La Paz, 27 de marzo de 2024 (ANF).- Un video que reflotaron en las redes sociales de Gabriela Zapata al expresidente Evo Morales en el que le dice que le “deje ir” fue grabado en 2021; el año pasado el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió a este material.
El titular de Justicia compartió el 2 de diciembre de 2023 en su red social X, antes Twitter, el mismo video de Zapata que ahora reflotan en las redes sociales y que sería del año 2021.
“Este video supuestamente de julio de 2021, es previo a la salida de Zapata de la cárcel, el día que Evo llegó a La Paz en noviembre de 2021. Nunca se supo porque Zapata fue liberada precisamente ese día, pero cada vez hay más pistas de lo que paso”, dijo esa vez Lima.
La mujer en esa grabación le pide al exmandatario que cumpla con sus compromisos y sus palabras, pero con hechos concretos, sustanciales, con base en los valores supremos como la libertad.
“No tengo por qué pagar sus dicotomías antagónicas de ustedes. Por encima de tus posiciones políticas (Evo Morales) decide tu alma, déjame irme”, afirmó la expareja del mandatario en ese video que sería de hace años.
Zapata enfrenta un juicio por el delito de trata de personas, por la “suplantación” de un niño para hacerlo pasar como hijo del exmandatario. Aunque hace años dijo que el niño nunca existió, en el juicio que se sustancia ahora afirmó lo contrario.
En su declaración ante un tribunal de justicia sostuvo que el niño nació, que fue registrado y que Morales se lo quitó. Pese a que la demanda fue interpuesta por el expresidente, éste nunca se ha presentado ni siquiera como testigo para el esclarecimiento de los hechos.
La libertad de Zapata el 29 de noviembre de 2021 fue sorpresiva, porque pese a que tenía que cumplir una pena de 10 años, obtuvo su libertad cumpliendo solo cinco años y alegando buena conducta.
La expareja de Morales obtuvo su libertad condicional y el juez de ejecución penal dispuso su “libertad inmediata”, en el proceso penal en ejecución de sentencia, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa.
Zapata fue acusada de tráfico de influencias entre la empresa CAMC, donde era gerente comercial, y el Gobierno, a la que adjudicaron al menos siete millonarios proyectos, seis por contrataciones directas y solo una mediante licitación. El conjunto de los contratos ascendía a 500 millones de dólares.
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