A Camila (nombre cambiado) la vistieron de novia cuando tenía 17 años. Sus padres habían pactado su matrimonio con un hombre de 80, a cambio de unos terrenos. La ceremonia nunca se concretó, en 2023, autoridades de Oruro lograron rescatarla antes de que se consumara la unión. Un año después, a 214 kilómetros de allí, en Cochabamba, otra adolescente no corrió con la misma suerte. Laura (nombre cambiado), de 14 años, fue asesinada por el hombre de 28 con el que había sido obligada a convivir. Frente a sus vecinos, él le asestó 27 puñaladas luego de que ella escapara y buscara refugio en la casa de una amiga.

Ambas historias parecen irreconciliables en su desenlace, pero tienen un mismo origen: matrimonios forzados que, entre acuerdos familiares y silencios sociales, siguen marcando la vida —y la muerte— de niñas y adolescentes en Bolivia. Aunque la ley vigente permite casarse desde los 16 años con autorización de padres, tutores y jueces, los registros muestran que incluso niñas de 12 años han sido unidas en matrimonio.

Las cifras revelan la magnitud de un problema que resiste al tiempo: solo en 2024, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y la Defensoría del Pueblo contabilizaron 216 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años. En 2023 fueron 199, en 2022 alcanzaron 254 y en 2021 sumaron 220. Si retrocedemos más, el panorama se agrava: 458 casos en 2018, 570 en 2017, 846 en 2016, 1.167 en 2015 y 1.602 en 2014 de acuerdo a datos publicados por La Razón.

Desde 2023, cuando ingresó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para modificar el Código de las Familias, se han registrado 415 matrimonios de menores de edad. Dos años de espera legislativa que, en la práctica, se traducen en centenares de vidas condicionadas por matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas.

Imagen de la cartilla Ni esposas ni concubinas. Foto: tapa de la cartilla producida por Comunidad de Derechos Humanos y Ipas Bolivia. 

El peso de los números

Los registros oficiales parecen fríos, pero detrás de cada cifra hay una infancia interrumpida. En 2014, en Portachuelo, Santa Cruz, dos niñas de apenas 12 años se casaron con hombres de 23. Un año después, en Caranavi, La Paz, otra niña de la misma edad contrajo matrimonio con un hombre de 22. Así lo constató el informe Sueños interrumpidos de la Defensoría del Pueblo, que documentó matrimonios de niñas y adolescentes entre 2014 y 2018, incluso después de la aprobación de la Ley 603, que fijó en 16 años la edad mínima para casarse.

Los datos nacionales amplían el panorama. Entre 2014 y septiembre de 2023, casi en una década, el Estado registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 (38%) y 17 años (62%). Además, 487 niñas de entre 12 y 15 años también fueron casadas pese a la prohibición. A eso se suman otros indicadores que revelan la magnitud del problema: en 2024, 2.738 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres; 240 de ellas tenían menos de 10 años.

El Ministerio Público registra, además, que cada día se denuncian en promedio 102 delitos contra la libertad sexual en adolescentes y niñas. Estos abusos se entrelazan con las uniones forzadas y los embarazos infantiles, generando un círculo de violencia difícil de romper señala el abogado y coordinador de políticas de Ipas Bolivia, Martín Vidaurre. El riesgo se traduce también en salud: las menores de 16 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por causas maternas que una mujer mayor de 20.

El impacto educativo tampoco es menor. Entre 2020 y 2021, al menos 284 estudiantes abandonaron sus estudios por embarazo o paternidad, según el Ministerio de Educación. Cada caso refleja una cadena de derechos vulnerados: la infancia se detiene, la educación se quiebra y la autonomía queda anulada.

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, explicó que cruzar los datos oficiales permite dimensionar los riesgos y derechos que se vulneran en los matrimonios y uniones forzadas. Entre ellos mencionó la violencia sexual, el embarazo adolescente e infantil —que implica un riesgo obstétrico—, la deserción escolar e incluso las infecciones de transmisión sexual, pues quienes contrajeron nupcias en la niñez están en mayor situación de vulnerabilidad.

“Se conoce que varias de las uniones y matrimonios devienen de violencia sexual. (...) Existen situaciones en las que los propios padres y madres obligan a las hijas a casarse con sus agresores sexuales”, afirmó la abogada.

