Frustración, impotencia y preocupación son la mezcla de sentimientos que embargan a Brisa De Angulo por la falta de reformas en la legislación penal que proteja los derechos de los niños y niñas víctimas de violencia sexual, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado boliviano. Una lucha que continúa batallando.

Este 18 de noviembre se cumplen tres años desde el fallo de la Corte IDH mediante el cual dispuso medidas de no repetición en el caso de Brisa que el Estado boliviano está obligado a cumplir. Brisa observa la falta de voluntad política y compromiso social para agilizar las modificaciones normativas, tomando en cuenta que se presentaron al menos cuatro proyectos de ley para cambiar los tipos penales de estupro e incorporar el de violación incestuosa.

“Lastimosamente todas las otras recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana al Estado boliviano todavía no las ha llevado a cabo, ese es un gravísimo problema porque quedamos en la nada. No solamente han sido 20 años de impunidad, sino que ahora se está mostrando la falta de acciones para evitar que esto siga pasando. Lo que ellos tenían que hacer es aplicar acciones de no repetición para que no se repita la vulneración de los derechos de los niños víctimas de violencia sexual. Entonces, es una situación extremadamente alarmante y grave”, afirmó. 

Entre 2001 y 2002, Brisa, a sus 16 años, vivió la peor y más dolorosa experiencia cuando fue víctima de violación sexual por su primo de 26 años. La vejación por ocho meses dejó graves trastornos en la menor: depresión, bulimia, anorexia, e intento de suicidio en dos oportunidades.

Pese al sufrimiento, Brisa denunció su caso ante la justicia boliviana donde comenzó su calvario y nunca encontró justicia. En 2012 la Oficina Jurídica de la Mujer y María Leonor Oviedo Bellot junto a otras instituciones presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo a los antecedentes, el 18 de marzo de 2017 emitió un informe de admisibilidad, y posteriormente un informe de fondo con varias recomendaciones al Estado en 2019. 

El 17 de enero de 2020, el Estado fue notificado, pero no cumplió con las recomendaciones y tampoco solicitó una prórroga. El 17 de julio de ese año, el caso fue remitido a la Corte IDH, instancia que falló en contra de Bolivia exigiendo desde una reparación integral hasta reformas en su legislación. 

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y asesora legal de Equality Now, Mónica Bayá, recordó que la Corte IDH hizo varias recomendaciones que aún están pendientes, por ejemplo: Debe tipificarse  la violación incestuosa, eliminarse el delito de estupro porque la sanción penal es mínima de 3 a 6 años de cárcel y aplicarse en estos casos el tipo penal de violación a infante, niña, niño o adolescente que tiene una sanción de 20 a 25 años de prisión, adecuar el delito de violación a los estándares internacionales. Además de la creación de protocolos especializados para la investigación y atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la capacitación de los servidores públicos y la implementación de campañas de prevención en especial de la violación incestuosa.

“Hay iniciativas legislativas y eso se reconoce. El Ministerio de Justicia ha presentado tres proyectos de ley con algunas variaciones y adiciones fuera de estas modificaciones específicas exigidas por la Corte IDH. En el senado se presentaron dos proyectos de ley, uno de ellos presentado por la asambleísta Andrea Barrientos que fue aprobado en 2024 en el senado. Si bien existen varios pasos que deben seguirse dentro del proceso legislativo, si existiese  voluntad política, creemos que aún es posible que este proyecto de ley sea sancionado en la actual legislatura y no se deje pendiente para la próxima Asamblea Legislativa”, puntualizó. 

Los casos de violación a la niñez

De acuerdo a los datos del Ministerio Público los casos de violación sexual a infante, niña, niño o adolescente se han incrementado cada año.

Similar situación se presenta en los casos de estupro los que se incrementaron de forma considerable en el mismo periodo de tiempo.

Reforma lenta y con obstáculos 

En marzo de 2024, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos presentó el proyecto de ley de Incorporación del Tipo Penal de Violación Incestuosa, Eliminación del Estupro y Reconocimiento de la falta de Consentimiento como Elemento Constitutivo del delito de Violación para Garantizar el Acceso a la Justicia. Su tratamiento en la Asamblea Legislativa avanza de forma lenta y enfrenta diversos escollos enmarcados en la desinformación. 

En abril de ese año, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores sin muchas observaciones, poco después se remitió a la Cámara de Diputados para su revisión. Sin embargo, se registraron obstáculos para su tratamiento, algunos parlamentarios se opusieron a su aprobación, incluso se pretendió hacer un usó político del tema.

El pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia. Foto: Archivo Senado

El proyecto de ley continúa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados donde llegó en noviembre de 2024. La presidenta en ejercicio de esa comisión, Rosario García, informó sobre la unificación de los dos proyectos de ley y prevé que en dos semanas sea aprobado y remitido al pleno de la Cámara Baja. 

