La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), creada el 10 de septiembre de 2010 y que entró en funcionamiento en octubre de 2015, solo funciona al 33% de su capacidad tomando en cuenta que en 2022 produjo 310.292 quintales, la proyección era que por año genere 1,2 millones de quintales. La factoría le costó al Estado boliviano Bs 1.832 millones a través de un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Está trabajando a un 33% de su capacidad y estamos preocupados porque queremos más proyectos. El Gobierno a través de un crédito está tratando de ayudar a los productores para que siembren más caña. Ha habido muchos factores a nivel nacional (para la baja capacidad), uno se debe al cambio de Gobierno porque hay cambio de políticas y luego han retirado a un gerente que tenía ocho años de experiencia por temas políticos”, informó el alcalde San Buenaventura, Luis Alberto Alipaz, a la ANF.

Este medio buscó sin éxito la versión del Gobierno. Se solicitó a la unidad de comunicación del Ministerio de Desarrollo Productivo la forma de agendar una entrevista con el gerente general de EASBA, Boris Alcázar, hasta la publicación del reportaje no hubo respuesta. Este medio logró contactar a Alcázar, pero no quiso declarar y pidió que se gestione a través de comunicación.

La ANF visitó la empresa estatal, en julio de este año, ubicada a 40 minutos de viaje desde la plaza principal del municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. Aunque no pudo ingresar por las restricciones. El camino es de tierra y está rodeado de una frondosa vegetación.

La planta se inauguró el 30 de octubre de 2015, en ese entonces el expresidente Evo Morales proyectó que tendría una capacidad de procesamiento de 7.000 toneladas diarias de caña de azúcar y produciría 1,2 millones de quintales de azúcar por año. Además de 100 mil litros diarios de alcohol potable y 1.650 toneladas de bagazo hidrolizado (alimento animal y fertilizante orgánico).

A la vez, Alipaz dijo que el cultivo de caña alcanzaba las 4.000 hectáreas, pero lo previsto era contar con más de 9.000 hectáreas de plantación para que la empresa esté trabajando en su máxima capacidad. Por eso se dice que la estatal no es rentable, aunque cree que en los próximos tres años se llegará a la meta establecida.

“La empresa está trabajando con 4 mil hectáreas de caña, pero se necesita por lo menos 12.000 hectáreas, entonces falta 8.000 hectáreas. Es por eso que dicen muchas veces que no es rentable, pero en el momento que funcione con toda su capacidad va a ser rentable. Esperamos que cada año se vaya aumentando más hectáreas de sembradío, para que pueda ser el ingenio que habíamos soñado hace años”, declaró.

Esa información fue confirmada por el gerente general de EASBA, Boris Alcázar, en una entrevista concedida al medio digital Vos TV del 27 de julio, señaló que este año se llegará a casi 4.000 hectáreas de plantación de caña de azúcar, de los cuales 1.700 son producidas por las comunidades del lugar y el resto se encuentra en los predios de la planta.

“Estamos con unas 3.900 hectáreas casi 4.000 de las cuales unas 1.700 hectáreas son de las comunidades, estamos ayudando a los comunarios de alguna manera. Les ayudamos a hacer actividades agrícolas, entonces se hacen algunos movimientos de tierra, nivelados, el chafreo y otras actividades”, explicó.

La empresa estatal fue creada a través del decreto supremo 637 que fue promulgado por el entonces mandatario Evo Morales, el 15 de septiembre de 2010. Ocho meses después, inició el proceso de contratación de la empresa mediante una licitación pública internacional. El 5 de marzo del 2012, se firma el contrato "llave en mano" con la empresa estatal china CAMC, aunque esta fue descalificada inicialmente.

El 29 de octubre de 2015, se realiza la primera prueba de producción y se presenta el primer quintal de azúcar de San Buenaventura. Un año después se inició con la prueba de recepción provisional de la planta industrial, el 14 de diciembre de 2017, se aprueba la recepción definitiva de la empresa.

