PROCESOS REVOCATORIOS

La Paz, 9 de julio (ANF).- Los promotores de los revocatorios de mandato no están obligados a acreditar las causas para buscar la destitución de una autoridad, es suficiente la “voluntad”, por eso priman las razones personales, revanchistas, políticas y la gestión termina siendo una excusa.

De 245 solicitudes solo un caso prosperó. En Bolpebra los promotores cumplieron con todos los requisitos, el resto o desistieron o no cumplieron las exigencias, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales terminaron archivando las proposiciones.

“La Ley no establece una causal de revocatorio, en Bolivia solo basta la voluntad de ejercer el derecho”, explica el vicepresidente del TSE, José Luis Exeni. Precisa que las motivaciones pueden ser varias, desde el incumplimiento del programa de gobierno, diferencias políticas entre alcalde y concejales, corrupción, “hasta temas personales”.

El concejal Jorge Silva es más crítico, cree que la explosión de solicitudes fue presentada “al calor personal, revanchismo, odio, protagonismo”, sin tomar en cuenta que este tipo de procesos requieren de una estructura básica para su éxito o fracaso.

“No ha sido un movimiento democrático, sino personal, revanchista, motivado por el odio y el afán de protagonismo político, pero no en base a la evaluación de la gestión”, sostiene Silva, quien encuentra respuesta en el poco apoyo de la ciudadana a los intentos de revocatorio.

Una de las peticiones de revocatorio que sufrió varios tropiezos fue en el municipio de La Paz, impulsado por el presidente de una de las Federaciones de Juntas Vecinales, Jesús Vera, proceso que al final fue archivado.

Vera niega que en su caso haya primado factores personales en contra del alcalde Luis Revilla o políticos motivados por el MAS; explica que existen cuestionamientos a la gestión municipal, en particular a las medidas impositivas que -dice- afectan a los bolsillos del ciudadano.

Pero este argumento es refutado por el vocero de Soberanía y Libertad, José Luis Bedregal, asegura que Vera impulsó un revocatorio “sin ningún fundamente técnico”, sino en base a “mentiras” respecto a un “ejemplo de gestión” como sería la gestión del alcalde Revilla, explicó.

“Nunca pudieron ganar el apoyo de la ciudadanía, por lo que se convirtió en un “intento fallido” de Vera que es un “operador político de algunos ministros que aparecieron dándole instrucciones, solo con el objetivo de sacar un rédito electoral”, afirma Bedregal.

El diputado Wilson Santamaría lamenta que, en esta primera experiencia, los revocatorios hayan “sido motivadas por razones políticas. ‘No me gusta el alcalde de La Paz y hay que generar desgaste e inestabilidad’”, fue el concepto que se manejó, explica.

El Tribunal Supremo Electoral hizo todos los esfuerzos por garantizar plenamente el ejercicio de este derecho constitucional, aunque además de la “voluntad” del ciudadano tenía que existir la decisión y apoyo de la ciudadanía de respaldar un revocatorio, comenta el vocal Idelfonso Mamani.

Defiende los procesos que se presentaron por ser mecanismos democráticos que permiten la participación ciudadana y no cree que haya sido una pérdida de tiempo y de recursos económicos, más aún cuando se trata de una experiencia nueva en Bolivia.

La discusión sobre las causales de un revocatorio de mandato no está cerrado agrega Exeni, recuerda que no se colocaron causales para acreditar un revocatorio, porque puede tropezarse con dificultades al momento de probar el por qué se quiere quitar la confianza a una autoridad.

Pero prevé que la evaluación será después que pase todo el proceso, para analizar si es que realmente se está garantizado el ejercicio de este derecho ciudadano incorporado desde 2009 en la Constitución Política del Estado.

Inestabilidad

Silva considera que cuando una solicitud carece de fundamento lo único que se logra es “perjudicar” la gestión, porque “los alcaldes están más preocupados en responder a las intenciones de su destitución que concentrados en la gestión, en la ejecución presupuestaria o física.

“Se afecta la estabilidad política y la gestión en un municipio. No hay certidumbre, porque queda en entredicho si el alcalde se va a mantener o va a ser revocado”, precisa el concejal.

Los promotores apuntaron a revocar a los alcaldes de las principales ciudades capitales, de ciudades intermedias y rurales, pero también intentaron revocar a los gobernadores, pero todos fueron archivados. Otros intentaron revocar a los asambleístas departamentales y a un par de diputados.

Al menos cinco meses las autoridades electas estuvieron distraídas con las amenazas del revocatorio. Desde que se abrió el plazo para presentar las solicitudes hasta que el Órgano Electoral revisó y verificó las firmas del último promotor que presentó sus libros.

Con seguridad las autoridades electas pudieron respirar nuevamente cuando su caso se archivó o simplemente porque el promotor desistió; no sucede lo mismo en aquellos casos como el del municipio de Bolpebra donde sí se realizará el referéndum y los ciudadanos irán a las urnas.

Al TSE le significó recursos adicionales

Administrar los referendos de mandato desde el momento en que se abre la fase de presentación de solicitudes hasta que se archiva o hasta el día del referendo mismo, tiene un costo para el Tribunal Supremo Electoral.

Los esfuerzos para la entidad son de carácter económico y humano. Para el referendo de revocatoria de mandato, se contempla los plazos de 90 días para el recojo de firmas, 60 días para verificación en los TED correspondientes, trámite presupuestario y la emisión de una Ley de Convocatoria de Referendo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Cada una de estas fases le significa al Órgano Electoral “desplegar recursos económicos para revisar las iniciativas ciudadanas, verificar si cumplen requisitos, realizar las notificaciones, en definitiva significa recursos económicos, porque se contrató personal de refuerzo para verificar los libros”, señaló Exeni.

La contrastación de las firmas con el Padrón Electoral Biométrico, fue una de las etapas más difíciles. En los TED incluso se dispuso recursos adicionales para realizar esta verificación con el objetivo de determinar si las firmas o huellas dactilares de los libros compatibilizaban con la base de datos del Órgano Electoral.

“Para el diputado Santamaría fue una pérdida de tiempo y de recursos económicos”, porque de la cantidad de peticiones que se realizaron solo en Bolpebra se realizará el referendo. Por lo tanto, cree que se tiene que mejorar la norma.

El TSE evaluará y no descarta hacer ajustes a la norma

Jorge Silva y Wilson Santamaría coinciden que una de las primeras modificaciones debiera ser a la Ley de Régimen Electoral, para que sea acorde a la Constitución, respecto a los porcentajes para impulsar un revocatorio de mandato.

También surgen ideas de que los promotores no asuman la totalidad de los costos para llevar adelante estos procesos y que los gobiernos municipales no debieran ser los únicos en financiar la realización del referéndum.

Exeni no cierra el debate y asegura que “Esta experiencia nos da insumos para evaluar y en qué medida se está viabilizando el ejercicio del derecho e incluso si corresponde hacer una propuesta de reforma normativa”.

/NVG/