Transportistas bolivianos recogiendo basura en la frontera con Chile. Foto: Cámara de Transporte Pesado de EL Alto
La Paz, 16 de junio (ANF).- La Cámara de Transporte Pesado de El Alto denunció que en las últimas semanas las vulneraciones por parte de funcionarios fronterizos y portuarios de Chile se incrementaron en contra de los transportistas bolivianos de carga internacional, quienes, incluso, son obligados a limpiar la carretera por funcionarios fronterizos de ese país a cambio de permitirles el paso hasta el puerto de Arica.
El presidente de los transportistas de El Alto, Gustavo Rivadeneira, informó que las vulneraciones en contra del sector del transporte internacional en la frontera con Chile y en la zona portuaria se acentuaron de manera más severa y preocupante, hasta el punto de dañar la dignidad de los conductores nacionales.
“Existe una gran preocupación porque se han generado decisiones unilaterales de algunas autoridades en pasos fronterizos que realizan actos discriminatorios dañando la dignidad del conductor en la medida en que les están haciendo limpiar la frontera para darles tránsito a las unidades motorizadas. Paralelamente a 25 kilómetros de la frontera de Chungará, en Chucuyo, las unidades de transporte son retenidas a partir de las 20.00 hasta el día siguiente”, señaló.
Rivadeneira dijo que sólo si recogen la basura de la carretera, les dejan pasar rumbo al puerto de Arica, pues caso contrario no les dan transitabilidad. “Al final están en otro país y si una autoridad les exige que recojan la basura si no obedece no les dejan continuar el paso, esa es una situación que nos preocupa”, dijo a tiempo de exponer un par de fotografías que muestran este extremo.
Garajes cerrados y multas
Al clima de hostilidad que sufren los transportistas de carga internacional se sumó el cierre de garajes en la ciudad de Arica, donde 1.500 unidades de transporte pesado boliviano quedaron prácticamente en la calle. “Esta situación está generando inseguridad al transporte internacional boliviano”, indicó.
La determinación del alcalde de Arica dijo que fue una consecuencia más de la privatización por parte del Gobierno chileno de los puertos que aplicaron políticas de inversión y administrativas contrarias a la operativa del transporte internacional boliviano y de la carga boliviana internacional.
“No tendríamos necesidad de ocupar estos garajes si es la atención fuese eficiente por parte del mono-operador privatizado de la terminal portuaria de Arica, esta deficiente atención hace que el sector del transporte se tenga que quedar cuatro a cinco días en el puerto de Arica y es un costo adicional para las diferentes empresas de transporte que hacen el servicio hacia territorio chileno”, sostuvo.
Actualmente, dijo el dirigente que como consecuencia de las decisiones unilaterales que vulneran el Tratado de 1904, la pelea de los transportistas ya no es sólo por los funcionarios portuarios y fronterizos, sino también con la ciudadanía de Arica. “Si la unidad de transporte está parada en una avenida, los vecinos llaman a los carabineros que pasan una infracción por encima de 100 dólares que debe pagar el transportista”, lamentó.
En el actual clima de hostilidad, Rivadeneira dijo que las arbitrariedades también se dieron en los costos que se deben pagar por las faenas y el manipuleo de la carga boliviana en el puerto de Arica que subieron en 11% que debe absorber luego el exportador o importador boliviano.
“Es importante mencionar que el importador no ve la relación del chofer con todo este tipo de abusos, y quién va pagando es el transporte, y después pasamos la factura al importador, pero para generar dinamismo en la carga debe ser el transportista el que cuente con dinero”, señaló.
Según el dirigente a pesar de las denuncias constantes del Gobierno boliviano a través de la Cancillería y en foros internacionales por las vulneraciones del Estado chileno a las garantías de libre transitabilidad que rigen en el Tratado de 1904, estas no son escuchadas por las autoridades chilenas que han endurecido su posición frente a los bolivianos en una tensa coyuntura de demandas internacionales por la salida soberana al Oceáno Pacífico y el respeto de las aguas de las vertientes del Silala.
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