En la altiplánica y desolada frontera entre Bolivia y Chile, de más de 860 kilómetros, el contrabando se mueve con la naturalidad del viento. Es un territorio donde la ley se diluye entre el polvo y el silencio, y donde las montañas, inmutables, observan sin juicio el incesante ir y venir de mercancías ilegales. 

En las noches más cerradas, cuando la oscuridad parece tragarse la planicie, enormes camiones de alto tonelaje avanzan con las luces apagadas. Son caravanas de hasta treinta vehículos —con ropa usada, artefactos de línea blanca y negra, electrónicos, entre otros— que marchan sin vacilaciones por rutas invisibles para los ajenos, pero perfectamente trazadas en la memoria de quienes las recorren. Es el dominio casi absoluto de un territorio donde el contrabando, conformado por grupos y clanes familiares provistos de tecnología y armas, no es solo delito y crimen: es una forma de vida.

Hace unos cinco años, las autoridades expusieron con nombres y apellidos a varios de estos clanes: los Mamani Nina, los Colque Herrera, el “Moroco”, “La Ninfa”, Tito M. P., Oscar C. M., Miguel C. C., Ludim H. V. La lista sigue y suma al menos 17 grupos y familias. Identificarlas parecía el primer paso para su desarticulación. Sin embargo, hoy siguen recorriendo los mismos parajes, como si nada las hubiera afectado.

—En 2019 golpeamos fuerte a esos clanes, pero siguen operando —admite el viceministro de Lucha contra el Contrabando, coronel Amilcar Velásquez. Asegura que la información sobre estas organizaciones está lista para ser enviada a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El exfiscal de Oruro Orlando Zapata recuerda que esos datos fueron revelados en su gestión, y acusa a la Aduana de ser ineficiente durante todo ese tiempo en su propósito de desarticularlas. Asegura que, junto al entonces viceministro Gonzalo Rodríguez, pidió a la Aduana la lista de los presuntos contrabandistas para iniciar una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, pero nunca se la enviaron.

Con el tiempo, estos clanes y grupos se han vuelto más violentos. Usan armas y producen muertes, lo que evidencia su vínculo con organizaciones criminales, especialmente aquellas involucradas en el narcotráfico, que mercadean con vehículos indocumentados y cigarrillo ilegal.

—Se articulan a través de diversas modalidades que reflejan una relación comercial o de intercambio de servicios, pero fundamentalmente con el uso de rutas ilegales —señala el exministro de Gobierno Carlos Romero.

En la frontera suroeste, los clanes del contrabando operan con una especialización casi empresarial: unos solo ingresan ropa y calzado usados; otros, línea blanca, celulares; algunos, mercancía falsificada o vehículos indocumentados. 

En la extensa zona, los contrabandistas esperan el momento exacto para cruzar, esquivando a las ocasionales patrullas policiales y militares. Para ello, cuentan con una red de avanzada: los “loros”, vigías equipados con teléfonos satelitales —allí donde las fuerzas del orden no tienen señal— y drones que monitorean desde el aire. 

El exfiscal de Oruro Orlando Zapata refiere que ya en 2019 trazaron un mapa preciso del tráfico ilegal en esa frontera. “Los Paceños” se movían entre los hitos 12 y 22; “Los Cochabambinos”, entre el 12 y el 17; “La Ninfa” controlaba Carahuano (hito 24) y el hito 25; el “Moroco” y su lugarteniente, Tito M., mandaban en el sur. Identificaron 118 pasos ilegales hacia Chile. Este año, el viceministro Velásquez sumó 23 más en todo el país: 10 hacia Chile, siete hacia Brasil, tres hacia Perú, dos hacia Argentina y uno hacia Paraguay.

La vigilancia es insuficiente para cubrir todos los caminos ilegales en una frontera porosa, más aún si hay comunidades que han sido perforadas y actúan como aliadas del crimen.

En la frontera con Chile, 18 poblaciones bolivianas sirven como bases del contrabando; en Chile, Cariquima cumple esa función, y en Perú, Virupaya. El fiscal Morales describe cómo camiones descargan mercancía en casas cercanas a la carretera Oruro-Pisiga, para luego dispersarla en minibuses, buses o taxis, esquivando controles, a ciudades intermedias y capitales. 

