La Paz, 14 de junio (ANF).- El gabinete de ministros no evaluó la situación del presidente de YPFB, Guillermo Achá, sobre quien pesan acusaciones por el irregular proceso de adquisición de tres taladros. Mientras que el ministro César Cocarico reconoció que el tema es de “preocupación”.
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Comunicación, Gisela López; de Minería, César Navarro y de Desarrollo Rural, César Cocarico, manifestaron que la situación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB no se abordó en la reunión de gabinete de este miércoles.
Sin embargo, Cocarico al ser consultado cuál es la mirada del Gobierno sobre las acusaciones contra Achá respecto al caso taladros, respondió: “Siempre es una preocupación. Creo que es parte de la lucha que ha emprendido el Gobierno contra la corrupción”, sostuvo.
Negó que exista alguna protección hacia el titular de YPFB, quien se mantiene en el cargo, pese a que varios de los coimputados por el Ministerio Público en la irregular contratación de taladros lo identificaron como la autoridad que tomó decisiones en el proceso de adquisición y que conocía del curso que tomó la compra.
“El presidente Evo Morales y el Gobierno no protegen absolutamente a nadie. Tiene confianza mientras se hace el trabajo que corresponde, pero en irregularidades nunca se va a proteger a nadie”, añadió Cocarico.
Aunque el tema "no se ha evaluado. No se ha abordado", señaló el ministro de Minería, quien de manera rápida respondió que no se tocó en absoluto la situación de la principal autoridad de la estatal petrolera.
Por su parte el ministro Romero dijo que “cualquier persona involucrada tiene que someterse a la investigación judicial” y reiteró que están prestos a colaborar al Ministerio Público para la aprehensión de otros implicados en este caso.
Los coimputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes dentro del proceso de contratación de la italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros por $us 48,8 millones, aseguraron que el presidente de YPFB, autorizó a la gerente de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, a participar de todas las reuniones sin ser parte del Comité de Licitación.
Tellería fue la última ejecutiva enviada a la cárcel, poco antes la justicia determinó la detención preventiva de la gerente legal, Cinthia Novillo y de otro conjunto de servidores públicos que participaron en la Comisión de Licitación.
El senador opositor, Oscar Ortiz, observó que frente a varias denuncias contra Achá este funcionario siga gozando de la protección del Gobierno y que se siga apuntando a servidores públicos de cargos intermedios incluso sin capacidad de decisión.
La ministra Gisela López respecto al tema prefirió no comentar y atinó a decir que el caso está en manos del Ministerio Público donde se deben dilucidar las denuncias. “’Caiga quien caiga, como dijo el presidente’. No voy a expresar ningún criterio subjetivo, porque el caso está en investigación”.
/NVG
