Producto de su visita in loco del año pasado, es decir, en cancha (futboleramente hablando), la CIDH ha publicado su informe “Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”.
Voy a concentrar este mi análisis en lo estrictamente vinculado con el sistema de justicia: su principal conclusión, aunque suene de perogrullo, es que -para variar- la CIDH recomienda su urgente reforma estructural -no parchesitos, que consten en obrados-. Entre los graves problemas que identifica, y qué bueno que lo haya puesto con todas sus letras sin consideraciones diplomáticas u otras, es que la población boliviana, en toda su diversidad, desconfía profundamente del sistema de justicia y principalmente del penal (que es el más feo de la película por su naturaleza devastadora de derechos).
Además, puntualiza que un sector considerable de la población percibe al sistema como una herramienta -perversa, yaparía yo- al servicio de todos los gobiernos de turno. No es entonces un problema exclusivamente de la Judicatura sino también de la clase política cualquiera sea esta, que estando en la oposición critica lo que hace cuando le toca estar en el oficialismo. Así las cosas, entonces y en buen romance, ello implica que el sistema de justicia ha perdido su principal rol político que radica en que, procediendo como tercero imparcial, debe ponerle límites al ejercicio del poder y, más bien, prostituyó ese su destacable rol, encamándose con el mismo. Algo que, quienes litigamos y especialmente concebimos nuestro rol en términos de contrariar al poder -sea al estrictamente estatal u otros bajo diversas facetas- lo percibimos y padecemos a diario.
En ese aspecto, en términos muy diplomáticos, el informe identifica como desafío histórico el tema de la independencia del sistema de justicia, haciendo énfasis en los mecanismos objetivos de selección de altos cargos con participación ciudadana y transparencia además de auditorías externas. Resalta, entre otros factores, que ello obedece a la debilidad institucional presente en todos los gobiernos y a la actuación de los otros Órganos -ejecutivo y legislativo- ejemplificando las declaraciones e injerencias de altas autoridades del Estado.
Aunque trata con guante el “invento” de la actual CPE sobre la elección popular de altos cargos, es lo suficientemente explícito apuntando que el principal problema radica en la politización -diría yo, partidización- en la fase de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa (un misil directo a la línea de flotación de lo que actualmente está ocurriendo allí…). Ojalá se reivindiquen y le tapen el ojo a la CIDH desde la ALP…
La conclusión, como lo pone claramente, radica en la falta de legitimidad de esos procesos y su resultado caracterizado por el triunfo de los votos blancos y nulos. Imagínense qué podría decir -el informe alcanza sólo hasta el año pasado- si además a esa ilegitimidad de origen y desempeño de los “electos” ahora habría que sumarle su auto prórroga (y ahora, en algunos casos, su re postulación).
Otro aspecto principal del informe radica en que encuentra una falta de efectividad del sistema para la solución de la conflictividad; lo que en términos menos diplomáticos significa también que el sistema está, en lo que le toca, fracasando en solucionar los conflictos que podría incidir; de hecho, es frecuente advertir que genera más problemas de los que soluciona, sumado a la retardación, dificultades de acceso y, en varios casos, corrupción y falta de transparencia, tenemos el coctelito completo.
Sin duda, el informe en el rubro de la justicia bien podría parecer en más de lo mismo; pero dada la usualmente muy diplomática postura que mal acostumbró al soberano este tipo de informes, el que nos ocupa más allá de reiterar muchos aspectos de sobra conocidos, podría servir para esta vez -ojalá- a percutir una genuina y estructural reforma del sistema, lo que requiere indispensablemente de genuina y no falsa e hipócrita voluntad política. ¿Será que a la clase política realmente le interesa construir un tercero imparcial que les impida andar metiéndole no más?
Aunque, a juzgar por la reacción del principal responsable del área en el ejecutivo -el inefable MinJusticia- parecería que también estamos ante más de lo mismo, pues todos sabemos que es parte del problema y no de la solución. Con todo, habrá que seguir aquella sentencia de SÉNECA: “AUNQUE EL MIEDO TENGA MÁS ARGUMENTOS, ELIGE SIEMPRE LA ESPERANZA”
Arturo Yañez Cortes