Casi todas las comunidades mantienen vínculos con el contrabando, asegura el viceministro Amílcar Velásquez. Entre las más implicadas menciona a Sacabaya, Negrillos, Opoqueri, Huachacalla y Pisiga. Ver Mapa

Los pobladores actúan como vigías y fuerza de choque cuando los operadores intentan incautar cargamentos. Desde distintos puntos, hombres y mujeres aparecen para agredir a policías, fiscales o militares. Esta modalidad también se replica en algunas poblaciones cercanas a la frontera con Argentina.

El viceministro Velásquez dice que incluso algunas autoridades de estas poblaciones cooptadas, participan activamente. Recuerda que, a inicios de año, en Llica (Potosí), funcionarios locales forzaron la liberación de vehículos indocumentados incautados. En Carangas (Oruro), la población junto a autoridades municipales emboscó a efectivos del Comando Estratégico Operacional para recuperar un camión con mercancía ilegal. Un antecedente es el de Miguel Colque, exalcalde de Pisiga, que cumplió prisión por narcotráfico en Chile en 2017, También estuvo vinculado al ingreso de autos “chutos” o indocumentados al país. 

Otros clanes trafican cigarrillos en el Chaco, por la frontera con Paraguay (742 kilómetros de extensión). Y por Brasil (3.423 kilómetros), la mayor parte de la mercadería son cervezas y gaseosas. Pese a los operativos en estas fronteras, Velásquez admite que aún no se ha logrado identificar y desarticular por completo a estas redes familiares. 

La autoridad explica que, en los últimos años, debido a la devaluación de la moneda nacional respecto a las de los países de la región, los clanes se han dedicado al contrabando a la inversa, es decir, sacan alimentos fuera del país, especialmente por las fronteras con Perú (1.047 kilómetros) y Argentina (742 kilómetros), lo que genera desabastecimiento interno y alza en los precios: uno de los principales problemas.

Lo que antes eran redes locales dedicadas al paso de mercancías ilegales o no declaradas, se ha ido convirtiendo en un entramado controlado, en buena parte, por organizaciones criminales que han diversificado sus negocios y comparten rutas con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

La cadena de contrabando más visible involucrada con organizaciones criminales es la del cigarrillo, señala el abogado y exfiscal chileno Carlos Gajardo. Un estudio realizado en Chile da cuenta de que al menos el 81% de las actividades de contrabando de cigarrillos está asociada al tráfico de drogas y armas.

El informe Global sobre Cocaína 2023, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), apunta al grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) como uno de los que usa la misma logística para transportar cigarrillos y drogas, aprovechando su control de los corredores de contrabando en la frontera entre Bolivia y Paraguay. Mientras que la Alianza Latinoamericana Anticontrabando identifica la presencia de cárteles mexicanos, grupos ecuatorianos y la venezolana Tren de Aragua, todos activos en distintos puntos del país.

Esta afinidad entre el contrabando y las organizaciones delictivas se caracteriza por la colaboración operativa, el intercambio de servicios, el uso compartido de recursos —rutas y mecanismos de seguridad—, la aplicación de la violencia y una profunda penetración en las estructuras estatales y sociales, señala el exministro de Gobierno Carlos Romero.

—Ambas actividades se coligan en el uso de las rutas ilegales, alternándolas y compartiendo mecanismos de seguridad para el traslado de mercancías —remarca.

Esta alianza criminal ya ha cobrado vidas en el país. Desde 2018, 375 militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) fueron víctimas de emboscadas y ataques: 18 murieron, 349 resultaron heridos y ocho quedaron discapacitados, de acuerdo a información oficial.

Para Rubén Vargas, exministro del interior del Perú, el PCC es la organización más peligrosa por su “enorme poder corruptor” y la “gran capacidad de penetrar instituciones”.

Un reciente ejemplo es el caso de Sérgio Luiz de Freitas, considerado líder de esta organización que vivió por más de 10 años en el país. Presentó un certificado de matrimonio, con identidad falsa, para obtener la nacionalidad boliviana.

