La Paz, 25 de junio (ANF).- Dos hombros dislocados, intensos dolores en la cabeza y la nuca, siete costillas con fisuras, ambas manos con los nervios lacerados y un tumor que avanza galopante es el resultado de las gravísimas
torturas sufridas por Juan Bascopé durante tres días seguidos a manos de efectivos militares y policiales cuando fue detenido en julio de 2014.
La ausencia de atención médica adecuada, desde entonces, se ha visto reflejada en su integridad física que, según indica, “ha decaído en un 60%”.
La Fiscalía acusa a Bascopé de las muertes de tres efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y un médico en la comunidad de Miraflores, en Apolo, ocurridas en la intervención policial-militar del 19 de octubre de 2013. Él fue detenido en su casa de la localidad de Mapiri, en los Yungas de La Paz.
Bascopé, recluido en el penal de San Pedro, muestra las placas radiográficas que logró hacerse en el Hospital de Clínicas gracias al coraje de su familia que, cada vez que él requiere atención médica debe seguir al juez de Achacachi, donde radica su causa, por más de tres días seguidos para lograr una autorización, y mantenerse en guardia por horas para que los policías del penal hagan efectiva la orden, ya que por lo general “no hay custodio” que lo lleve para los análisis.
Ya va a cumplir tres años en la cárcel y todavía le falta realizarse exámenes. Sus manos y su espalda aún no fueron diagnosticadas. Lleva un tratamiento discontinuo por la incapacidad de comprar los medicamentos que le resultan demasiado caros para su economía. Solo una ampolla para calmar el dolor cuesta 98 bolivianos, fuera de las medicinas para el tratamiento. La sanidad del penal no le favorece con nada y debe recurrir a la colaboración de algunas instituciones para comprar parte de sus fármacos.
Bascopé pide al Gobierno que le devuelva su salud, que pague los medicamentos y las operaciones que requiere ya que fueron funcionarios del Estado quienes lo dejaron así.
“Yo antes estaba muy bien hasta que me torturaron, yo hacía todas mis cosas sin dificultad, ahora no puedo hacer nada, mi salud ha decaído hasta un 60%, por eso pido que el Gobierno que corra con los gastos de la operación y el tratamiento”, demanda.
Cuenta que un día alzó a su nieto de dos años, que estaba de visita, y sus hombros casi se desbaratan. Tampoco puede alzar medio balde con agua porque sus manos son incapaces de sujetar con la fuerza necesaria. Los dolores en su cabeza y tórax son constantes. Sus costillas rotas y astilladas, según se ve en la radiografía, le causan intensos dolores en los costados cuando intenta dormir.
Teme que al salir del penal solo sea una carga para su familia que pasa penurias por la falta de dinero. Dice que así ya no podrá dedicarse a la apicultura, oficio al que dedicó gran parte de su vida.
El Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI) certificó las lesiones y fracturas sufridas por Bascopé. Amnistía Internacional pidió informes sobre la tortura a la Fiscalía General del Estado.
En septiembre de 2016, el especialista en medicina forense, Duque Piedrahíta, junto a la experta Ana Deutsch, que trabaja en colaboración con el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, valoró a víctimas de tortura, entre ellas a las del caso Apolo, que recibieron tratos crueles inhumanos y degradantes a manos de la policía y en presencia de fiscales, según la denuncia.
El caso de tortura no avanza en el Ministerio Público, al igual que la
acusación en el caso Apolo, del que se declara inocente. El caso Apolo no superó la etapa preparatoria y desde hace más de un año no lo notifican.
“Vulneran todos mis derechos, acá uno puede morir si no tiene familia”, lamenta.
A esta situación se suma la mala alimentación en el penal que por lo general es carbohidrato y grasa, y el riesgo de contraer enfermedades por el elevado índice de hacinamiento.
La salud de Juan Bascopé se deteriora cada día que pasa y teme que incluso su familia lo abandone por la falta de dinero.
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