La Paz, 27 de junio (ANF).- Los comunarios del norte paceño llegaron a la ciudad de La Paz para exigir a las autoridades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente, el INRA y la Gobernación que bajen a la zona de Manurimi y verifiquen la dimensión de la madera que fue talada de manera ilegal.
Dos comunarios manifestaron que se vieron obligados a llegar a la ciudad de La Paz, toda vez que desde hace dos semanas que se encuentran en vigilia de las 1.000 troncas de madera que retuvieron porque habían sido taladas de manera ilegal en una zona de “inmovilización”.
“Las autoridades saben que son tierras inmovilizadas donde no se puede hacer este tipo de saqueo", declaró el dirigente de la Subcentral Manurimi, Alfredo Oliver.
"Se ha detenido esta madera, hasta que bajen las autoridades competentes del INRS, ABT y Gobernación de La Paz, que tiene que ver con recursos maderables, para que verifiquen la realidad de los que está pasando”, añadió el dirigente.
Lamentó que la ABT les dijera que irán a la zona recién el 12 de julio, cuando se trata de un caso muy grave porque se produjo el desmonte de cientos de árboles en una zona que está prohibida para esta actividad.
“La ABT dice que va a bajar el 12 de julio y nosotros ya estamos 15 días en paro, queremos que la comisión institucional baje a la zona”, declaró el dirigente, quien manifestó que existe malestar entre los comunarios de base.
Por su parte, el senador Yerko Nuñez, criticó que la ABT se de su tiempo para atender un hecho de esta magnitud, más aún cuando el alcalde de Ixiamas ya realizó gestiones y denunció este tipo de actividades, sin embargo, las autoridades no han atendido su solicitud.
Acotó que en las últimas horas remitió la petición de informe escrito a la ABT y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que informen sobre si otorgaron o no el Certificado Forestal de Origen (CFO) y por qué se concedió cuando la zona de explotación es una reserva forestal prohibida para esta actividad.
Oliver afirmó que no cuentan con el certificado que les autoriza la explotación y señaló a Miguel Ruiz como uno de los responsables de esta actividad ilegal.
/NVG