Consultado el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, sobre la presencia de estas organizaciones criminales en el país, respondió: “No tenemos un registro con lo que usted menciona, sin embargo, en algunas interdicciones especialmente en lo que son vehículos chutos, en lo que es el comercio de cigarrillo, se ha encontrado también sustancias controladas”.

Velásquez indicó que actualmente un fenómeno en expansión es el contrabando “a la inversa”, en el que si se ha detectado y detenido a integrantes de una presunta banda internacional.

—Se ha hecho la detención de tres ciudadanos peruanos, actualmente con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, especialmente en lo que es el contrabando de ganado en pie.

Ex exministro peruano lamenta que uno de los grandes problemas de las autoridades sea negar lo evidente y normalizar la presencia de estructuras criminales, lo que implica, según dice, poner en riesgo la seguridad de la población y de las frágiles instituciones que sostienen la democracia. 

—¿Cómo crees que es el modus operandi del circuito de negocio de la cocaína, del oro ilegal, de los autos robados, del gran negocio de los cigarrillos, del mercurio? Son estructuras criminales mayores, y sería importante que las autoridades tengan una mayor perspectiva y cuidado de no seguir engordando al monstruo, que no está ni siquiera en el patio, está dentro de la casa.

De acuerdo a información difundida por las autoridades brasileñas, Bolivia es el tercer país con la mayor cantidad de miembros del PCC: 146, entre presos y libres.

Eduardo Vidaurre, coronel de Policía, consultor y experto en el tema de contrabando de cigarrillos, refiere que antes de 2016, hablar de contrabando de cigarrillo pasaba desapercibido. Y esta situación ha ayudado a fortalecer a clanes familiares que actuaban impunemente.

Dice que, por esa época, el país era un simple lugar de tránsito de cigarrillos que venía fundamentalmente de Corea del Sur y que salía fundamentalmente hacia Chile, Brasil y Perú.

—En Bolivia no se conocían ni esas marcas coreanas, ibas al mercado y no encontrabas una marca extraña al de cigarros que generalmente conocemos: LM, Derby o algún extranjero como Marlboro. Entonces, era un negocio bastante lucrativo que pasaba absolutamente desapercibido —remarca.

Posteriormente, agrega, Paraguay hizo su aparición en el mercado del contrabando, incluso desplazando a Corea del Sur y a otros países de Asia. Dice que hoy tiene otra particularidad: ya no solamente somos país de tránsito. 

—Este producto se está quedando en Bolivia y a un precio bastante asequible.

Actualmente, dice, estos clanes del contrabando de cigarrillos tienen una estructura empresarial e incluso han llegado a formar a sus directivos en universidades extranjeras, y en sus empresas fachada mezclan negocios legales con actividades ilícitas., lo que “les permite moverse con facilidad entre mercados legales e ilegales, manteniendo sus redes de contrabando como base de poder”.

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el contrabando de cigarrillos en Bolivia ocupa al menos el 18% del mercado boliviano, con marcas como 10/20, 555, Capital, Carlyle, Bentley, Dubai, Ei8ht, Carnival, Chancellor, Chesterfield, Esse, Fox, Gift, Golden Beach, que cuestan la tercera parte de una cajetilla de marca legal.

Además, la defraudación fiscal es importante. En 2023, se estimó que el Estado dejó de percibir más de 65 millones de bolivianos en recaudación por el contrabando de cigarrillo, y la presencia de esta mercancía en el mercado boliviano fue en aumento: pasó de 2,9% en 2022 a 36,5% en 2024.

El ingreso de cigarrillo de contrabando, a diferencia de otros productos que redujeron su entrada por la devaluación de la moneda nacional, ha ido en aumento debido a que es utilizado como moneda de pago del narcotráfico, como ocurre con los vehículos “chutos” que ingresan de Chile.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que el contrabando, en general, le cuesta al país más de 3.300 millones de dólares al año. Esta actividad ilegal golpea la producción, el empleo y la recaudación fiscal. Sobre el contrabando a la inversa, la CNI señala que provoca desabastecimiento y aumento de precios de productos básicos como alimentos y combustibles, por lo que reta al país a ser más productivo, más competitivo y formalizar mercados para exportar legalmente. 