En 2018, la empresa estatal concluyó la instalación de la planta azucarera y en agosto de ese año fue la primera zafra “oficial” con más de 3.000 hectáreas de cañaverales. Sin embargo, la capacidad óptima de procesamiento requería adicionalmente cerca de nueve mil hectáreas de tierras para la caña.

De acuerdo con información oficial, el ingenio azucarero requiere 12.490 hectáreas de caña sembradas para operar al 100%; empero, en la rendición de cuentas de 2021 se develó que se cultivó 4.022 hectáreas, de las cuales 2.256 fueron producidas por la empresa y el resto en ocho comunidades lo que permitió el procesamiento de 148.074 toneladas.

Del total de la plantación se obtuvo 284.475 quintales de azúcar que fueron distribuidos entre sus principales clientes: Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Ministerio de Defensa, Policía Boliviana, Viceministerio de Defensa Civil, Sedem, Emapa y la empresa privada Delizia.

El presupuesto de la empresa para ese año fue de Bs 95.218.112, pero los ingresos por la venta de azúcar, alcohol, bagazo hidrolizado, servicio de energía eléctrica, servicios agrícolas y melaza, apenas alcanzaron a Bs 54.740.096.

En la Rendición Pública de Cuentas Final 2022, el cultivo de caña de azúcar llegó a las 3.939,91 hectáreas, de las cuales 1.669 estaba en las comunidades y 2.270 se encontraban en los predios de la estatal. La zafra de caña de azúcar fue de 182.286 toneladas que permitió la producción de 310.292 quintales de azúcar.

El pasado año el presupuesto se redujo, el Gobierno destinó Bs 69.361.834 y los ingresos por la venta de azúcar, alcohol, bagazo hidrolizado, servicio de energía eléctrica, servicios agrícolas y melaza alcanzó Bs 67.492.107. Los ingresos siguen por debajo del presupuesto que otorga el TGN.

Para este año se destinó Bs 84.291.793 y se proyectó procesar 180.000 toneladas de caña de azúcar, para la producción de 315.000 quintales del producto. La zafra comenzó a inicios de agosto y se prolongará por 60 días, aproximadamente.

En 2021, el estudio “Agroindustria y Amazonía boliviana: el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura” elaborado por Daniel Robinson, publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), indicaba que el rendimiento promedio de la producción de caña y las ganancias obtenidas por la venta de azúcar son más bajos que los esperados y por esa razón la empresa estatal sólo será posible con enormes subsidios.

El experto explicó que el rendimiento industrial de azúcar es bajísimo, de entre 22 kilogramos por tonelada (kg/t) y 79 kg/t, en promedio, dijo que esa es la prueba de un bajo rendimiento. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para el año 2018, el promedio de rendimiento en todo el mundo fue de 73 toneladas por hectárea (t/ha) de caña y en Perú de 121 t/ha, el país con mayor rendimiento.

“En cualquier escenario a futuro, el ingenio y la producción de caña no podrán continuar sin enormes subsidios, ya que la actividad misma no es rentable, tanto a nivel de producción como a nivel industrial”, explicó el experto.

El dirigente de la Organización Territorial de Base (OTB) Guillermo Divivay, relató a esta agencia que en la comunidad Altamarani se conformó un grupo de 10 personas que se dedican a la producción de caña de azúcar para la empresa. Afirmó que del total de la cosecha solo reciben el 20% del costo, mientras que el restante es para la empresa.

Considera que el porcentaje es desigual y que desde hace al menos dos años atrás reclamaron por el pago y plantearon que se incremente en 50%, tomando en cuenta que las tierras en las que se produce la caña es propiedad de la comunidad indígena. Aunque informó que en 2022 se logró un acuerdo para incrementar, esperan que se cumpla el convenio.

“A nosotros nos pagan el 20% y la empresa se queda con el 80%. En realidad, nosotros vemos que ellos son los más beneficiados que nosotros, eso es un reclamo que hemos tenido, nosotros pedimos que suba al 50% por lo menos. Ya se había llegado a un acuerdo sobre eso y esperemos que este año se nos pague la mitad. A veces, como socio no se tiene máquina para la zafra, entonces si nos pagan menos con qué vamos a poder contratar la maquinaria para poder arar la tierra”, explicó.

