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Economía

YPFB detecta observaciones legales de fondo al proceso de contratación con Tecnimont

Se identificó que el DBC solo establecía un poder al representante legal de la empresa para adjudicarse el contrato y técnicos de subsidiarias participaron del Comité de Licitación cuando eso contraviene el reglamento de contrataciones.
28 de Junio, 2017
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Óscar Barriga, presidente de YPFB. Foto: YPFB
Óscar Barriga, presidente de YPFB. Foto: YPFB
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La Paz, 28 de junio (ANF).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectó al menos cuatro observaciones de tipo legal y administrativo que hacen al fondo del proceso de contratación del “Servicio FEED-EPC del proyecto de construcción de Plantas de Propileno y Polipropileno”, iniciado en la gestión de Guillermo Achá, por lo que dispuso su anulación.

La información fue proporcionada por el nuevo presidente de YPFB, Óscar Barriga, quien decidió viajar a Santa Cruz para proporcionar los motivos por los cuales se anuló el contrato con la empresa italiana Tecnimont, información que fue anticipada por el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, durante su informe oral ante el Senado.

“En el marco del pedido de la revisión detallada de todos los procesos de contratación instruida por el presidente Evo Morales, hemos detectado errores administrativos que constituyen incumplimiento al Reglamento de Contrataciones y a las normas aplicables a los procesos de contratación, se ha dispuesto anular el proceso de contratación hasta su inicio”, afirmó.

El ejecutivo de la estatal petrolera dijo que la decisión de anular este proceso -que se encontraba en la etapa de la adjudicación- se realizó antes de la firma del contrato, conforme establece el Reglamento de Contrataciones, sin generar ningún perjuicio a los intereses de la empresa.

Observaciones legales

Barriga señaló que la anulación implicó volver al vicio más antiguo del proceso que es el Documento Base de Contratación (DBC) en el cual se identificó que sólo se pedía al representante legal un poder sin especificar que ese documento le posibilitaba presentar propuestas y suscribir contratos. "Es una observación de fondo y legal", dijo.

También se advirtió la participación de técnicos y especialistas de las subsidiarias durante todo el proceso de licitación, cuando el Reglamento de YPFB solo prevé esta participación en la elaboración de especificaciones y en la recepción de bien, obra o servicio.

Del mismo modo se identificó una enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales, "enmienda de carácter legal que no se encuentra prevista en el Reglamento de Contrataciones".

"Con esta decisión se deja sin efecto la adjudicación a la empresa para la ejecución de la etapa de Ingeniería Básica Extendida (FEED) del Proyecto de Propileno y Polipropileno por un monto de aproximadamente 12,3 millones de dólares", dijo.

Barriga enfatizó que trabajará de la mano de la Unidad de Transparencia para modificar la reglamentación para los procesos de contratación de tal forma que los sistemas de control interno garanticen que este tipo de observaciones de tipo legal y administrativo no vuelvan a suceder.

"Que transparenten el informe"

El senador opositor Oscar Ortiz (UD), quien fuera denunciante del caso Tecnimont y luego peticionante de informes, requirió este miércoles al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB hacer público el informe de Transparencia que derivó en la anulación del contrato para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno en Tarija por $us 2.200 millones.

El parlamentario -quien anteriormente reveló las irregularidades en el proceso de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de tres equipos de perforación- consideró muy necesaria la anulación del contrato con Tecnimont, ya que de esta forma se estaría evitando lo que se presume pudo ser el caso más grande de posible corrupción en el país.

“No nos pueden decir simplemente que es por errores administrativos. Los bolivianos tenemos derecho a conocer cuáles fueron las verdaderas razones. Además, (el caso) debe ser procesado por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía General del Estado", aseveró.

Según Ortiz, la anulación del contrato demuestra que el caso Taladros  no es el único con irregularidades, por lo que es necesario investigar y auditar el conjunto de los contratos por montos mayores a 1 millón de dólares, suscritos durante la gestión de (Guillermo) Achá”, manifestó.

/JMC/FC/

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