Hace más de 20 años el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano adecuar en el Código Penal la figura legal de la tortura a estándares internacionales, sin embargo, este proceso no llega a concretarse.
La ANF en un reportaje El paraíso de los torturadores publicado este jueves mostró que pese a existir centenares de denuncias de tortura estos quedan en la impunidad y sin sanciones.
Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
Lamentó que, en más de 20 años de recomendación del Comité contra la Tortura para reformar el tipo penal, los legisladores de entonces, desde 2001, no se hayan interesado en hacerlo, al igual que el actual gobierno que “tampoco está escuchando las recomendaciones internacionales que van en contra de la tortura”.
Ledezma reconoció que en el país “no existe un marco legal amplio para prevenir la tortura” debido a que solo hay normas generales como la Constitución Política del Estado, que prohíbe la tortura, y el Código Penal, pero “no existe un marco normativo y menos una política pública, en general, de prevención de la tortura”.
En el caso tramitado, la Comisión remarca que al tratarse de “graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación” de iniciar una investigación y dar con los responsables en un plazo razonable.
La situación es más crítica después que este 1 de mayo, el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue abatido en la ciudad de Santa Cruz por dos sujetos a bordo de una motocicleta.
Mujeres, jóvenes, adultos mayores y hasta niños emprendieron la marcha el 6 abril desde la población de Porvenir, en Pando. El único objetivo es lograr la anulación de la Ley 1720.
El Paraíso de los torturadores
Hace más de 20 años el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano adecuar en el Código Penal la figura legal de la tortura a estándares internacionales, sin embargo, este proceso no llega a concretarse.
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La ANF en un reportaje El paraíso de los torturadores publicado este jueves mostró que pese a existir centenares de denuncias de tortura estos quedan en la impunidad y sin sanciones.
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Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
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Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
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Lamentó que, en más de 20 años de recomendación del Comité contra la Tortura para reformar el tipo penal, los legisladores de entonces, desde 2001, no se hayan interesado en hacerlo, al igual que el actual gobierno que “tampoco está escuchando las recomendaciones internacionales que van en contra de la tortura”.
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Ledezma reconoció que en el país “no existe un marco legal amplio para prevenir la tortura” debido a que solo hay normas generales como la Constitución Política del Estado, que prohíbe la tortura, y el Código Penal, pero “no existe un marco normativo y menos una política pública, en general, de prevención de la tortura”.
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En el caso tramitado, la Comisión remarca que al tratarse de “graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación” de iniciar una investigación y dar con los responsables en un plazo razonable.