación, derechos humanos, pero la verdad es que no tenemos nada de eso. Hay inocentes en la cárcel, hay una injusticia política y social muy fuerte”, expresó la activista.
Carvajal considera que en los últimos 12 años del actual Gobierno “no hubo un cambio real en el tema de derechos humanos y democracia”. Remarca que la injusticia y la pobreza continúan afectando a los bolivianos.
Marco Loayza, especialista en Derechos Humanos y miembro de la Fundación Construir, señala que los años posteriores a la aprobación de la Constitución Política de 2009 “fueron halagüeños en cuanto al ejercicio de los derechos humanos”, pero con el tiempo se demostró que “queda muy poco” del Estado Plurinacional diseñado en la normativa, “siendo actualmente solo un discurso utilizado con afanes electorales”.
“La luz de los primeros años fue cambiando con el pasar de la gestión gubernamental, ahora podemos observar un retroceso”, dice.
Cita como ejemplos algunas libertades fundamentales vulneradas como la libertad de expresión y prensa, con los sistemáticos ataques a los medios de comunicación independientes; la libertad de asociación, donde las organizaciones no gubernamentales han tenido dificultades para desarrollar sus proyecto; la libertad de pensamiento conciencia y religión, que Bolivia todavía no reconoce la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
Asimismo, “con terror observamos la vulneración al debido proceso y otras garantías jurisdiccionales por nuestro lamentable sistema de justicia que al parecer no vislumbra una transformación en el corto plazo”.
Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, “vemos un sistema de salud deficiente, además de un sistema educativo que ha avanzado en algunos aspectos, pero que todavía no tiene la calidad que el país requiere”.
Por otra parte, agrega, “los derechos labores y de seguridad social todavía no se han extendido a toda la población boliviana”.
Evidencia que los derechos colectivos son “completamente arrollados” con “sucesos tan terribles como el de Chaparina, Caranavi, entre otros” pero nos “vanagloriamos cuando se aprobó nuestra Constitución”.
En contraposición con lo dicho por Carvajal y Loayza, está el punto de vista del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, quien destaca el desarrollo sobresaliente en el país, a partir de una Asamblea Legislativa “progresista” y un “nuevo modelo de Estado” que ha tratado de profundizar las formas de participación, representación y decisión del pueblo.
El defensor destaca principalmente el avance de la educación en el país que se encuentra “a la vanguardia de la región por el nivel de inversión” y que tiene que ver con construcción de escuelas, prevención de la deserción escolar, reducción del analfabetismo y mejora de los ingresos de los docentes”.
Así también destaca en materia de trabajo “la estabilidad y la inamovilidad laboral, el doble aguinaldo, con desafíos sobre derecho al trabajo digno”.
En materia de salud, indica que el Estado “ha ido construyendo hospitales, elaborado planes hacia un acceso universal, manteniendo la salud pública”, pero por “rezagos de lustros” aún hay varios desafíos y necesidades.
El defensor remarca que si se remonta el análisis de la situación de los derechos humanos desde la recuperación de la democracia en Bolivia, que deviene de 1982, se puede afirmar que “hubo una progresividad encomiable, como reconoce la comunidad internacional”.
En los 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se registraron varios casos emblemáticos de vulneración a los Derechos Humanos como el caso Caranavi, Chaparina, Olorio, Apolo, entre otros, que han quedado en la impunidad. Los casos más actuales son el conflicto de las personas con discapacidad, Achacachi y Adepcoca.
Carvajal se reprocha y dice que hace tiempo defendió a los que creyó que luchaban por un país mejor, los actuales gobernantes, pero se da cuenta que ahora hay gente humilde, pobre, viviendo en peores condiciones que antes.
Instó a la población a preguntarse si realmente está viviendo en democracia y no en dictadura y si está conforme con lo que está sucediendo.
El próximo 10 de octubre se conmemora el Día de la Democracia y las plataformas ciudadanas defensoras del 21F convocaron a una marcha nacional; asimismo, el Gobierno junto a sus movimientos sociales convocó a otra marcha para desafiar a los grupos ciudadanos que cuestionan la repostulación de Evo Morales en los comicios de 2019 y para reclamar que ellos son los legítimos herederos de la actual democracia que vive el país.
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