La situación no es exclusiva de Bolivia. Un informe del MESECVI de 2022 advirtió que en países como Perú, Colombia, Honduras y Bolivia más del 80% de las uniones de adolescentes de entre 15 y 17 años ocurren de manera informal, fuera de los registros civiles. “Las uniones de hecho en edad temprana son equivalentes en cuanto a sus impactos con el matrimonio y pueden colocar a niñas y adolescentes en una situación de mayor riesgo”, concluye el informe.

En la región, los números hablan con crudeza: una de cada cuatro niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en una unión forzada antes de cumplir los 18. Es la única región del mundo donde esta práctica no ha disminuido en los últimos 25 años. Nicaragua lidera con un 41% de prevalencia, seguida por República Dominicana (37%), Brasil (36%), Honduras (34%) y Guatemala (30%). Bolivia, con un 22%, se ubica en medio de esta realidad regional que, sin embargo, comparte un mismo patrón: la violencia y la desigualdad de género como telón de fondo. Ante ello, al menos catorce países en la región han modificado su legislación eliminando las excepciones a la edad mínima para el matrimonio, el más reciente Colombia.

Entre leyes y resistencias: el debate en el Congreso

Las cifras, tan frías como contundentes, muestran que cada año cientos de niñas y adolescentes ven interrumpida su infancia por un matrimonio o una unión forzada. Pero más allá de los números, la pregunta central es qué hace el Estado para frenar esta práctica. La respuesta se juega en el escenario político: en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca eliminar cualquier excepción para casarse antes de los 18 años, un camino marcado por tensiones, voces a favor, resistencias y la incertidumbre de si la norma será aprobada en esta legislatura o quedará pendiente.

Resultado de los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil  a diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos entre 2019 y 2025, varios de ellos,  recomendaron al Estado boliviano adoptar medidas de prevención, revisar la legislación para asegurar que la edad mínima para el matrimonio y las uniones libres sea de 18 años, sin excepciones, para ambos géneros y realizar campañas de concienciación entre niños, padres, profesores y líderes religiosos sobre los derechos de los niños a no casarse y los efectos perjudiciales del matrimonio infantil, según recuerda el abogado Carlos Zárate, Responsable de Incidencia de la Comunidad de Derechos Humanos.

En marzo de 2023, la senadora Virginia Velasco presentó en el Senado el proyecto de ley 092/2024-2025, que modifica el Código de las Familias (Ley N° 603). La norma busca prohibir cualquier matrimonio o unión libre entre menores y establece medidas para garantizar que los hijos no queden desprotegidos ante conflictos de interés entre padres o tutores. La propuesta incluye además un plan de difusión para que la población conozca que los menores de edad no pueden casarse y deroga los artículos que permitían excepciones legales.

No todos recibieron la norma en consenso. Desde algunos escaños se cuestionó cómo afectaría la vida de adolescentes que ya eran padres. Frente a estas posturas, las voces a favor de la norma se levantaron con fuerza, recordando los riesgos que enfrentan las niñas y adolescentes en matrimonios tempranos.

El abogado Carlos Zárate señaló que: “la decisión de contraer matrimonio debe ponderarse con la madurez, la capacidad de consentimiento, el control de riesgos para la salud, la afectación a los derechos humanos y el deber de protección del Estado".  Además, puntualizó que las y los adolescentes, generalmente, no están preparados para consentir un matrimonio debido a las implicaciones profundas y a largo plazo que tal contrato conlleva y, por otro lado, ni las normas legales ni las instituciones de nuestro país ofrecen salvaguardias adecuadas para evitar que las niñas y adolescentes sean forzadas a casarse o unirse.

Desde la Cámara de Diputados, donde ahora se encuentra la norma, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Betty Yañiquez (MAS), reafirmó la urgencia de aprobarla este año.

Yañiquez aclaró que la ley no tiene carácter punitivo hacia padres o tutores: su objetivo es regular el registro civil y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales suscritas por Bolivia para proteger los derechos de la niñez. Además, señaló que, en conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yucra, existe el compromiso de agendar la norma durante este mes.

Por su parte, la senadora proyectista, Virginia Velasco, insistió en que cualquier demora podría retrasar la aplicación de la norma hasta seis meses.

“No voy a permitir que esto quede para la próxima legislatura. Tenemos tiempo para aprobarla y socializarla, y debemos garantizar la protección inmediata de la niñez y adolescencia.”

Pese a estos esfuerzos, algunas voces advirtieron sobre los obstáculos. La diputada Lidia Tupa señaló que la prioridad de la legislatura en temas económicos podría relegar la aprobación de esta ley, aunque destacó que la Comisión de Derechos Humanos ya la aprobó por unanimidad.

