Angela Uzuna Bobarin es una destacada abogada feminista potosina, especialista en Derechos Indígenas. Ella dedica gran parte de su esfuerzo profesional a la defensa de los intereses ambientales y en particular de los pueblos originarios. Como abogada lleva el caso de la comunidad Alcko Tambo (ubicada en el Departamento de Potosí), la que está siendo perjudicada por el tratamiento de los residuos mineros que hace el ingenio La Estrella S.R.L. En el mundo de la minería, los residuos se transportan a través de canales y se almacenan en depósitos conocidos como “diques de cola.” El ingenio La Estrella S.R.L, tiene uno llamado Mojón Pampa y está construyendo dos adicionales, que afectan el medioambiente y la calidad del aire y la tierra de la comunidad. El dique de cola Mojón Pampa está causando daños irreversibles a la tierra de la comunidad dado su proximidad y malas condiciones. Este almacén de deshechos mineros se encuentra al borde del colapso.
Ante esta situación la comunidad de Alcko Tambo convocó a una movilización para defender su territorio ancestral. Ella ha hecho uso de los canales administrativos y judiciales pertinentes para enfrentar el daño ambiental producido por el ingenio La Estrella S.R.L. cuyo principal propietario (y socio) es Franz Arias Vilca. Como ha ocurrido (y lamentablemente ocurre en América Latina), Angela Uzuna Bobarín y tres dirigentes de la comunidad han sido acusados y amedrentados por la compañía minera. Esta criminalización de activistas y dirigentes comunarios se repite en varios países de la región donde la industria minera es considerada la actividad principal de la economía nacional sin tomar en consideración sus costos sociales y ambientales que a la larga afectarán a todos/as. En este caso, el dique de cola Mojón Pampa se encuentra en mal estado, una situación que vulnera los derechos colectivos de la comunidad y de la sociedad potosina.
Los propietarios del ingenio interpusieron una “acción de libertad”, conocida en el Derecho Constitucional como habeas corpus. En nuestro ordenamiento jurídico es una facultad que tiene toda persona de solicitar a cualquier juez o tribunal competente en el área penal la restitución de su derecho a la libertad (Art. 125 de la CPE). Por su origen y lógica normativa es un derecho que corresponde a los individuos ante la amenaza o la privación de su libertad personal. Pero dada que es una medida urgente y que puede interponerse ante “cualquier juez”, la compañía minera ha hecho uso de esta lógica jurídica para defender sus derechos patrimoniales de forma inmediata y penalizar a los defensores medioambientales. Esta desnaturalización de la acción y su uso irracional termina siendo funcional para aquellos que destruyen la naturaleza. De forma que el interés común y colectivo (el derecho ancestral a la tierra, el de la salud y el bienestar general) terminan siendo subordinados ante el derecho de la propiedad y la explotación minera irracional de la empresa.
Ante esta situación de injusticia una se pregunta ¿a quién defiende la justicia en Bolivia? ¿qué hay detrás de este uso malicioso del Derecho? ¿qué influencia tiene la compañía en la judicatura potosina? Este uso absurdo de la acción de libertad tiene como resultado la criminalización de la defensa medioambiental y el daño a la naturaleza. La resolución del juez que concedió este derecho muestra la complicidad de nuestro sistema judicial con la destrucción del medioambiente. Frente a la defensa de la naturaleza y de las tierras ancestrales, la judicatura termina defendiendo los derechos de una compañía a desechar de forma irregular sus residuos mineros. Es también pertinente una reflexión sobre el discurso oficial potosino. Nuestras autoridades suelen difundir las bondades de la minería a través del uso del concepto de “regalías”. Estos son los ingresos que recibe el Estado por parte de la industria minera. La pregunta inevitable es si estos ingresos justifican por sí mismos el daño irreversible a la naturaleza.
El trabajo de las autoridades comunarias y de abogadas activistas como Angela Uzuna Bobarin es encomiable. Ellas están defendiendo la naturaleza, el medio ambiente y las tierras ancestrales. Su trabajo es loable en un contexto de retroceso real de los derechos sociales y colectivos. Es hora de actuar con justicia. La criminalización de las abogadas y defensores medioambientales termina siendo funcional para aquellos que solo piensan en sus ganancias y su interés individual. La codicia, ese antiguo mal potosino tantas veces criticado por Bartolomé Arzás de Orsúa y Vela en el siglo XVIII, parece que todavía pervive y recibe el aval de nuestras autoridades.
La autora es politóloga, docente universitaria y coordinadora de Mujer de Plata
