La Paz, 3 de julio (ANF).- Después que se conociera que el Gobierno impulsa un proceso penal en contra de Rafael Archondo y Pablo Solón, ambos coincidieron que es una acción política por “castigar” el pensamiento disidente.
Seis años después que Solón y Archondo dejaron las funciones diplomáticas en la representación de Bolivia ante las Naciones Unidas, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en septiembre de 2016 los denunció por tres presuntos delitos penales: incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones y nombramientos ilegales.
Archondo señaló a ANF que las “motivaciones son políticas y buscan castigar el pensamiento disidente”, por su posición respecto al Referéndum del 21 de febrero, porque en una columna de opinión sostuvo que lo mejor que podría pasarle al MAS sería perder esa consulta para dar paso a un nuevo liderazgo.
En otra columna, el actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, calificó “mi argumento como un ‘ardid de la derecha’”, desde ese momento dice Archondo que se habría empezado a escarbar todos los documentos que dejaron ambos denunciados.
Solón atribuye la denuncia penal a una represalia por su posición crítica respecto a la construcción de las represas hidroeléctricas El Bala y Chepete. “Lo ventilan ahora y para iniciar una acción de tipo penal por corrupción, esto está respondiendo a una coyuntura. ¿Si yo no hubiera hablado sobre la inviabilidad del Chepete y El Bala hubieran iniciado un proceso penal en mi contra? Cuestionó.
Según la denuncia, que ha sido reactivada por el Ministerio de Justicia y el nuevo viceministro Gonzalo Trigoso, Solón mediante nota del 19 de enero de 2011, habría designado a Archondo como embajador.
Archondo negó este extremo, explicó que desde enero de 2011 hasta octubre de 2012 su rol fue de “representante permanente alterno”. Eso significa que era el segundo en la jerarquía, por debajo del embajador o representante permanente.
Añade que no cometió ningún delito, como el Viceministerio sostiene al plantear su denuncia en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal como si producto de este hecho hubiera existido algún tipo beneficio porque supuestamente “figuró” como embajador.
En julio de 2012, Pablo Solón, el jefe de misión, renunció, Archondo al ser el segundo en funciones fue designado como encargado de negocios, es decir, ejerció estas funciones mientras el gobierno boliviano decidía a quién asignaría. Transcurrieron 14 meses sin que lo hiciera. El 19 de agosto de 2012 renunció a sus funciones tras la designación de Sacha Llorenti como embajador.
Como pruebas de sus actos sostiene que en ese periodo, todas las cartas que envió a la Cancillería o a alguna instancia de Naciones Unidas tuvieron el mismo formato. “Debajo de mi nombre siempre se colocaba mi función: ‘representante permanente alterno’”.
Archondo también sostiene que existe un detalle que podría malinterpretarse. En las cartas, antes de su nombre –dijo- aparece la abreviación “Emb”. “No se refiere a mis funciones, que están especificadas debajo de la firma. Se refiere a un rango, que efecto no tenía. Ese fue un error en la denominación, pero no hubo dolo”, explica.
Incluso la denominación aparecería en todas las cartas que dirigía a la Cancillería desde que llegó a Nueva York, “error” que nadie le hizo notar, al extremo que su renuncia fue presentada de ese modo.
Desde su renuncia no hubo ninguna observación a la supuesta irregularidad que hubieran cometido, es más entre 2013 y 2014 Archondo fue docente de la Academia Diplomática. Donde uno de sus alumnos fue el actual canciller Fernando Huanacuni. “Tuvieron seis años para llamarme la atención e incluso para procesarme. No lo hicieron”, afirma.
Por su parte, Solón dijo que refutará todas las sindicaciones ante el fiscal y prefirió no adelantar los argumentos que planteará en esa instancia, sin embargo aseguró que seguirá ejerciendo su capacidad de pensar, opinar y criticar los planes del Gobierno.
Lamentó que el Ministerio de Justicia y Transparencia en vez de investigar las razones de un segundo contrato con la empresa Geodata para el diseño final de las represas, cuando el primer informe revela suficientes elementos para descartar el proyecto hidroeléctrico de El Bala y Chepete. “Aunque a mí me metan a la cárcel el Chepete y El Bala no van a ser rentables”, sostuvo.
La pasada semana intentaron citarle a Pablo Solón para que se presente a declarar, sin embargo por un error en su apellido no lo hicieron, dijo que está dispuesto a presentarse porque no tiene ningún problema para responder a la denuncia del Viceministerio que no tiene ningún asidero.
/NVG
