MANFREDO KEMPFF SUAREZ
Por Manfredo Kempff Suarez (*)
Para nadie es un secreto que la producción de coca ha crecido desmesuradamente en Bolivia a partir del gobierno de Evo Morales y que su sucedáneo, la cocaína, también. Mientras que durante la administración del presidente Banzer, hace una década, solo quedaban 600 hectáreas de coca excedente en el Chapare (fuera de la coca legal para el consumo humano), ahora es incalculable la cantidad de nuevos cultivos existentes. Desde luego, los informes señalan, para ira del Gobierno, que habría más de 15 mil hectáreas ilegales. En esas condiciones, es incalculable la cantidad de estupefaciente que se produce, aunque semanalmente se descubran nuevas fábricas de cocaína que ahora se elabora hasta en domicilios particulares. El Gobierno anuncia exultante el descubrimiento de alguna fábrica de droga, pero por cada una que se descubre, diez continúan con su infatigable labor mafiosa.
El actual gobierno ha tratado por todos los medios de defender la hoja de coca hasta en foros internacionales en Naciones Unidas. Ha afirmado que existen posibilidades alimenticias y curativas – aliviar las almorranas – para utilizar la coca. No obstante la comunidad internacional se ha mantenido firme en sentido de que el principal fin de la coca es la cocaína y no así proyectos nutritivos ni de salud. Pese a que la nueva Constitución afirma que la coca “en su estado natural no es estupefaciente”, esas acciones gubernamentales no han convencido en el exterior. Finalmente, la nueva Carta Magna puede decir lo que le parezca, pero otra cosa es que los expertos extranjeros lo crean.
S.E. en persona ha echado del Chapare a la DEA, USAID, NAS, a todo organismo que pudiera obstruir la siembra de coca y la producción de droga. Ha acosado a los norteamericanos para que se retiren de las zonas productoras, que ahora son muchas. Ha enturbiado la relación con la nación del norte pretextando otros conflictos banales cuando el verdadero tema de antagonismo es el del narcotráfico. Ha llegado al extremo de expulsar a un embajador como
Goldberg, que no estaba dispuesto a mirar para otro lado.
Entonces, al Gobierno ha optado por continuar y desarrollar, más todavía, los cultivos de la “hoja sagrada”. Ciertamente, se anuncia la erradicación de de cientos de hectáreas, lo que es efectivo, pero se esconde la siembra de otras miles, lo que es marrullero. Y el negocio continúa sin vacilación y con las garantías de los poderosos “capos” de las Seis Federaciones de Cocaleros del Chapare, donde, para nuestra vergüenza, su presidente continúa siendo el Primer Mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia: Evo Morales.
Se ha llegado a extremos que es necesario mencionar. Por ejemplo, el amauta Valentín Mejillones, quien le entregó el bastón de mando a Evo Morales en sus dos asunciones al Gobierno, fue apresado en agosto pasado, y se encontró en su vivienda en El Alto 240 kilos de cocaína líquida, pero, además, con una compañía muy poco recomendable cuando se trata de estos asuntos escabrosos: dos ciudadanos colombianos. Si el negocio de la coca se hace atractivo para los amautas aimaras muy poco se puede esperar de lo que suceda con tantos aprovechadores y bellacos que han surgido a la sombra del MAS.
Son muchos los cocaleros – ligados o no al Gobierno – a quienes se los sorprende en menesteres mafiosos, produciendo cocaína, mientras claman a la comunidad internacional que se reconozca la coca como “hoja sagrada”, pero, además, como una planta útil a la humanidad, cuyas propiedades se están desperdiciando. Lo malo es que toda coca que no va al consumo tradicional, no se transforma en píldoras, refrescos, mates, ungüentos anales, pan o tortas, sino en cocaína. Eso es lo que hace rentable a la coca. El resto son pretextos que no convencen a nadie.
El tránsito de extranjeros, en el Chapare sobre todo, hace temer que algunas ramificaciones de los cárteles de México y Colombia, acosados en sus naciones de origen, estén encontrando un refugio rentable en Bolivia, donde, como vemos, el control es casi nulo, además de que se están dando los pasos respectivos para incrementar los cultivos de coca. La Ley 1008 es una “ley maldita” para los cocaleros, justamente porque norma, bajo duras penalizaciones, la actividad que se relaciona con la producción y el tráfico de drogas. Hoy es una ley que se ignora en Bolivia y que ha terminado por ser inútil, inservible, bajo la mirada tolerante y permisiva del Gobierno.
(*) Ex - diplomático y escritor