Al respecto, el gerente general de la empresa confirmó que los comunarios solo reciben el 20% del costo total de la producción, recordó que siempre se trabajó de esa manera con los indígenas y que también se les apoyan en otras actividades.

“Una vez que se obtiene el producto, un 80 % con lo que ha invertido EASBA devuelve el productor, un 20% de lo que se produce es lo que generaría para cada productor de la zona norte del departamento de La Paz. Es de esa manera con la que hemos llevado los convenios con los hermanos comunarios del norte”, enfatizó Alcázar.

Las comunidades indígenas tacanas Tres Hermanos y Altamarani colindan con la empresa estatal, para ingresar hasta el lugar se debe solicitar permiso en el puesto de control que se encuentra en la entrada principal del ingenio.

Luego de una travesía de al menos 20 minutos por un camino angosto, cubierto por árboles y matorrales está la comunidad Altamarani donde habitan alrededor de 180 personas, compuestas en 35 familias.

En la sede comunal, el corregidor indígena, Guilmer Cartagena, cuenta que están afectados por la contaminación ambiental, como por los desechos que genera la planta azucarera y que salen por unos canales de drenaje que están al costado del camino.

Afirmó que en tiempo de lluvia esos canales se llenan y se desbordan hasta que los desechos de la fumigación a los cañaverales llegan hasta los cultivos de arroz, cacao y otros alimentos que se producen en el lugar. Los comunarios no pueden comercializar sus productos.

Asimismo, Divivay indicó que la comunidad Tres Hermanos también es afectada por la contaminación. Recordó un episodio que los impactó hace algunos años atrás, contó que encontraron una gran cantidad de peces muertos que alarmó a los comunarios. Denunciaron el hecho, pero no tuvieron una respuesta de las autoridades ni de los encargados de la factoría.

“La comunidad Tres Hermanos también es afectada por la contaminación del agua, en el arroyo que pasa cerca de la planta los peces se mueren por los desechos que ellos botan. En un tiempo hubo pescados muertos en gran cantidad, hubo una denuncia y vinieron los periodistas, pero no sé si habrá avanzando”, cuestionó.

De acuerdo a un reporte de la institución Fundación Tierra, en octubre de 2020, desde la empresa estatal confirmaron el uso de tres tipos de herbicidas que sirven para controlar la maleza: ametrina, hervicol y diorón. Con relación a la contaminación del agua se indicó que los desechos de la producción sirven para elaborar compostajes que se usan como fertilizantes para la tierra.

El canal de desagüe del ingenio tiene casi un kilómetro de longitud y desemboca en la laguna Lurisi, anteriormente ese arroyo era fuente de ingresos y de alimentación de los indígenas porque pescaban y sacaban agua para su consumo. Sin embargo, desde la instalación de la planta ya no lo hacen debido a la contaminación.

Existen antecedentes de lo que cuenta Cartagena, en 2017 advirtieron que los peces nadaban más lento y se dejaban arrastrar por la corriente pudieron advertir que no tenían fuerzas y varios estaban muertos. En noviembre de 2019, ocurrió un hecho similar porque aparecieron decenas de peces muertos en el río Jiruma que está cerca de la planta azucarera.

Los comunarios de Tres Hermanos, Altamarani y Buena Vista tomaron contacto con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y registraron el hecho, responsabilizaron a la empresa estatal porque días antes lavaron la maquinaria con agua de esos afluentes. El ingenio pidió demostrar esas acusaciones, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) pero no hubo avance por la falta de los resultados de laboratorio.

El exejecutivo de la EASBA en 2016 aseguró que la empresa “rendirá a su máxima capacidad recién el año 2023”, cuando además garantice la materia prima para producir el 11% de lo que demanda el mercado interno. A poco de concluir esta gestión, su capacidad sigue al 33%. Es más, en esa oportunidad dijo que no generó utilidades.