Aristóteles decía en la Retórica que la política comienza cuando faltan evidencias y pruebas irrefutables; lo que presupone que la política requiere interpretarla y desocultarla. Los italianos usan el concepto de dietrología (dietro o, detrás de) para estudiar la política secreta, la política tras bastidores, la política como se produce detrás de las apariencias públicas. Como no tengo pruebas de lo que diré en adelante, me arriesgaré a realizar un ejercicio politológico, es decir, dar cuenta de la lógica de la política criolla y de sus maquinaciones en torno a la justicia.
Una cosa son los secretos del poder y las maquinaciones de los poderosos que, al enfrentarlos, sabemos que podemos desocultarlos, tarde o temprano, y contar con respuestas verdaderas “solo se trata de encontrar la llave que nos permita abrir la caja y ver la respuesta verdadera que encierra” (Berardi, 2019:180). Pero otra cosa es el enigma de esa aporía llamada justicia, un algo inexistente y en tanto enigma, inescrutable, que no alberga verdades ni respuestas últimas; un enigma dice Franco Berardi “es un dilema infinito sobre el cual solo es posible decidir en virtud de un acto de intuición ético-estético, no de una solución matemática como la que ofreceríamos para un problema”.
Es tan tóxico éste tercer experimento para “elegir” magistrados que sólo es posible imponerlo a través de las maquinaciones de unos cuantos politicastros, porque la gente no elige, no quiere elegirlos, porque esa gente tiene conciencia y claridad de que esos candidatos son los peores elementos del submundo judicial. Entonces, de lo que se trata es de interpretar, de sacar a luz lo que se esconde en los pasillos de una voluntad política que impone magistrados cada vez con mayor autoritarismo; en pocas palabras hay que explicar las maquinaciones que se urden en torno a lo político y lo que está en juego para los que no quieren perder sus privilegios injustificados. Hasta dónde yo sé la convocatoria a elecciones judiciales está impregnada de maniobras para continuar con el control político del Órgano Judicial, rehacer el proceso como dispositivo de poder en favor esta vez de la facción gobernante del MAS y, garantizar a través de sus operadores judiciales la cancelación de sus principales competidores y la disolución de opositores indeseables.
Los que están detrás de estas maquinaciones de la justicia tienen un nombre. El ex Ministro de Justicia del evismo, y el actual Ministro de Justicia son los que operan el sistema judicial desde las sombras, extienden sus tentáculos por todas las instituciones del Estado Plurinacional, es el caso del Fiscal General y el irregular vocal de la Sala Constitucional de La Paz, instituciones jurídicas instrumentalizadas para que maquinen los sátrapas del amo de las sombras. Estas camarillas no solamente están enquistadas en el oficialismo, hay que rastrearlos también en las componendas de docentes que se organizan en la universidad pública. En perspectiva, las actuaciones de este oligarquismo de camarillas no solamente los expone como una corrupción grupuscular, sino también el de estar convirtiendo a la justicia en un dispositivo punitivo que pisotea el ideal del Estado Constitucional de Derecho y, la reafirmación del poder arbitrario de unos pocos que defienden privilegios corruptos de manera abusiva. Hace muy mal el Presidente del Estado Plurinacional en confiar en éstas malas autoridades y en no medir las consecuencias de sus decisiones; el electorado evaluará estos excesos en la próxima elección.
Mi interpretación de la crisis del Órgano Judicial y en particular del TCP, es que ha ido demasiado lejos. No se trata únicamente de que los magistrados del TCP sobreinterpreten la Constitución a su antojo; se trata de la producción de un suprapoder, de un poder arbitrario que están ejerciendo los nueve magistrados del TCP que actúan contra los principios y valores de la Democracia electoral y contra la voluntad popular, deponiendo o encarcelando autoridades electas con invenciones pseudojurídicas inexistentes en el ordenamiento jurídico como esa de “gobernador en suplencia” o peor aun como esa inaceptable “prorroga de mandato”. Es una paradoja que la institución llamada a garantizar el orden constitucional se haya convertido en una amenaza contra la democracia y contra la vigencia de las libertades civiles y políticas.
¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuáles son las consecuencias de haber subyugado la justicia a los intereses del poder y de los poderosos? ¿Qué hay que hacer para cambiar la justicia en serio?.
Nos encontramos en un punto de regresión, la situación de la justicia boliviana ha empeorado y, tendencialmente, las maquinaciones en torno a la justicia presentan tres posibilidades: 1) maniobras de toda laya para que el gobierno reafirme su respaldo a los magistrados autoprorrogados y dilate las elecciones judiciales a los fines de impedir la candidatura de su némesis; 2) que el evismo tenga la suficiente capacidad de presión para llegar a acuerdos intragubernamentales que viabilicen un nuevo cuoteo judicial y, ex post factum, logren “modular” la Sentencia Constitucional 1010/23-S4 aprobada por el TCP el 28 de diciembre de 2023 y, rehabiliten la candidatura de Evo Morales; 3) la menos probable, que se logre voluntad política y acuerdos multipartidarios para producir un acuerdo nacional de reforma judicial en serio, con alcance medio, que ponga fin al manoseo de los politicastros.
A todas luces las consecuencias de una justicia manipulada son perversas; más preocupante aún el de haber ingresado en una espiral de injusticia descontrolada y de deterioro de la convivencia social provocando inseguridad jurídica desde el poder del Estado, abriendo juicios, cerrándolos y reabriéndolos a conveniencia de los poderosos. La función judicial ya no tiene nada que ver con la administración de justicia, su función es la disuasión y la represión de la disidencia y la consiguiente violación de los derechos civiles y políticos. Hace tiempo que he caracterizado esta praxis antidemocrática como juridictadura, es decir, la justicia boliviana no ofrece garantías a los gobernados ni protección de sus gobernantes, quedando los representados a merced de sus representantes.
Para cambiar en serio la justicia hay que comenzar con expectativas moderadas para no tragarnos una vez más desilusiones; de todos los males que nos asfixian hay que buscar el mal menor. Los poderosos hilos del sistema judicial boliviano son invisibles y peligrosos, sin embargo, existe la esperanza fundada de un mejor futuro para el sistema judicial boliviano si se hace una nueva ingeniería constitucional creíble. Dos grandes cientistas políticos como Giovanni Sartori y Gianfranco Pasquino, recomendaban hacer ciencia política aplicada, dado que esta disciplina no solamente debe decir qué cosa es necesario cambiar, también debe indicar cómo puede hacerse y cuáles son las consecuencias probables de la ingeniería constitucional a realizar.
Una nueva reforma constitucional debería cambiar al menos tres ámbitos de la actual Constitución: 1) reformar el artículo 238 en su numeral tercero, debido a que ha roto con el principio de la igualdad política y de las elecciones competitivas; 2) suprimir los artículos 182 y 183 referidos a la elección de magistrados mediante sufragio universal y nada más que con mayoría simple de votos. La elección de magistrados es el cuoteo de la justicia por otros medios, no pierdo de vista la mordaz crítica que hizo el conservador inglés Edmund Burke a la Constitución francesa de 1789, llamándola "un compendio de anarquía"; en eso ha derivado la magistratura electa, en una anarquía fuera de control, gestionada por los peores elementos de una mala sociedad; 3) rediseñar el TCP quitándole los suprapoderes adquiridos de facto y encuadrándola en el Estado Constitucional de Derecho y los poderes democráticos.
El autor es politólogo y abogado, docente UMSA.
