La Paz, 8 de febrero (ANF).- Los pueblos indígenas de Ecuador obtuvieron un histórico triunfo. La Corte Constitucional de ese país respaldó su derecho a decidir sobre sus territorios en la Amazonía.
Esta resolución se obtuvo en el marco del conocido caso de Sinangoe, por la demanda contra una empresa estatal que sin ninguna consulta previa a los pueblos del sector logró decenas de concesiones mineras.
“La Corte Constitucional del Ecuador protege y desarrolla el derecho de los pueblos y nacionalidades a decir NO a los proyectos extractivos. Frenó los planes extractivistas de Guillermo Lasso de duplicar la explotación petrolera y minera”, detalla la ONG ambiental Amazon Frontlines.
Es así que a partir de esta resolución, todas las comunidades podrán decidir, en base a sus formas de costumbres y gobernanza el futuro de sus territorios en la Amazonia. Esta resolución obliga a que el gobierno obtenga el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas para poder iniciar nuevos proyectos o nuevas etapas extractivas en proyectos existentes.
“Este es un fallo histórico y proporciona uno de los precedentes más poderosos del mundo sobre el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas, a tener la última palabra sobre proyectos extractivistas que afecten sus territorios”, informó la agencia El Resaltador.
Y será la misma Corte que reconocerá y garantizará por el derecho de las comunidades originarias a proteger las 9.3 millones de hectáreas que abarcan sus territorios amazónicos.
“Esta Corte ratifica las sentencias dictadas por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos y la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos”, detalla la sentencia en la demanda interpuesta por la nacionalidad indígena Sinangoe y Amazon Frontlines.
El 70% de la Amazonía ecuatoriana es territorio indígena, y a nivel nacional, los territorios indígenas comprenden nueve millones de hectáreas, mayoritariamente, y gracias a la gobernanza indígena, el estado ecológico y de biodiversidad de estos territorios se considera óptimo, pese a las diversas presiones que enfrentan, entre ellas la imposición unilateral por parte de diversos gobiernos de turno de proyectos de índole extractivo.
“Lo anterior pone de manifiesto que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado relativas a la protección de la naturaleza es y será posible gracias a los conocimientos y prácticas tradicionales y a los esfuerzos de defensa, protección y conservación de los pueblos indígenas como custodios de sus tierras”, establece la ONG.
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