Por Guillermo Arroyo

Agua difícil

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En América Latina y El Caribe los obstáculos que enfrentan los esfuerzos que hacen los gobiernos o el desplazamiento de estas responsabilidades gradualmente hacia los municipios o las comunidades son cada vez mas frecuentes. Serán también difíciles a medida que crezcan las poblaciones y consecuentemente la demanda de estos servicios sea una meta ineludible.  Lo son en prioridad relativamente decreciente si se habla de la producción de suficiente agua potable y del acceso que el ciudadano corriente tenga a ella y consecuentemente del  tratamiento de las aguas residuales.  Los esfuerzos deberán ser aun mayores si se tratara de reducir las perdidas de agua potable en el esfuerzo por distribuirla ,es decir de contabilizar en las redes de distribución el agua ya procesada con la meta de facturarla hacia la demanda de los usuarios de bajos, medios o altos ingresos con equidad.

 Si bien políticamente proclamamos que el acceso al agua es un derecho como lo es la vida, la realidad creciente que combina obstáculos desde la fuente de agua cruda (rió, lago, etc.)  no significa que el consumidor  deba complicar el problema asociando la idea del derecho, con la  del agua gratuita y con su consecuencia directa que es el derroche.  Probablemente si la sociedad estuviera adecuada y oportunamente informada de los costos y esfuerzos técnicos que implica la producción y distribución del agua o la recolección y tratamiento de las aguas servidas y las consecuencias que tienen en el ámbito de la economía, se vería mas inclinada a aceptar estos costos por la vía de la tarifa.

 En el problema se entremezclan algunos factores adicionales, todos ellos de difícil solución simultanea y citaremos algunos de ellos.  Las tarifas y desde luego peor si al ser un derecho deben subvencionarse permanentemente o suprimir las tarifas como parece ser la inclinación de algunos teóricos entonces se ocasionarían permanentes insuficiencias financieras en el conjunto de operaciones de la entidad encargada aunque parezca que el gobierno o las organizaciones comunitarias o locales sean suficientemente solventes, porque la realidad es muy otra lo que se ve claramente en casi todas las organizaciones publicas o cooperativas que asumen la responsabilidad.  Los teóricos no tienen  ni la remota idea de los verdaderos costos.

 El siguiente tema es la regulación.  Establecida en un principio para equilibrar los intereses de usuario, empresa y gobierno o eventualmente conciliarlos, ahora al convertirse en únicamente  defensor de uno de los vértices ocasionara también la insolvencia o quiebra de otros dos.El panorama se complica cuando se trata de una capacidad detenida o decreciente de pago por los usuarios.  Aunque aparentemente exista o alternativamente la voluntad sea positiva, la realidad será otra si el agua se puede obtener casi gratis o hay conciencia de la ineficiencia en el servicio- se paga por un buen servicio- para lo cual la sensibilidad es altísima.

 Se pierde de vista que muchos desarrollos requieren inversiones en escala y consecuentemente también en consumidores futuros lo cual pone en el tapete los problemas de cantidad y administración cualitativa de los recursos financieros tan invisible en las empresas publicas. Los intereses directamente políticos en distintos escalones de las decisiones o en la adopción de políticas y finalmente en la resistencia social al cambio identificada como nuevos hábitos, conciencia de ahorro, sensibilidad hacia los diversos aspectos del problema entre muchos otros.

 Las opciones y condicionamientos bajo el anterior escenario convierten al problema como digno de la acumulación de verdaderas tendencias muchas de ellas nacidas de la experiencia o de la combinación de técnicas que nuestros institutos de educación superior quedan todavía lejos de intuir.



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