Otros legisladores recordaron que esta norma también responde a compromisos internacionales, como las recomendaciones de Naciones Unidas para eliminar excepciones que permitan matrimonios y uniones infantiles.

El proyecto ahora espera ser debatido en el pleno de Diputados. De aprobarse, marcaría un hito histórico: eliminaría las excepciones que permitían matrimonios forzados y tempranos, protegiendo la infancia y enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género y la desigualdad que afecta a niñas y adolescentes.

Comparativa social: más allá de los números

Los matrimonios forzados y los embarazos infantiles no solo interrumpen la infancia; la rompen en pedazos que se sienten en cada aspecto de la vida de una niña. Para Martín Vidaurre, abogado y coordinador de políticas de Ipas Bolivia, estas prácticas son una vulneración sistemática de derechos: “La deserción escolar es prácticamente total entre las menores que contraen matrimonio o uniones tempranas. Su derecho a la educación, a la recreación, a la salud y a vivir libres de violencia sexual queda completamente vulnerado. Sus proyectos de vida se rompen antes de empezar”, dice.

En Bolivia, las cifras convierten la urgencia en realidad: entre 2020 y 2024, más de 102 niñas y adolescentes al día quedaron embarazadas. La violencia sexual acompañó estos embarazos: entre 2018 y 2024, los casos de violación infantil aumentaron 132% y los de estupro un 101%, según el Ministerio Público. 

En la región, los contrastes son claros. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica han logrado avances porque combinan leyes estrictas que prohíben el matrimonio infantil con educación en derechos sexuales y reproductivos, y campañas que concientizan a familias y comunidades. Sin embargo, la informalidad es un obstáculo persistente, más del 80% de los matrimonios de adolescentes en América Latina ocurre fuera de registros civiles, invisibilizando la práctica y dificultando la intervención estatal. Nicaragua, República Dominicana y Brasil muestran las cifras más altas: entre el 36% y el 41% de las niñas se casan antes de los 18 años.

La urgencia de la aprobación

Camila pudo escapar a tiempo, Laura no. Sus historias son espejos de una misma realidad: matrimonios forzados que roban la infancia, la seguridad y la vida de las niñas. La senadora Virginia Velasco lo dice con claridad: “No queremos que nuestras niñas estén contrayendo matrimonio, incluso con autorización de los papás o que quieran volver costumbre. No es costumbre”.

La ley en discusión no es un trámite burocrático: es un escudo legal que protege vidas, derechos y futuros. Martín Vidaurre, abogado especializado en derechos sexuales y reproductivos, recuerda que estas uniones interrumpen la educación, vulneran la libertad sexual y exponen a niñas y adolescentes a embarazos y violencia que la sociedad todavía tolera. Cada niña a la que se le niega protección es una historia que podría terminar en tragedia.

Carlos Zárate especialista en derechos humanos transmite el pedido de las más de cien organizaciones que respaldan este proyecto de ley al Presidente de la Cámara de Diputados de priorizar su tratamiento en el pleno para su aprobación en esta legislatura.

“Este proyecto de ley no es punitivo, no busca sancionar a los padres ni a los tutores, sino prevenir matrimonios infantiles y garantizar los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Hemos trabajado durante meses recabando datos del Serecí, la Defensoría del Pueblo y otras instancias para sustentar la norma. En el Senado logramos aprobar por mayoría, pese a algunas posturas que argumentaban que estas uniones serían una ‘costumbre’. Ahora esperamos que Diputados apruebe la ley en detalle para que entre en vigencia y podamos implementar políticas públicas de prevención y protección a nivel nacional”, afirmó la senadora Velasco.

La aprobación de esta norma establece un marco legal que protege los derechos de las niñas y adolescentes frente a matrimonios forzados y uniones tempranas. Para Camila, Laura y miles de niñas más, la ley representa un mecanismo de protección frente a riesgos como la violencia, la interrupción de la educación y los embarazos infantiles. La decisión ahora recae en la Cámara de Diputados: cada retraso aumenta la exposición de niñas a estas situaciones. La ley permitirá que los datos y la evidencia se traduzcan en medidas concretas de protección y prevención para la infancia.

Impulsoras del proyecto de ley que prohíbe el matrimonio y uniones tempranas y forzadas. Foto: Comunidad de Derechos Humanos

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