La Paz, 2 de mayo de 2024 (ANF).- La decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando de anular la preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional apunta a “perjudicar, lesionar, impedir el ejercicio de los derechos políticos” en la elección judicial, alertó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La autoridad evitó pronunciarse sobre si dicha sala cometió un exceso en su resolución, que por un lado anuló la preselección y por el otro, ordenó que se emita una nueva convocatoria para las elecciones judiciales, que desde el año pasado no pueden realizarse.
“Hay que mirar el efecto principal de una decisión de naturaleza judicial que es perjudicar, lesionar, impedir el ejercicio de los derechos políticos de la población, (…) que tiene una expectativa grande acerca de esta elección y en consecuencia dar un mensaje negativo demerita todo un proceso de construcción (…) del sistema democrático que no podría menoscabarse”, declaró Callisaya.
El defensor del Pueblo se refirió al tema en una conferencia de prensa convocada para informar que, en el primer trimestre de 2024, el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (Simat) registró 103 hechos de conflicto en el país.
En relación a las elecciones judiciales, acotó que los tomadores de decisión y los actores políticos están mandando un mensaje que no es precisamente de “fortalecimiento del mecanismo democrático, están dando un mensaje inverso que aporta más bien a la deslegitimación del mecanismo democrático y que puede provocar salidas dolorosas para el Estado y la población”, señaló.
Instó a “evitar el uso perverso de las formas democráticas” y que las autoridades se pongan de acuerdo y generen una salida a la actual situación del proceso electoral judicial.
La pasada semana, dos vocales de una sala constitucional en Pando frenaron y llevaron a punto cero la preselección de los candidatos, al dar curso a una acción popular en la que una dirigenta afín al arcismo demandó reglas diferenciadas para garantizar la participación de mujeres profesionales indígenas.
Alta conflictividad
El Simat está en funcionamiento para la alerta temprana de los sucesos de conflictividad, es un sistema tecnológico moderno.
En este trimestre, se han suscitado 103 hechos de conflictividad entre enero, febrero y marzo de este año. De este total, 34 fueron bloqueos, 27 estados de emergencia, 20 marchas, nueve protestas. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz son los departamentos donde más se registran los sucesos conflictivos.
En el reporte no detallaba qué entidades estatales no estaban respondiendo de manera oportuna las situaciones de conflictividad, de forma genérica señaló que las protestas se generan contra los niveles central y subnacionales.
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