La Paz, 10 de julio de 2023 (ANF).- La Conferencia Episcopal Bolivia (CEB) aclaró al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que el Concordato con el Vaticano de 1851 “nunca entró en vigencia”, como aseguró el pasado 29 de junio en su red social Twitter.
“Nos vemos en la necesidad de aclarar que el mencionado Concordato nunca entró en vigencia, por no haber sido ratificado por el Congreso de nuestro país, como puede consultarse en obras de referencia (ver por ejemplo Diccionario Histórico de Bolivia, s.v. “Iglesia”)”, dice el comunicado de la CEB.
A fines del mes de junio, Chávez publicó en su Twitter: “He solicitado oficialmente se revise el Concordato con el Vaticano de 1851, que en términos medievales somete al Estado a una fe e incorpora el derecho canónico. Esto no debe impedir la aplicación obligatoria del derecho boliviano y sus tipos penales a todos. ¡Esta revisión es urgente!”.
Sin embargo, dicho Concordato no fue aprobado, por lo tanto, nunca estuvo vigente y tampoco existen los términos “medievales” en las relaciones con la Santa Sede ni con la Iglesia católica.
Precisó que el Estado es Laico y que en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado se “reconoce el ejercicio público de todas las religiones, siendo así que nadie ‘somete al Estado a una fe religiosa’”.
Chávez también dijo que se introdujo el Derecho Canónico, pero la CEB también aclaró que el mismo es solamente una regulación interna de la Iglesia, reconocida por el Estado, pero que no se antepone a la normativa nacional y no exime a un católico a cumplir las leyes del Estado boliviano.
El Procurador tras conocer el reportaje de un medio de comunicación internacional en el que se difundió partes del diario del sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas, acusado de pederastia, también pidió al Ministerio de Educación que intervenga los colegios administrados por la Compañía de Jesús.
En este contexto la Conferencia Episcopal Boliviana hizo un “llamado a la prudencia y a profundizar en las relaciones positivas entre el Estado Boliviano y la Iglesia Católica en atención a los muchos puntos de trabajo común en servicio de todos los bolivianos”.
En el comunicado señalan que todo bautizado dentro la Iglesia, su personal de servicio pastoral y sus ministros consagrados son ciudadanos considerados por la ley boliviana iguales a todos los demás, como consta en el ordenamiento jurídico del país. “Nos une el deseo de promover el desarrollo y el bien común, aportando desde nuestra fe y nuestros valores espirituales”.
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