La Paz, 13 de febrero (ANF).- Los alcaldes municipales de La Paz y Tarija, Luis Revilla y Rodrigo Paz, respectivamente, protestaron porque el Gobierno les “imponga” el pago de un bono de Bs 250 a las personas con discapacidad. "Es fácil hacer política con plata ajena", protestó la autoridad paceña.
El presidente Evo Morales envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley en el que delega a los gobiernos municipales la obligación de cancelar Bs 250 a las personas con discapacidad.
“Es fácil hacer política con plata ajena” reaccionó el alcalde paceño, Luis Revilla, tras conocer la determinación del Gobierno central. “Estos recursos no están previstos ni presupuestados”, protestó la autoridad.
Mientras que el alcalde tarijeño Rodrigo Paz planteó que si el Gobierno quiere que los gobiernos municipales asuman esta responsabilidad “debe compensar” con recursos económicos para aquellos proyectos que serán afectados.
“No nos consultaron. Te están imponiendo la medida”, reclamó el burgomaestre, quien demandó a las autoridades una actitud de coordinación a la hora de decidir sobre recursos que no son del Gobierno central sino de los 250 mil habitantes de su municipio.
El Gobierno tomó la decisión después de un conflicto que duró seis meses e 2016, protagonizado por las personas con discapacidad que demandaron una renta mensual de Bs 500 y que el Gobierno central les negó, porque el Tesoro General del Estado no tenía capacidad para otorgar dicho beneficio.
Ambos alcaldes coincidieron que estarán obligados a descartar proyectos que estaban previstos en sus planes operativos anuales 2017. “Voy a tener que cortar proyectos”, dijo Revilla.
Paz estima que en su municipio hay seis mil personas con discapacidad que se beneficiarían del bono, lo que le demandará un presupuesto de Bs 8 millones, lo que implicará afectar al menos 48 proyectos.
Paz y Revilla manifestaron que todas las personas merecen que el Estado atienda sus necesidades, pero que las decisiones debieran tener niveles de coordinación y no se lo haga de manera inconsulta.
Recordaron que los municipios tienen varias competencias y obligaciones de carácter social para atender la demanda de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.
/NVG