Los industriales plantearon al gobierno, hace más de dos años, un plan de cuatro ejes para la lucha contra el contrabando, en el que incluye reducir el monto del valor de la mercancía para considerarlo delito y no solo contravención. Hasta la fecha no han tenido respuesta. Ver cuadro

—El contrabando es un negocio millonario con penas bajas —, advierte el exfiscal chileno Carlos Gajardo. Por eso, dice, las mafias lo ven como un riesgo menor con alta rentabilidad. 

En Bolivia, las sanciones van desde prisión menor hasta 14 años en casos agravados, además de multas y decomisos.

En la lucha contra el contrabando, el Comando Estratégico Operacional (CEO) de las Fuerzas Armadas enfrenta obstáculos que no solo provienen de la logística o la extensión de la frontera, sino también de la falta de coordinación institucional. El trabajo del CEO, aunque vital, se ve limitado por vacíos operativos y filtraciones de información.

Orlando Zapata, exfiscal de Oruro, recuerda que en su gestión “la parte débil era la Aduana”. Afirma que, pese a los esfuerzos del CEO y la Policía, “no había apoyo de la Aduana” e incluso detectaron que, tras coordinar operativos, los contrabandistas parecían estar prevenidos. 

—Los propios aduaneros les daban información —asegura, lo que llevó a que se restringiera su participación en ciertas reuniones. ANF pidió una entrevista a la Aduana. La Unidad de Comunicación se comprometió a contactarse con este medio cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) tenga disponibilidad. Hasta el momento de la publicación no lo hizo.

La perforación de las entidades estatales, organizaciones sociales y poblaciones por parte del contrabando y las organizaciones criminales es un problema claro y grave en Bolivia, dice el exministro Romero. Considera que la infiltración es una de las formas más peligrosas en que el crimen organizado enfrenta a un Estado, comparándola con un “cáncer invisible” que ataca por la espalda, a diferencia del enfrentamiento violento directo.

Refiere que instituciones clave como la Aduana y la policía antidroga se han vuelto atractivas para la negociación política y el control por parte de estas organizaciones. Romero señala que los esfuerzos previos por institucionalizar carreras e instalar investigadores extranjeros han sido desmantelados, lo que podría haber evitado esta infiltración con mecanismos que incluyen soborno, cohecho y cooptación.

—Incluso existe la posibilidad de que estas organizaciones del contrabando ejerzan representación política —, dice, sugiriendo la necesidad de escudriñar los orígenes de ciertos representantes parlamentarios o autoridades ejecutivas que podrían tener nexos con estas actividades.

Un ejemplo de penetración de los sistemas de seguridad, señala, es la incapacidad de desmantelar organizaciones criminales, como el caso Marset, a pesar de la información disponible. Esta situación se facilita con un sistema de justicia “más podrido que nunca, con sentencias y resoluciones sujetas a negociación económica”, refiere Romero.

Aldo Morales, actual fiscal de Oruro, dice que otro problema central es la falta de recursos frente a redes cada vez más sofisticadas y tecnologizadas. A pesar del incremento de personal militar, de 500 a 1.800, reconoce que “es insuficiente” para cubrir la extensa frontera, en particular la de Chile, donde se usan drones y vigías para monitorear y burlar a las autoridades.

Además, agrega el coronel Eduardo Vidaurre, el CEO no coordina operativos con la Aduana, sino que actúa como ente autónomo, lo que genera el problema de falta de articulación. También cuestiona la debilidad de las áreas de inteligencia y plantea que se debe atacar las finanzas de las organizaciones criminales. 

—Quemar algunos camiones del contrabando —como permite la ley—, no hace mella a los contrabandistas; solo es para distraer, mientras cientos de camiones ingresan por otro lado.

En este escenario, la falta de coordinación, la escasez de recursos, la sofisticación de las organizaciones y clanes y la infiltración de instituciones conforman un cóctel de vulnerabilidades que potencia el problema y limita la efectividad en la lucha contra el contrabando, dejando amplias brechas para que las redes criminales sigan operando con ventaja.