“El proyecto de ley aún está en la comisión de Derechos Humanos, como había dos proyectos de ley se está modificando para que se establezca un solo proyecto y esperamos que de aquí a una o dos semanas se apruebe en la comisión y luego se pase al plenario para su sanción”, explicó. 

Al respecto, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Gabriela Ferrel explicó que existieron observaciones porque se pretendió confundir de que el delito de estupro iba a ser expulsado del código penal y que se dejaría sin sanción a quienes incurrieron en ese ilícito. Sin embargo, tras la socialización del proyecto se logró aclarar las dudas. 

“En este caso había dudas sobre la eliminación de la figura del estupro con el fin de proteger a los agresores (...). Sin embargo, se fue aclarando esa idea indicando que no se quiere eliminar, sino que exista una sanción más gravosa”, explicó. 

De Angulo advirtió que el Estado continuará las vulneraciones, si el Gobierno no asume acciones oportunas para reformar la norma de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Si no tenemos, jueces especializados y certificados para manejar casos de violencia sexual, si no tenemos fiscales que estén certificados y especializados, si no tenemos un sistema con protocolos y no se aplique un procedimiento adecuado, se seguirá vulnerando el derecho de los niños y niñas. Tener niños y niñas destrozados ahora, después serán personas con problemas mentales, físicos y de salud”, expresó. 

¿Qué plantea la norma?

Haciendo una revisión al proyecto de ley plantea seis cambios fundamentales con el objetivo de eliminar los vacíos legales. Primero, establece que los delitos de infanticidio y violencia sexual infantil no prescribirán. Las víctimas podrán pedir investigar los hechos, aunque el delito haya prescrito.

El Estado deberá otorgar atención médica, psicológica y legal gratuita a las víctimas; se creará un proceso judicial especial para investigar casos que hubieran prescritos con anterioridad y aquellos que no cuenten con una detención preventiva.

Se crea como nuevo tipo penal la figura de la violación incestuosa; se define el consentimiento como elemento central del delito de violación; se elimina la aplicación de atenuantes y crean nuevas circunstancias agravantes y se agrava la pena del delito de encubrimiento. Se modifica el delito de estupro para ser sancionado por violación a infante, niño, niña o adolescente subiendo la protección de este delito a todo menor de 18 años pues actualmente contempla solo a menores de 14 años. Asimismo, todas las denuncias deberán registrarse en sistemas nacionales para seguimiento y transparencia.

Al respecto, Bayá dijo que se conformó una comisión técnica en la Comisión de Derechos Humanos donde se está incorporando al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores elementos de las otras propuestas normativas que presentó el Ministerio de Justicia que busca generar el consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Cree que es necesaria la aprobación de la norma para evitar que más casos de violencia sexual queden en la impunidad. 

La dilación de cambios a la norma penal puede derivar en que los casos de violación sexual a adolescentes se sigan investigando como delitos de estupro, lo cual es erróneo ya que las víctimas, al ser menores de edad, no pueden consentir válidamente actos sexuales con adultos.

“En consecuencia, se entiende que en este tipo de casos que hoy pueden configurarse como estupro, corresponde un análisis del caso concreto y lograr establecer que hubo un consentimiento que no es válido dada la edad de las víctimas, el contexto coercitivo y proceder a la tipificación de esos casos como violación. Entonces hay instrumentos legales para aplicar como corresponde el delito de violación en esos casos”, sin necesidad de esperar a la reforma legal manifestó. 

Un organismo de monitoreo 

Por otra parte, Bárbara Jiménez, parte del equipo legal de Brisa ante la Corte IDH y abogada de derechos humanos de la organización Equality Now, afirmó que la aplicación de las recomendaciones de la Corte IDH debe ser monitoreada por un organismo independiente y ajeno al Gobierno, en el que puedan participar Brisa y otras instituciones de la sociedad civil. 

“Consideramos que hay una falla en tener un organismo que pueda vigilar o monitorear que todas las instancias que fueron llamadas a hacer algo en esa sentencia la cumplan (...). Sabemos de los esfuerzos que se han hecho por parte de algunos ministerios de elaborar lineamientos para los jueces, sin embargo, aún hay deudas pendientes con el Ministerio de Educación, de Salud y otros actores que deben aplicar las recomendaciones de la Corte”, puntualizó. 

Sigue en la impunidad 

Hasta el momento, el agresor de Brisa sigue en libertad porque Colombia rechazó su extradición a Bolivia para que sea juzgado penalmente. Ella sigue remando en busca de justicia, pero al frente hay instituciones como la Procuraduría General del Estado que no coadyuvan en ese objetivo. 

Un informe de la Procuraduría ha servido al agresor para denunciarla de difamación y calumnia. “Vengo repetidamente pidiéndole a la Procuraduría que se pronuncie y ellos continúan ignorándome, sigue el mismo patrón de revictimización en mi contra”, suspira profundamente Brisa.