La Paz, 4 de febrero (ANF).- “La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos, (que) no son bienvenidas”, manifestó la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, Patricia Bullrich, sobre los cambios en la ley de Migraciones de su país y en respuesta al contrapunto surgido con el Gobierno boliviano.
“Nunca antes como el año pasado hubo la cantidad de visas que se han dado en la Argentina para ciudadanos bolivianos y paraguayos. Las colectividades bolivianas y paraguayas están aceptadas, eso está claro”, aseguró la funcionaria.
En diálogo con radio Mitre, y citado por La Nación, Bullrich volvió a defender la postura oficial argentina y a negar las acusaciones de discriminación y “estigmatización” hacia los inmigrantes. Dijo que la nueva ley de Migraciones busca enfrentar a “la delincuencia” y que la norma es “exactamente igual” a la de Bolivia.
Bolivia enviará la semana próxima a Buenos Aires una misión especial encabezada por el canciller, Fernando Huanacuni, con la intención de revisar el impacto del decreto que estableció un endurecimiento en los controles a los inmigrantes que cometan delitos en el país.
El presidente Evo Morales anunció el jueves el envío de una comisión a la Argentina “para ver a nuestros hermanos en la Argentina y conocer cuál es el problema que tienen”.
“Nuestros hermanos en la Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien (buscan) cómo mejorar la situación económica familiar, pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de la Argentina”, aseguró Morales.
La ministra Bullrich insistió este sábado en que la reforma de la ley migratoria argentina “no tiene nada que ver con la migración, sino con la delincuencia”.
Según la funcionaria, no sólo “la ley migratoria boliviana dice lo mismo que dice ahora la Argentina”, sino que “el año pasado 29 argentinos fueron presos en Bolivia por narcotráfico”.
Esta semana el gobierno argentino formalizó cambios en la ley de Migraciones (N° 25.871) mediante el decreto 70/2017, firmado por el presidente, Mauricio Macri, con el objetivo de acortar los tiempos para definir la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
El decreto estableció una regulación de condiciones más estrictas respecto a los impedimentos de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.
Evo Morales dijo que “la Argentina y Bolivia son parte de la patria grande” y que es obligación de los gobiernos “fortalecer” la unidad regional y no “estar detrás del Norte”, en alusión a la política migratoria expulsiva del flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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