MADRID, 25 de Mayo de 2023 (EUROPA PRESS) .- La ONG Amnistía Internacional (AI) ha solicitado este jueves a las autoridades peruanas que investiguen a fondo los episodios de violencia policial generalizados que se registraron durante las protestas antigubernamentales por el arresto del expresidente Pedro Castillo y que dejaron medio centenar de muertos.
"El uso de armas de fuego contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", ha protestado la secretaria general de AI, Agnès Callamard, quien ha reprochado al Gobierno de Dina Boluarte los esfuerzos constantes por presentar a los manifestantes como "terroristas o delincuentes".
"Las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas de entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal", ha denunciado Callamard.
"Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada", ha insistido.
Callamard, por ello, ha reclamado a la Fiscalía de Perú y al resto de autoridades competentes que averigüen si altos cargos "ordenaran o al menos toleraron" estas muertes, "sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando".
Las demandas de Amnistía se dan un día después de que la Fiscalía decidiera llamar a declarar por estos hechos a la presidenta Boluarte, quien deberá prestar testimonio el próximo 31 de mayo en el marco de una investigación preliminar por la presunta comisión de un delito de genocidio.
POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En su informe titulado 'Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú', AI analiza los casos de 52 personas que murieron o resultaron heridas durante las protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.
La investigación incluye 25 muertes, de las cuales 20 podrían ser calificadas como ejecuciones extrajudiciales, pues las fuerzas estatales dispararon munición real de manera indiscriminada contra zonas "sumamente vulnerables", como cabeza, cuello, tórax y abdomen. Todo, recalca AI, sustentado con pruebas de toda índole.
"Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos. Además, en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a los manifestantes", denuncia la ONG.
Amnistía lamenta también que a pesar de que las primeras muertes se registraron el 11 de diciembre en Andahuaylas, la Policía y Ejército continuaron usando "las mismas tácticas" en diferentes ciudades, días y hasta semanas después.
A pesar de las peticiones de las oficinas del Defensor del Pueblo, con llamada telefónica al ministro de Defensa, Alberto Otárola, incluida, los agentes siguieron dispararon indiscriminadamente contra la población civil "durante horas", repitiendo el mismo patrón en lugares, como Ayacucho, donde días antes varias personas habían muerto y decenas habían resultado heridas.
"Las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que además ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios", dice Amnistía, quien ha denunciado opacidad por parte de las autoridades cuando han pedido tener acceso a los registros e informes de aquellos días.
Amnistía recogido también el testimonio de un agente de Apurímac, quien bajo condición de anonimato, ha reconocido que entre policías es común coincidir en que si en frente hay un "grupo violento", se dispara a una persona "porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan".
RACISMO INSTITUCIONAL
El estudio incluye un análisis estadístico de las muertes registradas durante la protestas en favor del expresidente Castillo que sugiere un fuerte sesgo racial por parte de las nuevas autoridades peruanas, pues hay un número "desproporcionadamente alto" de muertes en zonas donde viven poblaciones históricamente marginadas.
Así, en Lima, donde sólo el 20 por ciento de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, se registraron 104 protestas, cinco hechos violentos contra población civil y un muerto.
Mientras que en Ayacucho, donde el 82 por ciento de la población se considera indígena o afrodescendiente, se registraron 37 protestas y cinco hechos violentos, pero fueron asesinadas por las fuerzas del orden 10 personas.
La Policía y el Ejército sólo utilizaron munición letal fuera de la capital, a pesar de que en Lima hubo unos niveles de protestas y violencia similares a los de otras regiones, concluye la investigación.
FALTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Amnistía teme que estas "graves violaciones" queden impunes puesto que la Fiscalía no ha puesto todavía en marcha investigaciones sobre lo ocurrido. "Aún no se han confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres", ha alertado la ONG.
Del mismo modo, Amnistía ha puesto también el foco en la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, a quien acusa de entorpecer cualquier investigación al respecto con algunas de las decisiones que ha ido tomando, como reorganizaciones de personal y falta de premura a la hora de asignar recursos y trabajadores a estos casos.
"Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, que solicite asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de Derechos Humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia", ha reclamado la organización.
Por último, Amnistía también ha pedido a la presidenta peruana, Dina boluarte, que condene lo ocurrido, ordene a las fuerzas de seguridad que no utilicen fuerza letal para contener las protestas y ponga en marcha los mecanismos necesarios para atajar el "racismo estructural que impregna" a las instituciones estatales.
